Los ecologistas exigen a Agricultura que proteja el paraíso de los March en Mallorca

La Fundación Vida Silvestre Mediterránea acudió a Bruselas, al Defensor del Pueblo y ahora se dirige por carta al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para intentar que el Gobierno balear dé marcha atrás en su decisión de abrir el paso al público en Ternelles, en la sierra de Tramontana (Mallorca). Se trata de una zona protegida de alto valor ecológico a la que solo pueden acceder 20 personas al día, pero una disposición de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares aprobada este verano acaba con ese carácter 'restringido' para que los turistas puedan llegar a pie a Cala Castell y Castell del Rei (Ternelles, Pollença). ¿El problema? Esta decisión pone en “grave peligro” la supervivencia de especies autóctonas como el buitre negro, el halcón de Eleonor o el águila pescadora y "rebaja la protección medioambiental de un espacio protegido", estima la organización.

Pero el asunto no es tan sencillo como parece. Hay muchos intereses en juego que van más allá de la conservación del medio ambiente, sobre todo porque los accesos a las calas atraviesan una finca privada de los March. Hay quien ve la orden de abrir el paso al público como una ofensiva contra la familia de empresarios, una “acción propagandística” cargada de simbolismo, máxime cuando se trata de un Gobierno “supuestamente de izquierdas y ecologista”. Baleares está presidida por el PSOE con el respaldo de Podemos y los Verdes.

Hasta ahora, el 'aforo' del entorno que da cobijo a "una reserva de buitre negro única en el mundo" era de 20 personas al día que debían solicitar autorización previa, un ‘modus operandi’ que cambiará tan pronto como el Gobierno balear apruebe el nuevo protocolo que sigue a la disposición final segunda de la ley. “Aquí nadie está rebajando la protección. Queremos garantizar la propiedad pública de la costa”, explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de Baleares, tras dejar claro que existe un “clamor social” para poder acceder a las calas.

"Un Gobierno progresista jamás haría algo en contra de la protección medioambiental. Queremos garantizar la propiedad pública de la costa"

Su argumento es que los turistas no tienen ningún interés en molestar a los buitres. “No pretenden ir al acantilado donde están los animales, quieren ir a las calas. Un Gobierno progresista y ecologista jamás haría algo en contra de la protección medioambiental”, zanjan desde la consejería. La Fundación Vida Silvestre Mediterránea no opina lo mismo, y por eso se opuso al proyecto de ley desde el principio, con una queja ante la Comisión Europea días antes de que se tramitase por vía de urgencia en julio. Los activistas aún no han recibido respuesta de Bruselas. Hace unos días, reclamaron al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que el cambio “pone en grave peligro la preservación de numerosas especies autóctonas que figuran como prioritarias” para Bruselas. De hecho, la Unión Europea ha invertido más de 900.000 euros destinados a la recuperación del buitre negro.

El aspecto más delicado para los ecologistas tiene que ver con que el acceso a las zonas de exclusión tampoco estará restringido. “Tan solo suponen el 2,98% del espacio natural protegido y tienen el máximo sentido en Mallorca, al ser la única isla del mundo en la que viven y crían numerosas rapaces como el buitre negro”, precisan desde esta entidad especializada en la conservación de la biodiversidad. Desde que estas zonas se incorporasen al Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Baleares en 2007, la reproducción de la citada especie se ha triplicado. La sierra de Tramontana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011 por albergar especies autóctonas en peligro de extinción, como el sapillo balear, el buitre negro o el águila pescadora.

Los activistas temen que los buitres negros abandonen los nidos si detectan presencia humana en la zona

La fundación pretende ir un paso más allá, y por eso ha presentado un escrito esta semana en el Ministerio de Agricultura donde solicita la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional, al entender que la disposición invade competencias estatales en materia de Medio Ambiente. "La modificación injustificada y arbitraria permite ahora el uso incontrolado para ocio de las zonas de exclusión (...) antes reguladas como espacios de máxima protección", reza la carta firmada por el presidente de Vida Silvestre, Jesús Garzón.

Los ecologistas encargaron además un estudio a la Universidad de Alcalá, cuyas conclusiones dejan ver que “la nueva reglamentación producirá efectos negativos significativos sobre el estado de conservación y la supervivencia futura de las especies más sensibles de la sierra de Tramontana”. Los activistas temen que los buitres abandonen los nidos si detectan presencia humana en la zona, extremo que negó con rotundidad el propio Gobierno balear en declaraciones a este periódico cuando aprobó esta polémica disposición. “La parte más retrógrada del asunto es que los propietarios de la finca privada no quieren que la gente pase por allí”, sugieren desde la consejería.

Hasta ahora, un grupo de voluntarios de la fundación velaba por que los excursionistas no se acercaran al acantilado de los buitres en temporada de cría. “El año pasado se detuvo a más de un centenar personas que no sabían o no querían saber que no se podía estar allí”. Otro gallo cantará a partir de ahora, aunque el Gobierno balear todavía no ha establecido cómo será el protocolo de acceso, pese a que la normativa ya está aprobada. Fuentes próximas a los March explican por su parte que la familia tenía firmado un convenio con el Ayuntamiento de Pollença para controlar cuántas personas accedían a la zona restringida.