La congelación provisional de las tasas de Aena pone de los nervios a las aerolíneas

Las tarifas aeroportuarias que cobra Aena a las aerolíneas en España seguirán congeladas hasta nueva orden, lo que ha supuesto un serio contratiempo para las compañías del sector y, en especial, los operadores ‘low cost’ que se relamían con una bajada de los precios del 2,1% acumulado para cada uno de los próximos cinco años. En el gestor aeroportuario la situación tampoco genera ninguna euforia porque la situación creada no responde a ninguna decisión administrativa sino que es consecuencia directa del bloqueo político que vive el país desde finales del pasado año.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), establecido como piedra angular en las relaciones económica de la nueva Aena tras la salida a bolsa de 2014, sigue paralizado en la pista de despegue de la Dirección General de Aviación Civil. El departamento dependiente del Ministerio de Fomento tenía previsto dar su veredicto antes de que terminase el mes de septiembre pero la situación actual impide resolver una decisión administrativa que excede las limitaciones estrictas del llamado ‘despacho ordinario’ atribuido a un Gobierno en funciones.

El primer DORA tiene un horizonte quinquenal para todo el periodo comprendido entre 2017 y 2021 y parte de una premisa que establece en cualquier caso una congelación de las tarifas aeroportuarias en España durante los próximos diez años. Bajo esta condición previa, Aena deberá sufragar un déficit de tarifa de 700 millones de euros a lo largo del próximo lustro que solo podría ser contrarrestado con una previsión de incremento del tráfico estimado en una media anual del 3%. El plan de negocio de Aena prevé alcanzar un total de 240 millones de pasajeros a la vuelta de cinco años.

Las tensiones entre Fomento y la CNMC demoraron la resolución que la Dirección General de Aviación Civil no puede aprobar ahora con un Gobierno en funciones

Las compañías consideran que estos satisfactorios niveles de tráfico, unidos al reducido coste de capital que puede conseguir Aena, permiten una bajada anual de precios de hasta un 2,6%. Una estimación que ha sido ratificada casi en su totalidad por los informes preceptivos que la CNMC hizo públicos el pasado mes de junio. La propuesta del organismo regulador viene a ser un 'ajuste fino' de lo que piden las aerolíneas y supone una reducción de las tasas aeroportuarias del 10% en el conjunto de los próximos cinco años.

La CNMC se salió con la suya en la fijación de tarifas para 2016, que han bajado un 1,9%, en contra del criterio de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, como principal defensora de una subida cero que salvaguardara la cuenta de resultados de Aena. Dicho de otra forma, el gestor aeroportuario ha jugado con el apoyo tradicional del Gobierno, que no en balde es su primer accionista, pero las autoridades de competencia se han puesto desde el principio del lado de las aerolíneas en un intento por definir un escenario que favorezca menores precios en los billetes de avión para los usuarios.

La nueva legislación aeroportuaria ha permitido que la última palabra del DORA resida en el Ministerio de Fomento, lo que ha reducido la potestad de la entidad que preside José María Marín Quemada para determinar a partir de ahora las tasas de Aena. La CNMC ha mostrado su malestar por una situación que convierte al Gobierno en juez y parte de las relaciones entre el administrador de la red pública de aeropuertos y las compañías aéreas, pero lo que nadie esperaba es que toda esta desviación de competencias dentro de la Administración del Estado pudiera derivar en una parálisis del nuevo marco regulador por razones estrictamente políticas.

El consejo de administración de Aena se reunió esta pasada semana para analizar las consecuencias que entraña el retraso de una resolución que estaba prevista para antes del 1 de octubre. La eventual congelación de tarifas supone un revés para las compañías aéreas, en especial para las operadoras de bajo precio que han sido las más beligerantes con la política tarifaria del Gobierno. Desde el punto de vista de los intereses del gestor aeroportuario, lo que podría interpretarse como una buena noticia tampoco lo es tanto teniendo en cuenta la incertidumbre que acarrea toda indecisión. Más si cabe en una sociedad cotizada que supone un caso atípico en bolsa, dada la estructura de su accionariado con una mayoría de capital que todavía permanece en manos del Estado.