Europa se resiste a incluir los paraísos fiscales como países con riesgo de blanqueo

La Comisión Europea sigue sin admitir los riesgos que suponen paraísos fiscales como Bahamas, Panamá o Islas Vírgenes Británicas. La institución está ultimando los detalles de una lista comunitaria de paraísos fiscales que se publicará en 2017, pero ha preferido dejar fuera estas jurisdicciones opacas del listado de países de riesgo potencial para el lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Casos como los papeles de Panamá, la más reciente revelación sobre el uso de sociedades pantalla, han sido clave para que los europarlamentarios de la Comisión de Asuntos Económicos expresaran sus dudas al respecto de la implementación de la última (y cuarta) Directiva sobre Lavado de Dinero, aprobada en mayo de 2015.

"Los riesgos del lavado de dinero incluyen un gran número de actividades criminales, como los delitos fiscales", sostienen los eurodiputados en una carta remitida a los reguladores de Justicia en la Comisión. Y lo hacen a la espera de que las próximas semanas traigan novedades en este sentido. El listado de países ‘de alto riesgo’ se actualiza cada tres meses, y la próxima fecha señalada será el mes de octubre.

Un ejemplo de la relación entre paraísos y blanqueo se encuentra, sin ir más lejos, en la ley española. El reglamento antiblanqueo obliga a los abogados a aplicar medidas reforzadas "cuando sus clientes provienen de un paraíso fiscal o jurisdicción de riesgo, ya que 'a priori', por su nacionalidad, pueden presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales", recuerda a este diario Víctor Altimira, abogado especializado en la materia.

Los papeles de Panamá, 11 millones de documentos internos del despacho Mossack Fonseca, pusieron de manifiesto esta relación. El bufete, desvelaron los datos, había trabajado con al menos 33 compañías y personas registradas en la lista negra de Estados Unidos por tener vínculos con terrorismo, narcotráfico o regímenes dictatoriales. Entre los españoles, los lazos entre crimen y jurisdicciones opacas aparecieron tras investigar el desvío de fondos para venta de armas en el caso español Defex o la actividad del narcotraficante Arturo del Tiempo Marqués.

Investigar Panamá

La Comisión se enfrentará a la actualización de la lista prevista para octubre con la presión ya no solo de los papeles de Panamá, sino también de Bahamas Leaks, la publicación de miles de sociedades pantalla ocultas en el registro mercantil de Bahamas. Unas revelaciones que han dado en el corazón de la Comisión, destapando las relaciones con el mundo 'offshore' de Neelie Kroes, excomisaria de Competencia. Las Bahamas era, de hecho, una jurisdicción considerada de ‘alto riesgo’ para la evasión fiscal.

"Bahamas Leaks ha dejado claro el alcance del mundo 'offshore' y de las sociedades pantalla", asegura Fabio De Masi, de la izquierda Europea, a este diario. De Masi se encuentra entre en los 65 europarlamentarios que forman la primera comisión de investigación sobre los papeles de Panamá, que arranca este martes en Bruselas.

Se trata del inicio de 12 meses de trabajo que pivotarán sobre diferentes ejes, de acuerdo con los miembros de diferentes partidos consultados. Obviamente, la lucha contra los paraísos fiscales y para hacer realidad la lista prevista para 2017 es uno de ellos, pero no el único. Los grupos de izquierdas intentarán conseguir llamar a declarar a intermediarios como bancos y despachos de abogados, es decir, quienes hacen posible que se creen sociedades 'offshore' (ya bajo la lupa de la Fiscalía en España).

Último pero no menos importante será el delicado tema de la seguridad de los filtradores. A la vez que la comisión (PANA Committee, en la jerga europea), se pone en marcha también este martes el primer buzón para filtraciones anónimas relativas a Europa, bautizado como 'EuLeaks'. Pero la comisión de investigación querría ir más allá, haciendo hincapié en la protección que los ‘whistleblowers’ no tienen. Consecuencia ejemplar de ello han sido las penas de cárcel para Antonine Deltour y Raphaël Halet, acusados de haber filtrado los documentos de LuxLeaks. Gracias a sus revelaciones, se han conocido los acuerdos secretos de las multinacionales para operar en Europa sin pagar impuestos.