El Congreso adjudica sin licencia obras a Florentino para hacer más despachos

El tupido velo que cubre la maquinaria de obras que desde hace años vienen realizándose en el Congreso de los Diputados ha extendido sus téntaculos hasta el cercano edificio de plaza de las Cortes 9, un inmueble propiedad de Patrimonio del Estado, pero adscrito a sus señorías, que lleva más de una década cerrado.

Se trata de un edificio protegido con grado integral, que lleva dos años cubierto por un andamio y que la Mesa del Congreso, cuando todavía estaba presidida por Jesús Posada con Celia Villalobos de vicepresidenta, decidió recuperar para ampliar las instalaciones de los grupos parlamentarios. Hasta aquí, todo puede parecer normal, más allá del legítimo debate sobre la necesidad que tienen los partidos de construirse más despachos cuando se está pidiendo austeridad a la ciudadanía.

El problema surge cuando se analiza cómo se ha tramitado el expediente y se comprueba que la adjudicación de este proyecto se ha realizado antes de tener la correspondiente licencia, lo que ha dado lugar a que una filial de ACS, Vías y Construcciones, lleve cinco meses con un contrato firmado y sin poder comenzar las obras por una luz verde que debe dar el Ayuntamiento de Madrid.

Tanto desde el Congreso como desde el Palacio de Cibeles, se ha reconocido a este medio que la obra se adjudicó a la empresa de Florentino Pérez sin tener la correspondiente licencia, la cual se solicitó tres meses después de iniciarse el proceso de adjudicación y, curiosamente, tres días después de que se celebraran las elecciones generales del 23 de diciembre que llevaron al Partido Popular a perder la mayoría en el Parlamento.

Suma y sigue, porque la fecha de inicio de este expediente se retrasó hasta el 7 de abril de este año, debido a que hasta entonces no se remitió al ayuntamiento toda la información necesaria, una dilación que no impidió al Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, seguir adelante y adjudicar apenas 12 días después la obra a Vías y Construcciones, decisión que fue formalizada el día 26 de ese mismo mes de abril.

Fuentes parlamentarias han asegurado a El Confidencial que detrás de este singular proceder estuvo el intento inicial de la Mesa, empujada por Celia Villalobos, de tramitar la obra por el procedimiento de urgencia, excepción que permite a la Administración realizar obras sin tener que someterse a los burocráticos trámites de solicitud de licencias, aunque, en principio, deben acotarse a casos de especial premura o excepcional interés público, dos máximas difíciles de defender en el caso de un edificio que lleva años vacío.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que fue la negativa del director de Contratación e Infraestructuras a tramitar la obra sin las correspondientes bendiciones la que terminó imponiéndose a las tesis de Villalobos y convenció a la Mesa para solicitarla. Este medio ha intentado ponerse en contacto con Villalobos para contrastar esta información, pero no ha obtenido respuesta.

En cualquier caso, el criterio que un año y dos parlamentos después defienden desde el Congreso, por boca de un portavoz oficial, es que "se ha decidido que, hasta que no se dé la licencia, no se harán las obras". Esta sigue tramitándose en el Ayuntamiento de Madrid y su último gran hito fue obtener el dictamen favorable de la CPPHAN (Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural) el pasado 24 de junio.

El problema que se abre ahora es que si, por cualquier circunstancia, el consistorio no concede luz verde y no se lleva adelante la obra, Vías y Construcciones podría exigir el lucro cesante de un proyecto valorado en más de dos millones de euros. Es más, varias fuentes aseguran que la compañía de Florentino Pérez podría empezar a exigir ya el cobro del contrato, al no ser responsabilidad suya el retraso, aunque admiten que se trata de una práctica que nunca se lleva a cabo.

Obra en entredicho

Este, cuanto menos, peculiar proceder no es la única anomalía ligada al edificio de Cortes 9. Las obras adjudicadas a ACS, que se centran en la rehabilitación de estructuras y cimentación para salvaguardar la seguridad del inmueble, son solo la punta del iceberg de un pastel mucho mayor, que consiste en toda la obra dirigida a transformalo en nuevas instalaciones para los partidos.

De hecho, junto a esta primera obra se llegó a redactar todo el segundo proyecto, que diferentes fuentes han cifrado entre 20 y 60 millones de euros, cuya tramitación se frenó durante la presidencia de Patxi López y con el apoyo de Ciudadanos, ya que tanto el socialista como Ignacio Prendes, representante de la formación naranja en la Mesa, consideraban que se trataba de un proyecto de tales dimensiones que no debía ser aprobado por un órgano con fecha de caducidad.

Pero Cortes 9 no es la única obra ligada al Congreso puesta en entredicho. Durante la anterior legislatura, con UPYD todavía presente en el Congreso, la formación de Rosa Díez llegó a enviar una dura carta a Posadas poniendo en duda las obras que también se habían adjudicado a ACS para las cubiertas del Palacio de las Cortes.