por los altos sobrecostes de la m-45

Cifuentes indemnizará a OHL y abre la vía a más compensaciones a las constructoras

El Tribunal Superior de Madrid ha fallado a favor de la compañía de los Villar Mir por una reclamación de casi 50 millones, que sienta jurisprudencia sobre casos de más cuantía

Foto: El presidente de OHL, Juan Villar Mir de Fuentes (i), y el expresidente del grupo constructor Juan Miguel Villar Mir. (EFE)
El presidente de OHL, Juan Villar Mir de Fuentes (i), y el expresidente del grupo constructor Juan Miguel Villar Mir. (EFE)

Las constructoras empiezan a doblarle la mano a las administraciones en los tribunales, con sentencias que van directamente contra el bolsillo de los contribuyentes. Según una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Gobierno regional que dirige Cristina Cifuentes ha sido condenado a pagar 47,42 millones de euros a OHL para compensarle por los sobrecostes de un tramo de la M-45 que une la capital con la carretera de Andalucia y la de Extremadura. El importe representa el 50% del valor inicial de la obra.

El dictamen del pasado 20 de julio de la sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, del Tribunal Superior de Madrid condena a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) a compensar a la compañía de los Villar Mir tras solicitar el reequilibrio económico-financiero de la concesión pública, adjudicada en 1998. La Consejería de Transporte de la CAM había desestimado la reclamación de la constructora, al considerar que no tenía derecho a reclamar un sobrecoste sobre los 95,8 millones en los que se calculó la obra.

Pero OHL ha ido hasta el final y ha conseguido que los tribunales le den la razón con una indemnización de 47,42 millones por los pagos que tuvo que hacer por las expropiaciones de los terrenos. Una sanción que se incrementará en un 8,31% adicional al año —este es la rentabilidad comprometida de la concesión a cobrar por la constructora— hasta que el Gobierno del PP satisfaga la compensación y se reequilibre la concesión. En consecuencia, el coste final, tomando en consideración una compensación concedida en 2002, ha sido de 163,22 millones, un 72% más de lo presupuestado por los técnicos de la CAM cuando era presidente Alberto Ruiz Gallardón. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

Ahora, la CAM tiene técnicamente tres formas para indemnizar a OHL, según los pliegos de la adjudicación y la legislación vigente. Una es la ampliación del plazo de la concesión, opción que no es viable al haberse agotado el tope legal máximo (25 años). La segunda es el aumento de las tarifas a los vehículos que utilizan esta vía, alternativa a la que tampoco puede acogerse al tratarse de un peaje en sombra (las constructoras pagan la infraestructura y la comunidad abona un canon por el número de vehículos que transitan). La tercera, y en consecuencia la única posible, es el pago en metálico.

Según distintas fuentes, y ante la imposibilidad de seguir litigando salvo con un recurso de casación, la Comunidad de Madrid se ha mostrado favorable a negociar el pago a OHL, dada la contundencia de la sanción. Porque la sentencia se basa en los dos contenciosos presentados por Globalvía y por Abertis —las concesionarias de los otros dos tramos de la M-45— a las que el juez les dio la razón al exigir indemnizaciones (de menor cuantía) por el mayor coste de las expropiaciones. Estos dos dictámenes fueron confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 2 de julio de 2015 y el 26 de abril de este año.

La dejadez de la Comunidad

El TSJM da por buena la “abundantísima prueba documental aportada” por KPMG en nombre de OHL, que contrató a la consultora para realizar unas pruebas periciales que acreditaran la mayor inversión en la compra de terrenos respecto a lo calculado por la Comunidad de Madrid. La Administración regional ya reconoció en el año 2002 que debía compensar a los Villar Mir con 20,85 millones de euros iniciales, por lo que la indemnización total ascenderá a 75,9 millones, descontando otros pagos ya realizados.

La sentencia del TSJM es toda una advertencia para Cifuentes, ya que OHL le exige 265 millones por el tren sin terminar a Navalcarnero

Para hacer frente a los nuevos costes, OHL solicitó un préstamo de 40 millones de euros a Caja Madrid (ahora Bankia) y a Dexia Sabadell, cuyos intereses también los tiene que abonar el Gobierno de Cifuentes. El juez entiende que la CAM debe afrontar estos costes extraordinarios porque “en múltiples ocasiones la concesionaria ha reclamado a la Administración que procediera a realizar nuevos reequilibrios económico financieros, sin que la Administración diera respuesta a la mayoría de dichos escritos”. En consecuencia, “los intereses de demora del justiprecio no son debidos a la dejadez de la concesionaria, sino a la actitud de la Comunidad de Madrid, que no cumplió con los compromisos asumidos".

La sentencia del TSJM es toda una advertencia para Cifuentes, ya que OHL le exige 265 millones por el tren sin terminar a Navalcarnero. Y para el Estado, al que la mayoría de las constructoras reclaman hasta 7.000 millones por la suspensión de pagos de la mayoría de las autopistas de peaje y radiales que circunvalan Madrid. Hasta la fecha, el conflicto se ha ido posponiendo ante la falta de acuerdo de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, la banca y las concesionarias, que han dejado caer hasta la liquidación sus autovías de pago. 

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