Santander, BBVA y Caixa obtienen trato de favor con las comisiones de los cajeros
El nuevo modelo impuesto por el Gobierno para regular las comisiones de los cajeros es un chasco y no ha supuesto ningún impacto positivo para los usuarios, según la CNMC
Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. El Ministerio de Economía impuso el pasado mes de octubre su ley, en este caso el Real Decreto 11/2015, con el fin de regular la controvertida operativa de las comisiones que cobran los bancos por el uso de los cajeros automáticos. El ministro Luis de Guindos solicitó acto seguido un informe a la CNMC para conocer con mayor criterio la situación creada. El regulador, una vez más, no se ha cortado un pelo y ha dictaminado que la intervención oficial no ha hecho sino beneficiar a los grandes bancos en detrimento de los que no disponen de una red propia, lo que puede provocar un traslado de cuentas y depósitos a las principales entidades financieras del país.
Una vez más la competencia se resiente después de una disposición normativa que, de acuerdo con el informe de la CNMC, ha permitido a las principales marcas del sistema financiero triplicar la tasa de uso de sus cajeros en lo que llevamos de año. Antes del cambio de sistema la comisión por operación se situaba en una media de 0,65 euros mientras que ahora se sitúa en una horquilla entre 1,80 y 2 euros. Los mayores beneficiarios son Caixabank, BBVA y Banco Santander, como propietarios del 45% de los 46.152 cajeros automáticos repartidos por España, lo que supone uno por cada mil habitantes. Esta cuota se extiende al 70% si se consideran tan sólo los seis grandes grupos bancarios existentes en nuestro país tras la reestructuración del sector.
La operativa del pago en los cajeros automáticos cambió radicalmente tras la aprobación el pasado 2 de octubre del decreto de marras que modificó el sistema de cobro de comisiones entre las entidades financieras. La regulación se adoptó como medida correctora contra la denominada ‘guerra de los cajeros’, cuando Caixabank decidió cobrar directamente a los bancos emisores de las tarjetas una comisión de dos euros por cada extracción que los titulares de estas realizaran en cajeros de su propiedad. A partir de ahí BBVA y Santander se aliaron con el grupo catalán en tanto que los pequeños bancos se movilizaron en una reacción airada provocando la intervención del Gobierno.
Caixabank, BBVA y Santander concentran la mitad de los 46.000 cajeros automáticos que existen en España y han triplicado las comisiones en lo que va de año
El momento electoral que vivía por entonces España, con el célebre 20-D a la vuelta de la esquina, constituía una ocasión inmejorable para romper una lanza dentro del mercado financiero sobre una cuestión tan pegada al terreno y al bolsillo de los ciudadanos como son las comisiones de los cajeros automáticos. Sin embargo, el informe de la CNMC demuestra que el ‘tiro ha salido por la culata’ y que el nuevo modelo no ha hecho sino consolidar la ventaja competitiva de las grandes entidades que han conseguido mantener las más altas tasas de intercambio, con el consiguiente efecto negativo para los usuarios, a los que en buena lógica se les termina repercutiendo el coste final de la comisión.
Con el antiguo modelo operativo el banco propietario del cajero cobraba una tasa previamente acordada dentro del sistema de que se tratase (4B, Servired o Euro 6000) al banco emisor de la tarjeta. Este último cobraba luego a su cliente una comisión por dicho servicio. Con el Real Decreto-ley 11/2015 son las entidades propietarias de los cajeros las que deciden la comisión que cobran por el uso que hacen los clientes del resto de entidades. La comisión se convierte en una tasa por cuanto que no puede ser cobrada directamente al usuario sino al banco emisor de la tarjeta. El Ministerio de Economía se preocupó de evitar la doble comisión, de manera que la entidad emisora de la tarjeta sólo puede cargar a su cliente el importe que anteriormente ha pagado al banco adquierente o propietario del cajero.
Como se puede apreciar, la normativa tiende una especie de ‘alfombra roja’ a los dueños de los cajeros al tiempo que trata de evitar abusos en el mercado minorista. En todo caso para los usuarios tampoco ha supuesto ningún impacto positivo y los únicos beneficiarios reales son las entidades que cuentan con redes extendidas por toda la geografía nacional que ahora pueden utilizar como arma contra otros bancos con menor dotación de cajeros pero que suelen ser más agresivos en sus prácticas comerciales. No en vano, el aumento de las comisiones a los usuarios no clientes obliga a los bancos más pequeños a asumir los costes o trasladárselos a sus clientes, los cuales se verán penalizados de manera indirecta y terminarán por llevar sus fondos a las entidades más grandes.
La CNMC teme que la 'guerra de cajeros' termine provocando que los clientes de los pequeños bancos trasladen sus cuentas a las grandes entidades
España se sitúa en la actualidad como el quinto país de la Unión Europea por número de cajeros automáticos tras el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En relación al número de habitantes nuestro país es el tercero por detrás de Portugal y Reino Unido. Las extracciones de efectivo ascienden a 18.000 en términos anuales, lo que supone el 74% del total de las operaciones que se realizan en cajeros. A pesar de la reducción generalizada en el número de estos equipos, algún banco ha decidido ahora renovar su red con nuevas inversiones. De manera paralela, en los últimos años han aparecido agentes en el mercado que realizan básicamente su operativa por internet y que funcionan con acuerdos multilaterales con otras entidades a través del pago de tasas de intercambio.
La heterogeneidad del paisaje sectorial fue el origen del conflicto que surgió este otoño y que la CNMC vuelve ahora a poner de relieve por mandato indirecto del Ministerio de Economía. De entonces a esta parte, con dos elecciones legisaltivas de por medio, han ocurrido muchas cosas en España y probablemente a los responsables gubernamentales no les haga ahora maldita la gracia el informe del llamado 'supervisor mayor del Reino'. La entidad que preside José María Marín Quemada pone el dedo en la llaga de una herida que parecía cerrada, pero los tiempos del regulador, es lo que hay, nada tienen que ver con los intereses de los políticos.
Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. El Ministerio de Economía impuso el pasado mes de octubre su ley, en este caso el Real Decreto 11/2015, con el fin de regular la controvertida operativa de las comisiones que cobran los bancos por el uso de los cajeros automáticos. El ministro Luis de Guindos solicitó acto seguido un informe a la CNMC para conocer con mayor criterio la situación creada. El regulador, una vez más, no se ha cortado un pelo y ha dictaminado que la intervención oficial no ha hecho sino beneficiar a los grandes bancos en detrimento de los que no disponen de una red propia, lo que puede provocar un traslado de cuentas y depósitos a las principales entidades financieras del país.