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Villar Mir saca toda la artillería legal contra Florentino para cerrar el caso Son Espases
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pide el sobreseimiento libre

Villar Mir saca toda la artillería legal contra Florentino para cerrar el caso Son Espases

Los abogados del empresario han solicitado el sobreseimiento libre de la causa, por la que está imputado Villar Mir, con un argumento que sitúa en el centro de la diana a ACS

Foto: Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez. (EFE)
Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez. (EFE)

Embiste legal de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en el caso del Hospital Son Espases. Los representantes legales del empresario, el bufete Uría Menéndez, presentaron el pasado 13 de abril un escrito solicitando el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, por la cual está imputado el constructor. Dos días después, según la providencia a la que ha tenido acceso este medio, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca dictó unir este escrito a las diligencias de este proceso y trasladarlo al Ministerio Fiscal para que en un plazo de 10 días haga las alegaciones convenientes.

Un pronunciamiento envenenado, ya que la Fiscalía deberá encarar de frente uno de los principales argumentos que esgrime la defensa de Villar Mir: que el verdadero beneficiado de esta adjudicación fue ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, y, por tanto, que si hubo algún tipo de irregularidad en la adjudicación, debe de ser en esa dirección en la que se mire.

El Juzgado 3 de Palma, cuyo titular es José Castro, lleva investigando desde julio pasado las presuntas irregularidades cometidas por Jaume Matas, entonces presidente del Gobierno balear, en la adjudicación de la construcción y explotación del Hospital Son Espases, un proyecto valorado en cerca de 700 millones que ha terminado en los tribunales tras la querella presentada por el fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach, en la que se apunta a que Matas creó una trama para manipular el proceso de adjudicación a favor de OHL aunque, al final, tras hacerse público en los medios que el Grupo Villar Mir era el favorito, cambió de idea y modificó todo el proceso en favor de Dragados, filial de ACS.

A lo largo de medio centenar de páginas, los abogados de Uría construyen un argumentario basado en negar la máxima de los tres delitos que se le imputan al dueño de OHL -prevaricación, fraude y falsedad documental- sobre la base de que su cliente en ningún momento fue beneficiario de nada, ya que el polémico hospital se terminó adjudicando a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Dragados (filial de ACS) y FCC, lo que les lleva a concluir que su cliente, en todo caso, es una víctima.

De hecho, los expertos de Uría sostienen que "uno de los elementos del tipo delictivo de la prevaricación, según establece el artículo 404 del Código Penal, es la existencia de una resolución administrativa. No puede haber prevaricación si no se ha dictado una resolución en un asunto administrativo, resolución que, además, debe ser arbitraria".

La única propuesta de adjudicación que hubo en torno a Son Espases se remonta a diciembre de 2006 y fue a favor de Dragados-FCC, lo que lleva a la defensa de Villar Mir a afirmar que "esa decisión no favoreció a OHL, sino que le perjudicó, por lo que, de buscarse alguna hipotética prevaricación, nuestros defendido (y la empresa que preside) debería ser considerado víctima, no partícipe".

Respecto a la acusación por fraude, señalan que la querella no atribuye "ni un solo acto concreto" que permita sostener esta acusación y, en consecuencia, apuntan a que "si en la misma querella no se refleja siquiera ningún concierto con 'el interesado', es evidente que no cabe imputarle ningún tipo de fraude. Y ello con independencia del hecho de que 'el interesado' fue aquí otra empresa, Dragados, que es quien resultó adjudicataria del contrato público".

Suma y sigue, porque la defensa también llama la atención sobre que todos los miembros de la mesa de contratación han prestado declaración como testigos, no en calidad de imputados (investigados), por lo que, interpretan, tanto el Instructor como el Ministerio Fiscal "no parecen atribuir ningún carácter delictivo a los actos de la mesa de contratación, ni a los de mero trámite, ni a la propuesta de adjudicación".

Respecto a las acusaciones de falsedad documental, además de insistir en que el único beneficiado de todo el proceso fue el grupo de Florentino Pérez, la defensa señala que "si se considera que esos dos documentos son falsos, la falsedad (ideológica) la habrían cometido sus firmantes, los miembros de la mesa de contratación que asistieron a las reuniones y suscribieron con su firma las actas. Sin embargo, ninguno de ellos ha declarado como investigado y a nadie se le ha imputado delito alguno, ni de falsedad ni de ninguna otra clase", insiste Uría en su escrito.

ACS, el favorito de la 'era Matas'

Como corolario de esta estrategia, donde se subraya que la mejor defensa es un buen ataque, los representantes de Villar Mir recuerdan que el principal beneficiado de contratos públicos de la Administración balear entre 2003 y 2006, es decir, bajo la presidencia de Jaume Matas, fue Dragados, que se adjudicó el 18,96% del total, seguido de FCC (14,39%), Melchor Mascaró (6,83%), Matías Arrom (5,85%), Azvi (5,64%), Llabres Feliú (4,85%), Enrique Ortiz (4,19%), Obras Man (4,04%), Sacyr (3,92%), Ferrovial (3,51%) y OHL (0,66%), mientras que el resto de grupos que se hicieron con algún contrato sumaron el 27,17% restante.

"Aquí nos encontramos con la curiosa circunstancia de que la querella imputa supuestos delitos por una adjuciación que no tuvo lugar (la de la UTE OHL-Bovis) y, en cambio, pasa por alto la que sí se produjo, pese a que la propia querella destaca la forma irregular, según el Ministerio Fiscal, en que habría tenido lugar esa adjudicación", subraya el escrito de solicitud de sobreseimiento. Ahora, la pelota está en el tejado del fiscal y de Florentino Pérez.

Embiste legal de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en el caso del Hospital Son Espases. Los representantes legales del empresario, el bufete Uría Menéndez, presentaron el pasado 13 de abril un escrito solicitando el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, por la cual está imputado el constructor. Dos días después, según la providencia a la que ha tenido acceso este medio, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca dictó unir este escrito a las diligencias de este proceso y trasladarlo al Ministerio Fiscal para que en un plazo de 10 días haga las alegaciones convenientes.

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