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España pone coto a las bajas temerarias forzado por Europa y el vacío de poder
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se aplicará, por fuerza, la directiva

España pone coto a las bajas temerarias forzado por Europa y el vacío de poder

El vacío de poder que vive España hará que en 10 días se imponga la directiva de contratos públicos que, entre otras cosas, elimina la obligación de primar el precio

Foto: Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones, Cristóbal Montoro, de Hacienda, y Rafael Catalá, de Justicia.
Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones, Cristóbal Montoro, de Hacienda, y Rafael Catalá, de Justicia.

Faltan solo 10 días para que se cumpla el plazo dado por Europa para trasponer la directiva que modificará la Ley de Contratos del Estado. El problema es que el plazo se cumple con un Gobierno en funciones y tras medio año de vacío de poder (las Cortes se disolvieron en octubre), lo que ha hecho imposible aplicar a tiempo la normativa comunitaria.

Ante este escenario, el Ministerio de Hacienda ha decidido publicar, vía BOE, una serie de directrices para que las administraciones sepan cómo deben actuar a partir del próximo 18 de abril. Ese día se cumple el plazo dado por Bruselas para adaptar la ley nacional a la regla europea, ya que cuando se incumple este plazo se pasa a aplicar por defecto la directiva, por encima de la legislación de cada Estado, en todos aquellos aspectos que sean divergentes.

Esto es lo que ocurrirá en España en poco más de una semana, lo que podría suponer la defunción de las subastas abusivas en la contratación con las administraciones, ya que la regla comunitaria reconoce el valor del trabajo intelectual, es decir, la calidad del proyecto, y recomienda preponderarlo a la hora de adjudicar los contratos de ingeniería.

"Aunque la mayoría de los cambios que se producirán a partir del próximo 18 de abril son, sobre todo, formales, hay uno de fondo muy importante, el hecho de que en ingeniería deba valorarse la calidad por encima del precio, hasta el punto de que la directiva permite que se puedan llegar a adjudicar contratos solo con base en criterios de calidad y a tipos fijos, puntos incompatibles hasta ahora con la ley española, que obliga a premiar el precio", explica Fernando Argüello, director general de la patronal de la ingeniería Fidex.

Tanto esta organización como Tecniberia llevan tiempo reclamando que se acoten las bajas con las que la Administración está adjudicando los contratos. Un problema especialmente marcado en los concursos de Adif, donde el precio supone el 75% de la puntuación, frente al 25% de la solvencia técnica.

Hasta ahora, la normativa española marcaba primar el precio en los trabajos de ingeniería, pero con la aplicación de la directiva se premiará la calidad

El operador ferroviario, que se ha convertido en el gran maná público, debido a que los menguantes presupuestos se están destinando fundamentalmente a la alta velocidad, justifica su política de bajas en que la normativa española marca primar el precio, argumento que a partir del próximo 18 de abril ya no tendrá validez.

Entre los motivos que esgrimen las ingenierías para defender la importancia de premiar la calidad de los proyectos, destaca su defensa de que una ingeniería de calidad es la mejor vía para evitar posteriormente los modificados que terminan disparando los precios de las obras.

Según las estimaciones del sector, el peso de la ingeniería de proyecto sobre la inversión total de las obras apenas representa el 5%, frente al 10% de nuestros comparables europeos, diferencia que según la propia Eurostat lleva a nuestro país a estar muy por debajo del resto del Viejo Continente, incluidos los países del Este.

El sector estima que con solo incrementar en dos puntos porcentuales la inversión en ingeniería se lograrían ahorros superiores al 20% en los costes que surgen 'a posteriori', con los modificados. Con unas bajas medias de entre el 50% y el 60%, la facturación del sector de la ingeniería ha caído un 35% en los últimos cinco años y, desde 2009, han desaparecido casi 1.200 empresas y 23.000 empleos.

Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no llegó a tiempo de adaptar la Ley de Contratos del Estado a la directiva, sí que fue incorporando puntualmente, a través de distintas leyes, determinados preceptos, como la regulación de la acreditación por el empresario de su solvencia, la nueva regulación de las prohibiciones de contratar, la referente a la responsabilidad del concesionario, y la nueva regulación de los contratos reservados a centros especiales de empleo, empresas de inserción o que se ejecuten en el marco de programas de empleo protegido.

Faltan solo 10 días para que se cumpla el plazo dado por Europa para trasponer la directiva que modificará la Ley de Contratos del Estado. El problema es que el plazo se cumple con un Gobierno en funciones y tras medio año de vacío de poder (las Cortes se disolvieron en octubre), lo que ha hecho imposible aplicar a tiempo la normativa comunitaria.

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