El presidente de la CNMC se resiste a actuar como títere del Gobierno en funciones

La independencia está reñida con la política, y eso le está costando más de un disgusto al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. Nombrado a instancias del ministro de Economía, Luis de Guindos, el máximo responsable del organismo único de regulación le ha salido ‘rana’ al Gobierno del Partido Popular y ha decidido unirse con los servicios técnicos de la casa para no convertirse en un títere de las consignas que emanan dentro de la institución a través de los comisionados propuestos por la que todavía es la primera fuerza política del país.

La ‘guerra fría’ que ha vivido desde su nacimiento el nuevo ‘supervisor mayor del Reino’ ha desembocado finalmente en un zafarrancho de combate que amenaza con llevarse por delante a alguno de los más altos directivos del organismo creado hace poco más de dos años para integrar a todas las comisiones de regulación económica en España. La espada de Damocles se orienta en estos momentos sobre la cabeza de Antonio Maudes, el director de Promoción de la Competencia y paladín, entre otros, del informe sobre la economía colaborativa que está levantando salpullidos en distintas instancias de la Administración del Estado.

Los servicios técnicos de la CNMC se han creído a pies juntillas la misión que supuestamente otorga carta de naturaleza a la institución y en la que prima la defensa del consumidor sobre cualquier otra consideración o interés de parte. De ahí el afán por liberalizar los nuevos modelos de consumo, fomentados a partir de las plataformas tecnológicas y que tantos quebraderos de cabeza están produciendo en dos segmentos básicos de la economía española, como son el transporte de viajeros y los alojamientos turísticos. Los operadores tradicionales que amparan su actividad en ambos negocios han reaccionado de forma virulenta contra la economía colaborativa, contando con el apoyo de los poderes públicos.

El máximo responsable de la CNMC rechaza la moción de los seis vocales que pedían la cabeza del director de Promoción de Competencia, Antonio Maudes

Ni el Gobierno central ni algunos de los ejecutivos regionales afectados se atreven a abrir la caja de Pandora contra los que pueden ser caladeros naturales de voto amigo. En momentos de clara incertidumbre como la actual, los políticos se resisten a cualquier tipo de movimiento en falso, por lo que la actitud proactiva de la CNMC convierte a su máximo responsable en una especie de Pepito Grillo al que es preciso atar en corto con carácter preventivo. Otra cosa muy diferente es que Marín Quemada esté por la labor y vaya a rendirse ahora ante la ofensiva de los que reclaman el cese de uno de sus principales colaboradores por una mera cuestión de ‘falta de confianza’.

Los vocales nombrados por el actual Ejecutivo en funciones, todos ellos con una vinculación directa al Partido Popular, han reunido mayoría en el consejo para solicitar al presidente de la CNMC la destitución del director general de Promoción de la Competencia. El grupo de consejeros que se declaran en rebeldía contra Marín Quemada está encabezado por la actual vicepresidenta, María Fernández, y en el mismo destacan los dos comisionados más díscolos en la todavía corta historia de la entidad, Fernando Torremocha y Benigno Valdés, ambos protagonistas en la mayor parte de los votos particulares que se han redactado internamente contra las propias resoluciones del organismo regulador.

Otros dos miembros significativos de la ‘revolución’ son Diego Rodríguez y Eduardo García Matilla, que curiosamente permanecen en funciones en sus respectivos cargos con un mandato caducado desde el pasado mes de septiembre. Marín Quemada ha reclamado el relevo de uno y otro, pero la doble y eventual sustitución ha quedado paralizada hasta la formación del futuro Gobierno de la nación. La última consejera en sumarse al grupo de oposición es Clotilde de la Higuera, antigua abogada del Estado en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos y que hasta ahora había mantenido una posición neutral, alejada de la melé que se viene produciendo dentro de la CNMC cada vez que es preciso debatir un informe de calado estructural.

Los seis consejeros que el Partido Popular nombró en la CNMC han formado un bloque de oposición. El conflicto amenaza con paralizar a la institución

Frente a todos ellos, el presidente cuenta con el respaldo de los dos vocales designados a instancias del PNV y la antigua CiU, que son respectivamente Idoia Zenarruzabeitia y José María Guinart, además de María Ortiz, técnica comercial del Estado que ha trabajado indistintamente en labores de competencia con los ejecutivos del PP y del PSOE y cuyo mandato venció también hace ya siete meses. En definitiva, una batalla de seis contra cuatro que refleja el triste retrato de una institución incapaz de superar la crisis de identidad con que fue concebida y que ha dado lugar a un enfrentamiento notorio y cada vez más difícil de reconducir.

La capacidad de resistencia que caracteriza al presidente de la CNMC ha permitido saldar los primeros asaltos del conflicto con un resultado de combate nulo. La moción de los consejeros contra Maudes fue introducida en el orden del día del pleno celebrado ayer, como no podía ser de otra manera, pero con las mismas garantías estatutarias, Marín Quemada hizo valer su papel de gerente del organismo regulador que le otorga la plena potestad sobre el organigrama directivo de la entidad. En otras palabras, el responsable directivo de la Promoción de la Competencia no es digno de la confianza de la mayoría del consejo pero sí tiene la del presidente, que a fin de cuentas es la que sirve en este caso.

Lo que no está nada claro es el valor de la tregua ni el grado de la siguiente escaramuza porque lo que subyace en el seno de la CNMC es un problema de concepto, una colisión entre dos sensibilidades contradictorias. Los que creen que la competencia es sagrada y como tal debe ser defendida y los que piensan que hay otros muchos intereses que es necesario proteger a la hora de abordar la regulación de un mercado. En el caso de la economía colaborativa, la situación se complica porque aquí y ahora el objetivo prioritario es justo el contrario; es decir, la desregulación o, para decirlo más expresamente, la plena liberalización. Todo lo demás es poner puertas al campo.