planta al ayuntamiento y le exige tomar una decisión

El dueño de Operación Chamartín abre a Carmena otra guerra como Wanda

Distrito Castellana Norte ha decidido plantar al consistorio en su última mesa de debate sobre este proyecto y estudia acciones para obligarlo a resolver ya el plan

Este lunes, con un mes de retraso sobre el calendario oficial, se celebra la tercera (y en principio, última) mesa de debate organizada por el Ayuntamiento de Madrid para analizar la viabilidad de la Operación Chamartín. Entre los convocados por el consistorio se encuentra Distrito Castellana Norte (DCN), entidad promotora del proyecto, controlada por BBVA y Grupo San José.

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Sin embargo, según ha podido confirmar este medio, la sociedad ha decidido no acudir a la cita, cansada de un espectáculo que considera al límite de la legalidad. La gota que ha colmado el vaso ha sido la razón de ser de esta última mesa: "Modelo de planeamiento y gestión para Prolongación Castellana".

Para los responsables de DCN, esta convocatoria es todo un ataque al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y al planeamiento vigente de la prolongación de la Castellana, que ya establece un plan parcial de iniciativa particular. Por tanto, consideran que esta mesa se mueve extramuros de lo que ya está reconocido legalmente dentro de los planes del urbanismo madrileño.

Imagen el proyecto de Operación Chamartín.
Imagen el proyecto de Operación Chamartín.

Suma y sigue, porque el actual proyecto de Operación Chamartín está tramitado y pendiente solo de la aprobación definitiva del consistorio. Según marca la normativa, el ayuntamiento contaba con un plazo de seis meses para resolver, es decir, para pronunciarse a favor o en contra del mismo, plazo que venció el pasado agosto.

"Sin haber resuelto ni cumplido esa obligación legal, han planteado mesas paralelas al margen de toda regulación", denuncian desde DCN. La promotora ha declinado hacer mayores pronunciamientos sobre la situación del proyecto y los motivos que le han llevado a dar plantón, pero ha reconocido que "necesitan respùestas para poder avanzar" y no las están teniendo. "En este sentido, no consideramos necesario estar presentes en esta mesa de debate".

Reunión de Béjar y Calvo

La participada de BBVA tampoco ha querido hacer comentarios sobre la reunión que mantuvo el presidente de DCN, Antonio Béjar, con el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el pasado 2 marzo, alegando que se trata de un encuentro privado, pero fuentes conocedoras aseguran que, más allá de buenas palabras, no se arrancó ningún compromiso ni avance, ya sea para aprobar el desarrollo, suspenderlo o aclarar qué se quiere modificar.

Este silencio de la Administración está ensordeciendo a los responsables de DCN, que todavía están esperando que el ayuntamiento responda a los cuatro escritos que, desde el pasado noviembre, han remitido al consistorio solicitándole que explique la razón de ser de estas mesas, su validez, si las conclusiones de las mismas servirán para que se resuelva al respecto -aunque sea con siete meses de retraso-, qué criterios ha seguido para designar a los participantes, si estas mesas actúan en delegación de las competencias que corresponden a los servicios técnicos y jurídicos municipales, o si son un órgano municipal, ya que en ellas participan funcionarios y técnicos para informar del proceso de aprobación del plan.

Hace siete meses que el ayuntamiento debería haber resuelto y DCN estudia forzarle a cumplir esta obligación con un recurso contencioso-administrativo

Detrás de todas estas cuestiones está el convencimiento de que el Ayuntamiento de Madrid está dejando de hacer sus funciones e, incluso, está incurriendo en un proceso de ilegalidad, ya que al no haber resuelto dentro de plazo, está en situación de incumplimiento de la obligación legal de responder en plazo. De hecho, fuentes conocedoras aseguran que DCN no descarta presentar un recurso contencioso-administrativo para que el consistorio cumpla con su obligación de tomar una decisión.

Una medida de este tipo llegaría en el peor momento para el equipo de Urbanismo de Manuela Carmena, acorralado por la amenaza de Wanda de vender el Edificio España, con sus propias bases movilizándose contra ella por procesos como el solar de Raimundo Fernández Villaverde o la remodelación de la Plaza de España, y en medio de un vacío de poder estatal que está condicionando las decisiones de las corporaciones locales y autonómicas, conscientes de que cualquier paso en falso puede impactar directamente en el próximo inquilino de La Moncloa.

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