Las Big Four piden amparo institucional ante el bloqueo que provoca la Ley de Auditoría

La entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas promulgada el pasado mes de julio y que afectará a los estados contables de las entidades de interés público al cierre de 2016 se ha convertido en un caballo de batalla ante la imposibilidad efectiva de hacer frente a las enormes restricciones que impone la nueva disposición normativa. La situación se complica especialmente para todo el sector ante la inacción del Gobierno y la imposibilidad de encontrar un interlocutor válido dentro de la Administración del Estado, que permita guiar el proceso de transición a una regulación que ha nacido con la oposición de las grandes firmas auditoras.

Las llamadas Big Four, que incluyen a Deloitte, EY (antigua Ernst & Young), PwC y KPMG, mantuvieron un pulso abierto con Luis de Guindos durante el proceso de elaboración de una ley que muchos interpretaron como una especie de castigo por el caso Bankia. El Ministerio de Economía decidió trasponer al ordenamiento mercantil unas directivas comunitarias que contienen casi medio centenar de opciones legislativas y que, de hecho, todavía no han sido armonizadas dentro de la Unión Europea. La celeridad del Gobierno por sacar adelante la Ley de Auditoría antes de que terminase la anterior legislatura ha provocado ahora un grave trastorno y desconcierto para todo el sector.

Las grandes firmas han preferido, de momento, dar un paso lateral para evitar un desgaste innecesario y a fin también de reservar fuerzas de cara a enfrentar posiciones con el futuro Gobierno de la nación. Las más poderosas y renombradas marcas del sector han recurrido al amparo que brinda el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) como entidad profesional de todos los auditores. En consecuencia, la institución presidida por Mario Alonso es ahora el vehículo encargado de coordinar las distintas protestas elaboradas a lo largo de una serie de reuniones que las principales firmas auditoras han venido celebrando de forma callada y silenciosa estas últimas semanas.

Los requisitos de independencia entre la firma auditora y la sociedad auditada han convertido la ley en un verdadero callejón sin salida

Las mayores objeciones se resumen en el régimen de independencia que los auditores rechazan de plano, por cuanto consideran que es de “imposible cumplimiento voluntario”. La definición del llamado ‘familiar próximo’ se convierte en un obstáculo insalvable a juicio del sector, por cuanto que cualquier parentesco, incluso de segundo grado, entre la firma auditora y la empresa auditada es motivo de infracción de acuerdo con la más estricta aplicación de la ley. A todo ello se añade un régimen sancionador endurecido y que eleva la calificación de las citadas infracciones como muy graves, lo que provoca una paralización de la labor auditora que puede tener especial incidencia en el segmento de las principales sociedades cotizadas del país.

La normativa fue impuesta a cal y canto frente al criterio de las corporaciones profesionales de auditores, lo que ha marcado decisivamente su acogida dentro del sector. Cabe recordar que el proyecto de ley recibió más de 150 enmiendas en su fase de tramitación parlamentaria, que fueron sistemáticamente rechazadas por el Partido Popular. Las grandes firmas consideran que la ley aleja a España del resto de las prácticas comunes que delimitan la revisión de cuentas en Europa, y recuerdan también el dictamen del Consejo de Estado, en el que se denunciaba el carácter farragoso del texto y el complicado entendimiento que podía generar su aplicación de cara a un adecuado servicio de auditoría en nuestro país.

Reclamaciones al ICAC

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas considera que todos los problemas planteados tienen un carácter eminentemente técnico, por lo que rechaza la existencia de un conflicto político con el Gobierno en funciones. A partir de esta posición negociadora, el objetivo consiste ahora en ajustar la interpretación de la normativa con el fin de aclarar su implementación efectiva en los informes de auditoría que habrán de presentarse dentro de un año aproximadamente. Los nuevos preceptos legales entran en vigor al cierre de este año 2016, pero los trabajos de los auditores exigen un proceso previo de adaptación que debería ponerse en marcha antes de que el presente ejercicio económico avance de manera decisiva.

La solución que se plantea requiere el respaldo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en su calidad de organismo estatal supervisor, pero el problema ahora reside en que dicha entidad tiene una dependencia directa del Ministerio de Economía. Dicho de otro modo, en el actual 'impasse' político, nadie dentro de la actual Administración central parece dispuesto a mover ficha para suavizar una normativa en la que está empeñada la fortaleza del Gobierno para imponer su mayor celo regulatorio al sector de la auditoría en España. No conviene olvidar a este respecto que la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, fue nombrada por Guindos y reporta aún al ministro, por lo que el margen de maniobra para llegar a una 'entente cordiale' es prácticamente nulo.

Las grandes firmas multinacionales han vuelto a la carga, reclamando una transformación del organismo regulador que, al margen de su naturaleza pública, adquiera un mínimo nivel de independencia política como ocurre con otras entidades supervisoras, entre las que destacan la CNMC, la CNMV y, sobre todo, el Banco de España. A la espera de que los partidos políticos consigan clarificar la formación de un Gobierno estable, la única expectativa pasa en estos momentos por la elaboración de un reglamento de la ley que sirva como llave maestra para saltar el cerrojo de ese callejón sin salida en el que hoy por hoy es encuentra metido el sector.