La CNMC quiere que las empresas multadas por cártel no puedan contratar con el Estado

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) quiere intensificar de manera decidida la ‘cruzada’ desarrollada contra los cárteles empresariales, una constante desde la configuración del organismo único de regulación a finales de 2013. En su tercer año de vida, la CNMC se propone desplegar nuevas armas para evitar este tipo de prácticas anticompetitivas, que se traducen en forma de mayores precios para el consumidor y que durante 2015 han motivado multas de 507 millones de euros.

La batería de medidas que prepara la CNMC se sustenta en las próximas normativas sobre contratación pública que el Ministerio de Hacienda remitió al Consejo de Estado el pasado mes de octubre y que podrían ser de las primeras en entrar al Parlamento una vez que la actual legislatura adquiera carta real de naturaleza. La complejidad de los pactos políticos está generando un grave 'impasse' legislativo, pero precisamente por ello se espera que los nuevos textos normativos que regularán el marco de relaciones con la Administración del Estado sean tramitados sin mayores dilaciones en cuanto pueda formarse un Gobierno estable en España.

La contratación pública supone cerca del 20% del PIB en España, y la CNMC valoró positivamente la reforma en ciernes, que otorgará una especial relevancia a las relaciones entre los contratistas del Estado y las autoridades de competencia. En este marco de actuación, el organismo regulador quiere aprovechar la adaptación de las directivas comunitarias al ordenamiento mercantil para abrir un frente nuevo de acoso y derribo contra los cárteles. A tal efecto, la asesoría jurídica de la entidad encargada de velar por el correcto funcionamiento del mercado está trabajando en un informe orientado a establecer una nueva política sancionadora que afectará a los expedientes incoados desde octubre del pasado año.

Las nuevas leyes sobre contratación pública pueden resultar decisivas para aumentar en la práctica los poderes sancionadores de la CNMC

El objetivo enunciado por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, consiste en disuadir de prácticas habituales en muchos sectores de actividad que inducen a las empresas a pactar precios, repartirse los contratos o intercambiar información comercialmente sensible para evitar competir entre sí. Este tipo de conductas serán castigadas con las pertinentes multas, pero además motivarán una sanción especialmente disuasoria, como es la posibilidad de que las empresas involucradas sean excluidas de la licitación pública, según ha anunciado el director de Competencia de la propia CNMC, Eduardo Prieto.

De manera paralela, el organismo único de regulación se propone aplicar también desde este mismo año el artículo 63.2 de la actual Ley de Defensa de la Competencia, que faculta la imposición de multas de hasta 60.000 euros a las personas que hayan intervenido en los acuerdos objeto de denuncia. Las resoluciones sobre cárteles que hace públicas la CNMC contienen amplios detalles sobre los ejecutivos que participan en la toma de estas decisiones irregulares, los cuales quedarán marcados a partir de ahora con independencia de que el coste económico de la sanción termine siendo pagado por sus respectivas empresas.

Los cárteles son intrínsecamente negativos para la competencia, según han denunciado en repetidas ocasiones los responsables de supervisar los mercados. Desde la creación de la nueva entidad de regulación y competencia, se han desmontado cerca de 70 organizaciones de esta naturaleza, por lo que ahora se impone una estrategia mucho más punitiva, con correctivos que hagan cada vez menos viable la utilización de prácticas que en España han sido moneda de uso común desde hace años. Los cárteles son un antecedente claro de lo que podría entenderse como un principio de corrupción dentro de una economía libre de mercado, y no conviene olvidar que la propia CNMC tiene estudios que fijan en 48.000 millones de euros la factura de la corrupción en nuestro país.

Las autoridades de competencia impusieron un récord de multas de 549 millones en 2015, de los que 507 fueron contra 14 cárteles de 250 empresas

La mayor parte de esta corrupción está vinculada con la contratación pública, dado además el enorme desconocimiento que existe dentro de la Administración sobre la legislación en materia de competencia. La CNMC es consciente de esta laguna y ha puesto en marcha un programa de trabajo que se viene llevando a cabo desde hace medio año y cuya finalidad consiste en que los diferentes organismos estatales tengan capacidad para detectar la aparición de pujas fraudulentas en proyectos de licitación pública que terminan dando lugar a contratos claramente perniciosos para el erario público.

El total de multas impuestas por la CNMC en 2015 alcanzó la cifra récord de 549 millones de euros, de los que un 92% fue repartido entre 14 cárteles en los que han estado involucradas 250 empresas de sectores tan diversos como la fabricación de automóviles, concesionarios, gestión de residuos, industrias lácteas, cartón y papel ondulado, combustibles de automoción, redes de abanderamiento de gasolineras y construcciones modulares. El Tribunal Supremo ha exigido recientementea al organismo regulador que modifique el procedimiento de cálculo de las sanciones, pero la CNMC considera que estas sentencias del alto tribunal no implican necesariamente una reducción de las multas.

En España, las sanciones en materia de competencia son recurribles ante la Audiencia Nacional y, en última instancia, ante el propio Tribunal Supremo, por lo que su eficacia no adquiere condición firme hasta pasados una media de ocho años. La experiencia demuestra que, a la postre, las multas se pagan en un 80% de su importe inicial, pero ahora la CNMC trata de manejar medidas coercitivas que eviten la ocasión para no tener que asumir el peligro de un castigo mucho más ejemplarizante, como sería la imposibilidad de contratar con el Estado. De lo contrario, los cárteles seguirán disfrutando del paraíso que tradicionalmente han encontrado en España.