MÁS DE 200 millones en el aire

Zaragoza en Común afronta un clamor de críticas ante la paralización de proyectos

La oposición culpa a Podemos de guardar cuatro proyectos urbanísticos en un cajón y ahuyentar a los inversores. El Gobierno municipal lo niega y asegura que los intereses privados no marcarán los ritmos

Foto: Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza por la marca blanca de Podemos, Zaragoza en Común. (EFE)
Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza por la marca blanca de Podemos, Zaragoza en Común. (EFE)

Una inversión de 60 millones, 1.600 puestos de trabajo y una superficie de 63.000 metros cuadrados. Son las características de TorreVillage, uno de los proyectos urbanísticos en 'standby' desde que Zaragoza en Común (ZeC) llegase al Gobierno municipal, o así lo denuncian los propios inversores. Acusan a la marca blanca de Podemos de tener paralizados todos los trámites administrativos aunque los requisitos técnicos se cumplan. “Todo lo que tiene relación con temas urbanísticos está bloqueado. Estamos a los pies de los caballos”, aseguran fuentes de TorreVillage a este periódico.

Este proyecto es iniciativa de la familia Solans, propietaria de Pikolín. En sus planes entra construir un paseo comercial al aire libre en formato 'outlet' en los terrenos donde actualmente está la fábrica de Pikolín, una inversión que asciende a 60 millones de euros. Aunque dicen haber presentado toda la documentación pertinente, aún esperan a que el ayuntamiento mueva ficha. “TorreVillage lleva ritmos de tramitación normal. Los proyectos urbanísticos no se hacen en cinco minutos”, responden fuentes de ZeC. Podemos gobierna en Zaragoza desde mayo gracias al apoyo del PSOE y la Chunta Aragonesista.

“Los poderes oligárquicos no marcarán el ritmo”

Zaragoza en Común niega que haya cualquier tipo de paralización y carga contra “el uso interesado de la información por parte de propietarios del suelo y poderes oligárquicos”. No opinan lo mismo grupos de la oposición como el PP, que ve un claro “veto político por prejuicios ideológicos” y responsabiliza al Gobierno municipal de que más de 200 millones de euros de inversión estén en el aire. “Están poniendo palos en las ruedas de algo que deberíamos recibir con los brazos abiertos. Todo lo que sea construir nueva vivienda o espacios vinculados a la iniciativa privada les chirría”, señalan fuentes del grupo municipal popular.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, abraza al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. (EFE)
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, abraza al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. (EFE)

Y es que TorreVillage no es el único proyecto que no termina de arrancar. La oposición denuncia otras tres potenciales inversiones que llevan un tiempo paradas, como la construcción de un supermercado en los terrenos del antiguo colegio Lestonnac en Torrero (ocho millones) -lo que requeriría recalificar el suelo para convertirlo en comercial- o el interés del grupo Quirón por levantar un hospital en una parcela cercana al Estadio de La Romareda (100 millones). ZeC cree que “se están mezclando unas cosas con otras para hacer ruido” y matiza que Quirón no se ha dirigido al ayuntamiento para manifestar sus intenciones formalmente, aunque el grupo hospitalario no ha querido confirmar este punto.

TorreVillage no es el único proyecto que no termina de arrancar. Hay al menos otros tres en 'standby'

“Efectivamente, tenemos planes de expansión a nivel nacional y nos gustaría construir un gran hospital en la ciudad. Estamos valorando muchos terrenos, como la Romareda”, explican desde Quirón. El grupo municipal socialista se suma a las críticas contra Zaragoza en Común ante su supuesta falta de voluntad política por sacar adelante los proyectos. “De ritmo normal, nada de nada. Los trámites están paralizados y esa sensación ya llega a los ciudadanos”, opina la concejala Lola Ranera.

La portavoz de Urbanismo del PSOE sostiene que Zaragoza no se puede permitir el lujo de poner piedras en el camino de los inversores en un momento de crisis. La prioridad de los gobernantes debería ser generar empleo y aparcar “ese discurso del siglo XX de que las empresas son malas”, destaca. Desde Ciudadanos, puntualizan que “cada proyecto es diferente”, aunque sí reconocen que ninguno de ellos avanza. “Apoyamos las inversiones que supongan empleo y riqueza para la ciudad”, zanja la concejala Sara Fernández. 

Averly, un caso aparte

La constructora Brial planea construir 160 pisos en las instalaciones de la vieja y emblemática factoría de Averly, un proyecto valorado en 50 millones de euros que crearía 230 puestos de trabajo directos durante siete años. La operación no resulta tan sencilla, porque el 32% del complejo está protegido por su interés patrimonial. El caso está en manos del juez, después de que Apudepa, una asociación en defensa de la fábrica, lo llevase a los tribunales.

No obstante, Urbanismo ya puede otorgar el permiso de derribo y aún no lo ha hecho. "Ya nos tenían que haber dado la licencia y estamos esperando", señalan fuentes de la constructora. Además aseguran que se han visto obligados a hacer un ERE tras comprar los terrenos para edificar en 2013. “Hablar de Averly es hablar de desinversión. Perderíamos uno de los 100 bienes más importantes del patrimonio industrial español”, considera por su parte Carlos Bitrian, presidente de Apudepa y miembro de la plataforma Salvemos Averly. Por eso, pide soluciones políticas en las que prime el interés general. "La conservación del patrimonio debe estar por encima de los intereses privados", considera.

La conservación del patrimonio debe estar por encima de los intereses privados

Fuentes del ayuntamiento admiten que han intentado convencer a la constructora para que edifique en otro terreno, unas negociaciones aplaudidas por Apudepa. A su juicio, es pronto para hablar de paralización en lo referente a proyectos como el supermercado en Torrero porque “la solicitud entró el pasado 15 de enero”. Podemos insiste en que “los ritmos de tramitación no son los de la prensa, los partidos políticos o los intereses privados”. Los socialistas acusan a Zaragoza en Común de adoptar demasiadas medidas de 'postureo' y de gobernar solo para los suyos, mientras que los populares advierten de una sensación generalizada de inseguridad jurídica que ahuyenta a la inversión en un momento crítico para la economía española.

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