Daesh dio la puntilla a Altadis en La Rioja con la prohibición de fumar en Irak y Siria

Cuando José Manuel Soria se reunió el pasado viernes con el presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, en un intento desesperado del Gobierno por evitar el cierre de la fábrica que la tabacalera tiene en La Rioja, el actual ministro en funciones de Industria se encontró con una negativa irreversible y un argumento demoledor. La planta estaba desahuciada desde hace tiempo en la estrategia corporativa de la compañía, pero ahora la irrupción del llamado Estado Islámico del Daesh en Irak y Siria había echado por tierra cualquier opción alternativa, debido a la prohibición de fumar en ambos países, que constituyen los dos grandes mercados internacionales de la filial española de Imperial Tobacco.

El autoproclamado 'Califato' terrorista ha supuesto la puntilla definitiva para la mayor instalación productiva en toda la comunidad riojana, superior incluso a las numerosas y célebres bodegas de la región. La multinacional británica tenía planificado desde hace tiempo el cierre de su última fábrica de cigarrillos en España, dentro de un proceso que ha supuesto el cese de actividad de otras 11 instalaciones desde el año 2000. La importancia estratégica de Altadis como motor industrial de toda La Rioja había ido retrasando la decisión, pero la pérdida del mercado de exportación ha sido el detonante último que ha llevado a los directivos de la compañía a dar el paso decisivo en un momento de clara incertidumbre política en el país.

El Ministerio de Industria tenía más bien poco que hacer, más allá de mostrar la mejor voluntad de colaboración con la empresa. Altadis rechazó cualquier posibilidad de ayuda, agradeciendo el detalle, pero reafirmando al mismo tiempo la imposibilidad de revertir una posición que había sido adoptada por la dirección británica y cuya materialización está ahora pendiente de llegar a un acuerdo rápido con los representantes de los trabajadores. El cierre de La Rioja afecta a 471 empleados de la compañía, un 46% del total de la plantilla que a día de hoy tiene la empresa nacida en 1999, tras la fusión de Tabacalera y la francesa Seita, cuando la antigua compañía arrendataria del monopolio de tabaco era presidida por César Alierta.

Los responsables de Altadis han emprendido esta misma semana contactos con el Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez, a fin de acelerar la tramitación de todo el proceso de ajuste que permita el cese de las actividades en Logroño el próximo 30 de junio. La empresa trata de perfilar un plan que permita la liquidación de la planta y la extinción de los contratos, para lo cual ofrece a los sindicatos la garantía de las condiciones fijadas en el ERE acordado el año 2009 y cuya vigencia termina este mes de marzo. A partir de entonces, entrará en juego la nueva regulación del mercado de trabajo, con un esquema de negociación mucho más restrictivo y, por tanto, más complicado a la hora de evitar un conflicto social.

Los sindicatos denuncian que la empresa “justifica lo injustificable“ y recuerdan los pactos firmados hace nueve años para evitar el cierre de la fábrica

El plan de reestructuración que ha puesto Altadis sobre la mesa pasa por un ajuste no traumático que incluye 180 prejubilaciones con un 70% del salario. El resto del excedente sería abordado mediante recolocaciones y bajas incentivas. Los sindicatos, de momento, rechazan la posición de la compañía y denuncian que la estrategia de Imperial Tobacco está orientada a la típica deslocalización porque, en su opinión, la producción será trasladada a otros países del grupo dentro de la Unión Europea. Los representantes de los trabajadores entienden que el ERE firmado hace siete años se sustentaba bajo la premisa fundamental de evitar el cierre de la fábrica, y denuncian que Altadis trata ahora de incumplir sus compromisos “justificando lo injustificable”.

El Gobierno regional también se ha movilizado en busca de soluciones de emergencia, y la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, ha mantenido intensos contactos con distintos representantes comunitarios, entre los que destacan los vicepresidentes del Parlamento Europeo Ramón Luis Varcárcel y Antonio Tajani. El Ejecutivo autonómico que preside José Ignacio Ceniceros es consciente del desgaste político que puede suponer la desaparición de una fábrica que, además de la pérdidas de los puestos de trabajo que acarrea el cierre, dejará a la intemperie a otro medio millar de familias que viven de manera indirecta de las actividades de Altadis.

La estrategia de Imperial Tobacco parece definitivamente centrada en España a través de la producción de cigarros puros que Altadis lleva a cabo en la planta situada en Cantabria, y que la multinacional británica quiere convertir en centro de excelencia para todo el mercado global. El segmento de cigarrillos, por el contrario, no tiene mayor expectativa de negocio, dadas las enormes restricciones impuestas al tabaco en el mercado doméstico, lo que ha supuesto un recorte de ventas del 45% en los últimos cinco años. En el mismo periodo, los mercados exteriores han reducido también la actividad más de un 20% y las esperanzas que existían en Oriente Medio se han desvanecido en la misma medida en que el ISIS ha impuesto el yugo en Siria e Irak, curiosa y desgraciadamente los dos principales clientes internacionales de Altadis.