El BdE pide una reforma financiera y más poder supervisor en pleno 'impasse' político

'Twin peaks'. Para muchos, el nombre de una serie de televisión de culto. Para el sector financiero, un modelo de supervisión basado en dos pilares, uno dedicado a la vigilancia de la solvencia de todas las entidades -bancos, aseguradoras y empresas de servicios de inversión- y otro encargado de controlar los códigos de conducta, el buen funcionamiento de los mercados y la protección de los inversores. En España, la instauración del modelo 'twin peaks' fue una aspiración real. Pero llegó la crisis. Y esas intenciones fueron condenadas al ostracismo.

Hasta este lunes, porque el subgobernador del Banco de España (BdE), Fernando Restoy, ha pedido "reanudar la reflexión" para rescatar ese viejo proyecto dentro de una reforma más profunda que abarque igualmente otros procedimientos de supervisión y resolución bancaria y las reclamaciones de los clientes financieros. Restoy ha formulado esta petición durante su intervención en la presentación de la séptima edición de la 'Guía del sistema financiero español', realizada por Afi con el patrocinio de Funcas. Y el momento elegido por el Banco de España para realizar este llamamiento otorga una trascendencia especial a sus palabras, puesto que se produce en pleno 'impasse' político y con todo por decidir en la configuración del nuevo Gobierno.

En este contexto, Restoy ha recordado que "la necesidad de modernizar la organización de la supervisión -con el fin de ajustarla al modelo de 'twin peaks' predominante en Europa- fue en su momento defendida de forma generalizada por los responsables públicos. Por ejemplo, para las elecciones generales de 2008, los dos principales partidos políticos incluyeron en sus respectivos programas electorales proyectos muy similares de reforma del modelo supervisor en la dirección señalada".

"Una rareza en el ámbito europeo"

Restoy no ha dudado en calificar el modelo vigente ahora en España como "una rareza en el ámbito europeo". Actualmente, rige una supervisión sectorial, en la que el BdE se ocupa de las entidades de crédito y su conducta en la comercialización de productos; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la vigilancia de los mercados y la solvencia y la conducta de las empresas de servicios de inversión y otros intermediarios -como las gestoras de fondos de inversión- y la comercialización de productos considerados como valores, y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS), de la solvencia y la conducta de las compañías de seguros y de la operativa de los fondos de pensiones y sus gestoras.

A su juicio, este sistema "no incorpora las lecciones más relevantes de la crisis financiera en cuanto a la forma más adecuada de prevenir posibles conflictos de interés y de asegurar el aprovechamiento de las sinergias existentes entre las distintas funciones de vigilancia". Por eso, propone una modernización para que se imponga ese modelo con dos pilares. Por un lado, el BdE se ocuparía de la supervisión prudencial de las entidades de crédito, de seguros y de las empresas de servicios de inversión. Y por otro, una entidad surgida a partir de la actual CNMV se dedicaría a la vigilancia de los mercados y a la supervisión de la conducta de los intermediarios financieros.

El BdE, por tanto, vería ampliados sus poderes supervisores a los seguros, los planes de pensiones y las empresas de servicios de inversión. La nueva CNMV, por su parte, tomaría del Banco de España la vigilancia del código de conducta de las entidades de crédito y su servicio de reclamaciones. En cuanto a la DGS, cedería sus funciones actuales el BdE. En este sentido, Restoy se ha mostrado especialmente crítico con el sistema actual. "El esquema institucional vigente en España mantiene desde siempre un segmento del sistema financiero -el formado por las compañías de seguros y los fondos de pensiones- bajo la vigilancia de un organismo con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales". Y lo mismo ha dicho con respecto a la labor de las auditoras: "Algo parecido cabría señalar en relación con el sector de compañías de auditoría, que también desempeñan un papel relevante en el adecuado funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales, y cuya supervisión se ejerce también, históricamente, por un organismo no independiente del Gobierno de la nación".

Reclamaciones vinculantes

Pero Restoy no se ha quedado ahí. Dentro de la puesta a punto integral que, en su opinión, precisa el modelo supervisor español, apela a que "debería también explorarse la posibilidad de integrar en el nuevo esquema un sistema reforzado de resolución de conflictos entre las distintas instituciones financieras y sus clientes -los actuales sistemas de reclamaciones- que previera la emisión de dictámenes vinculantes para las entidades afectadas".

Actualmente, este sistema está repartido entre los distintos supervisores, con lo que no cuenta con reglas uniformes. Para Restoy, el modelo sectorial "establece regímenes supervisores distintos, que implican esquemas de protección del inversor no homogéneos, sobre la comercialización de productos financieros, atendiendo a una categorización que los clasifica, a veces de modo artificioso, como valor, producto bancario o producto de seguros". Además, los dictámenes no son vinculantes, con lo que las reclamaciones de los clientes pierden fuerza, una situación ante la que Restoy exige el poder que otorgaría que sí fueran vinculantes.

Más asignaturas pendientes

El 'repaso' del subgobernador del BdE también se ha referido a las políticas macroprudenciales, es decir, a las grandes tareas de supervisión y vigilancia del sector financiero. Aunque en España se han dado pasos para adaptarse a la nueva normativa europea y mundial, Restoy ha matizado que queda una asignatura pendiente. "En España no se dispone todavía de un comité o foro macroprudencial, con representación de las autoridades gubernamentales y los supervisores financieros, que evalúe las condiciones macrofinancieras desde una perspectiva amplia y que tenga la capacidad de formular recomendaciones sobre las políticas públicas que puedan afectar a la estabilidad financiera", ha demandado. Y para dejar claro que España va con retraso, ha añadido: "Estos comités se han constituido en la práctica totalidad de los estados miembros de la UE, normalmente bajo el liderazgo del banco central, siguiendo la recomendación efectuada por la Junta Europea de Riesgo Sistémico que engloba a todas las autoridades reguladoras y supervisoras y los bancos centrales de la UE".

Restoy tampoco se ha olvidado de las funciones de resolución de las entidades. En el sistema actual, el BdE se ocupa de la preparación y la planificación de la resolución de las entidades de crédito, en tanto que la ejecución de la resolución corresponde al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "Este esquema resulta ciertamente más complejo que el adoptado en la gran mayoría de los estados miembros, que han situado todas las funciones de resolución, ya sean preventivas o ejecutivas, en el ámbito del supervisor prudencial nacional", ha asegurado.

En este sentido, y aunque ha valorado positivamente la coordinación entre el BdE y el FROB, Restoy ha recordado que "la Ley 11/2015 establece en su preámbulo que este esquema de distribución de funciones deberá ser evaluado una vez culminada -dentro de dos años- la ejecución de los planes de reestructuración actualmente en marcha, a la luz de la experiencia acumulada hasta entonces, en aras del logro de una mayor eficiencia".