Endesa e Iberdrola aceleran el cierre de la planta de Elcogas ante el vacío de Gobierno

Mientras España entra en el terreno inhóspito de la ingobernabilidad tras los resultados electorales del 20-D, la actividad empresarial no se detiene. O sí, según se mire. Endesa, Electricité de France (EDF) e Iberdrola han decidido cerrar la planta de ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) salvo que el Gobierno, en caso de existir antes del 31 de enero, les garantice unas ayudas públicas que, además, podrían ser rechazadas por la Comisión Europea.

El consejo de administración de Elcogas se reunió este lunes tras la resaca de los comicios generales para analizar el informe solicitado a Pricewaterhouse con el objeto de saber si la planta castellanomanchega tenía algún tipo de viabilidad después de muchos meses de inactividad. Aunque el cierre estaba previsto para el pasado 31 de octubre, el ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió a Endesa, Electricité de France e Iberdrola, los tres mayores accionistas, que mantuvieran abierta la instalación para evitar un golpe industrial en plena precampaña electoral.

Las tres eléctricas fueron sensibles a la petición del Gobierno y retiraron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 150 empleados. Las dos partes se citaron para tomar una decisión definitiva el próximo 31 de enero de 2016 mientras las compañías pedían un informe a Pricewaterhouse para concretar qué sería necesario para que Elcogas siguiera en funcionamiento.

El informe de la consultora es muy explícito. La propuesta de Elcogas contempla el desarrollo de una planta de generación eléctrica híbrida a partir del uso limpio de carbón, y la incorporación en un 30% de su capacidad con biomasa (orujillo de aceituna, granilla de uva y residuos forestales), así como otros residuos sólidos urbanos. Sería necesario un cambio del mix de producción –modificación de la procedencia del carbón quemado para obtener el gas- y una mejora del régimen retributivo, que ahora mismo parece muy difícil de ejecutar porque se traduciría en ayudas directas del Estado. Un requisito que Bruselas, en cualquier caso, pondría en cuarentena y probablemente rechazaría, por lo que el futuro de Elcogas está condenado al cierre. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE ya tumbó el anterior plan de viabilidad el 22 de octubre de 2014, año en el que los tres mayores accionistas tuvieron que enjuagar pérdidas millonarias mediante reducción de capital.

Modificaciones regulatorias

Endesa, con el 45% de las acciones, EDF, con el 31,5%, e Iberdrola, con un 12%, deterioraron en cerca de 100 millones totales su participaciones en Elcogas porque la planta de gasificación de carbón integrado no generaba dinero suficiente para hacer frente a los casi 130 millones de deuda bancaria. Ante esta situación, las eléctricas pidieron a Industria el 1 de julio del pasado ejercicio la autorización para el cese de la explotación de la central, solicitud que quedó a la espera de una serie de modificaciones regulatorias que nunca llegaron para que la planta pudiera seguir activa.

Pese a los esfuerzos de Endesa, EDF, Iberdrola, más Hidrocantábrico y Siemens, que tienen participaciones minoritarias, lo cierto es que la situación de Elcogas es insostenible, más teniendo en cuenta el vacío de poder en Industria ante la inexistencia de un Gobierno con capacidad para tomar decisiones estratégicas. Como además se prevé que las negociaciones para elegir a un nuevo inquilino de la Moncloa se alargarán más allá del 31 de enero, la probabilidad de que la central se paralice se multiplica.

La prórroga concedida en octubre fue otorgada "con carácter extraordinario y por una única vez”, según se publicó en el Boletín Oficial del Estado, por lo que, salvo maniobra de última hora, muy difícil ante la ausencia de Ejecutivo, tampoco se confía en la concesión de una nueva extensión del plazo de cierre.

Elcogas vivía de la norma sobre Restricciones por Garantía de Suministro, que primaba a las centrales térmicas que quemaban carbón nacional, tal y como fijó el Plan Nacional del Carbón 2006-2012. Un plan que venció a finales de 2014 y que no fue renovado por José Manuel Soria. Una decisión que la ha condenado a ser una máquina de perder dinero y a que la empresa esté en situación de insolvencia, motivo por el cual sus accionistas consideran que la única solución es bajar la persiana.