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Innovar o copiar: el dilema por resolver en el código de buenas prácticas de Agricultura
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Innovar o copiar: el dilema por resolver en el código de buenas prácticas de Agricultura

A finales de noviembre se aprobó el Código de Buenas Practicas Mercantiles, último fleco de la Ley de la Cadena Alimentaria impulsada por la cartera de Agricultura a lo largo de la legislatura

Son todos los que están y están casi todos los que son. Salvo la baja de última hora de algunos operadores relevantes de la distribución (Carrefour y El Corte Inglés), a finales de noviembre se aprobó el Código de Buenas Practicas Mercantiles, último fleco de la Ley de la Cadena Alimentaria lanzada por Agricultura. Para valorar el impacto de este impulso legislativo, El Confidencial y Promarca organizaron una mesa redonda días después con algunos de los protagonistas, entre ellos Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación del ministerio, que valora este impulso legislativo como “un hito en las relaciones comerciales entre las partes de la cadena”.

La firma del Código de Buenas Prácticas se erige como el tercer pilar, tras el desarrollo de la propia Ley de la Cadena y la creación posterior de la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). “Ahora que sabemos qué es lo adecuado y lo tolerable, se ha decidido en avanzar un poco más de forma voluntaria”, subraya el propio Cabanas. Sin embargo, como recuerda Luis Berenguer, 'senior advisor' de Broseta y ex presidente de la CNMC, este avance “no es garantía de que se vayan a solucionar todos los problemas, debe haber voluntar de cumplir tanto la ley como el código”, consciente de que las nuevas formas de distribución han transformado las relaciones de poder.

Crítico, aunque a la vez que satisfecho, el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, considera que esta ley “es lo máximo a lo que podíamos llegar”. Su discurso pone el foco en el fomento de la innovación y en la gestión de las categorías como asuntos clave sobre los que toca asegurar el cumplimiento del nuevo marco legislativo, restringido antes en exclusva al ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia y, por tanto, a la tutela del Ministerio de Economía. No en vano, este apartado enfrenta a fabricantes y gran distribución de manera frontal desde el momento que las referencias de marca blanca compiten en los lineales con una cuota de mercado del 40%.

La voz del sector primario también comparte la relevancia del paso dado. A través de Agustín Herrero, subdirector de Cooperativas Agroalimentarias, su valoración es positiva “teniendo en cuenta el cambio de poderes y la progresiva desaparición e influencia de la PAC en la fijación de precios”. Ante esta nueva realidad, la culminación del Código de Buenas Prácticas “debe ayudar a hacer mejor las cosas a aquellos operadores dispuestos”. En definitiva, es un “buen instrumento de trabajo” o una “buena herramienta”, como señala Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ya que permite que la transferencia de riesgo en la cadena alimentaria quede más acotada y no recaiga siempre en la parte más débil.

Por este motivo, Carlos Cabanas recuerda la intención de Agricultura de que la industria agroalimentaria sea sostenible, partiendo del principio de que se pueda pagar a todos los elementos de la cadena (abajo-arriba) y al tiempo se preserve el estímulo para generar más calidad (innovación). El reto, como precisa Luis Berenguer, está en evaluar la nueva cultura de mercado entre los consumidores (marca blanca) y medir su impacto en el desarrollo de la innovación. Y en ese ámbito, tanto la no adhesión al Código de Buenas Prácticas como el régimen de sanciones de la AICA (multa económica frente a coste reputacional) parecen insuficientes para limar abusos existentes.

Tras la importancia que el factor precio tiene a raíz de la crisis en el desarrollo de la cadena alimentaria, Ignacio Larracoechea reclama la necesidad de superar ese estadio, pues en su opinión “no construiremos un gran sector basados en un modelo low cost” si no se marca como objetivo global la innovación para crear productos de más valor añadido. Por eso, como puntualiza Aguntín Herrero, “no se puede exigir al consumidor que haga toda esa reflexión a la hora de hacer su compra. Los cambios de hábitos nunca ocurren a corto plazo. Hasta que eso se materializa, la capacidad de corregir el poder de mercado está en los agentes y en su modo de organizarse”.

Por este motivo, también Mauricio García de Quevedo es consciente de que para asentar esos cambios culturales dentro de la cadena alimentaria es necesario que antes se avance en “equilibrar la relación entre los agentes, dimensionar a las compañías y empoderar a los consumidores”. Dicho lo cual, será cuestión de tiempo valorar si este avance legislativo, incluido el aclamado Código de Buenas Prácticas, es suficiente para corregir los desequilibrios existentes entre productores, fabricantes y distribuidores, más allá del factor ‘low cost’ que tanto ha marcado las relaciones entre todos los agentes, incluido el consumidor final.

Son todos los que están y están casi todos los que son. Salvo la baja de última hora de algunos operadores relevantes de la distribución (Carrefour y El Corte Inglés), a finales de noviembre se aprobó el Código de Buenas Practicas Mercantiles, último fleco de la Ley de la Cadena Alimentaria lanzada por Agricultura. Para valorar el impacto de este impulso legislativo, El Confidencial y Promarca organizaron una mesa redonda días después con algunos de los protagonistas, entre ellos Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación del ministerio, que valora este impulso legislativo como “un hito en las relaciones comerciales entre las partes de la cadena”.

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