Abengoa ofrecerá a la banca capitalizar deuda por un mínimo de 2.000 millones

El rescate de Abengoa se perfila bajo un denominador común, que pasa por la capitalización de deuda o, lo que es igual, el traspaso del control accionarial a los bancos acreedores. La metamorfosis del grupo que todavía controla la familia Benjumea es condición sine qua non para obtener una mínima garantía de supervivencia. Pero la operación tendrá que superar enormes escollos, además de convencer a los vigilantes de la CNMV, que han encendido todas las alarmas a fin de evitar que el proceso se convierta en un nuevo escándalo con graves daños colaterales para la entidad supervisora.

El planteamiento de la compañía apunta a una capitalización mínima de 2.000 millones de euros, lo que en números redondos supone el 40% del pasivo bancario corporativo estimado en 5.000 millones. Aparte están las emisiones de bonos por otros 4.400 millones de euros, cuya cotización en el mercado ha caído en los últimos días por debajo del 20%. A todo ello hay que añadir la deuda asignada a proyectos, cuyo detalle debe ser expuesto en la reunión que los representantes de Abengoa tienen previsto celebrar hoy con los distintos estamentos acreedores y la consultora KPMG, que actúa como mediadora en todo el proceso de negociaciones.

El organismo que preside Elvira Rodríguez ha estado siguiendo muy de cerca las evoluciones de Abengoa, especialmente desde que hace casi dos años los abogados de la empresa se presentaron ante el regulador con el proyecto de excluir de cotización sus célebres acciones de la clase B. La CNMV despachó el expediente con cajas destempladas y una negativa rotunda por respuesta, pero el episodio dejó un aroma de desconfianza que ha vuelto a ponerse de relieve con motivo del reciente acuerdo de bases para la entrada de Gestamp en el capital del grupo sevillano.

Las negociaciones con los acreedores proseguirán hoy tras la primera toma de contacto mantenida el viernes con la asistencia de KMPG en calidad de mediador

El intento del conglomerado industrial de los hermanos Riberas para hacerse con el 28% de Abengoa fracasó antes de que la CNMV tuviera que otorgar su preceptiva autorización. No obstante, la entidad encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados esperaba acontecimientos con la escopeta cargada como coloquialmente se entiende. La Comisión de Valores había previsto no pocas cautelas que podían incluso obligar a Gestamp a lanzar una oferta pública de adquisición en bolsa (OPA) o a reducir también el peso efectivo de los derechos políticos que le correspondían por su anunciada inversión de 350 millones en el capital de Abengoa.

La situación se vuelve a repetir ahora, en esta segunda y forzada ‘operación de socorro y salvamento’. Si algo está claro en cualquier momento del proceso es la dilución de la familia Benjumea como socios de referencia en Abengoa, lo que llevará aparejada la desaparición de todos sus derechos de voto. Eso es lo que estaba pactado con Gestamp y lo que tiene en guardia a la CNMV ante la radical transformación societaria que ha de registrar la compañía, una vez que se acuerde con la banca el importe final de las deudas que serán convertidas en acciones.

Los bancos prefieren ir directamente al concurso porque así la inyección de nuevos fondos sería deuda senior con vistas al posterior convenio de acreedores

Las entidades financieras están forzando al límite la negociación y se resisten a aportar nuevas líneas de liquidez mientras la empresa no garantice un esfuerzo complementario mediante la aplicación automática de un plan de viabilidad que puede resultar draconiano para el futuro de Abengoa. Los bancos piden al grupo que disponga de su filial en Estados Unidos, Abengoa Yield, como prenda colateral para garantizar un puente de financiación de cara a la recapitalización posterior de deudas. Al mismo tiempo la empresa estaría obligada a determinar un plan de desinversión de activos por importe mínimo de 1.200 millones y un recorte del 40% de sus gastos corrientes.

La lucha contra reloj en que se ha convertido el rescate de Abengoa induce a manejar los tiempos con especial prudencia. Parte de los acreedores se muestran indolentes ante la posibilidad de que la empresa tenga que presentar la suspensión de pagos sin agotar los cuatro meses del actual preconcurso. La apelación al artículo 5 bis de la Ley Concursal que permite la negociación de un acuerdo extrajudicial comporta, sin embargo, un elemento esencial para la protección de los miembros del consejo de administración con vistas a las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir ahora la compañía.

Los bancos prefieren, por el contrario, una declaración efectiva de concurso ante el juzgado mercantil de Sevilla ya que de esta forma cualquier dotación de nuevos fondos tendría consideración de deuda senior, lo que facultaría una primacía de cobro en el posterior convenio de acreedores. Sea como fuere, ya sea en la actual fase preconcursal o en una situación inmediata de suspensión de pagos, está claro que la propiedad de Abengoa caerá por su peso en manos de las entidades financieras. El mensaje ha sido convenientemente trasladado a los representantes legales de la familia Benjumea y de ahí que la CNMV se haya puesto las pilas para que llegue también claro y diáfano a los accionistas minoritarios.