Indra abandona Venezuela ante las trabas a las empresas del régimen de Maduro

Indra ha decidido irse de aquellos mercados en los que sus operaciones no consiguen la rentabilidad esperada. Y el primer país que Fernando Abril Martorell, el nuevo presidente de la compañía participada por el Estado español, ha decidido abandonar es Venezuela. La inestabilidad económica y política del régimen de Nicolás Maduro ha llevado a la multinacional tecnológica a vender sus filiales en Caracas, donde llevaba implantada desde hace más de 15 años.

Fuentes oficiales de Indra han confirmado las negociaciones para el traspaso de su negocio en Venezuela a un grupo de directivos latinoamericanos de la propia empresa española. Se trata de Yolanda Betancourt, consejera delegada de Indra Venezuela, y Joaquín Díaz, que fue el primer ejecutivo en Colombia y Brasil de la compañía participada también por Corporación Financiera Alba y Telefónica. Díaz creó una sociedad denominada American KPO, especializada en 'outsourcing' y que será la propietaria última de los activos de Indra en Caracas. Las conversaciones están muy avanzadas a falta de los últimos trámites para el cierre del acuerdo.

La versión oficial del grupo español es que la marcha de Venezuela enlaza con el plan estratégico anunciado antes del verano en el que se expuso la intención de centrarse en los negocios y las regiones que ofrezcan un retorno adecuado de la inversión. Una concentración de los recursos para optimizar las estructuras y los costes, al comprobar que muchos de los proyectos que Indra había conseguido en gran parte de Latinoamérica no habían dado los resultados esperados.

De hecho, las pérdidas de 561 millones registradas en los nueve primeros meses del año han sido motivadas por el deterioro de determinadas actividades al otro lado del Atlántico, especialmente en Brasil, donde Indra se ha visto obligada a despedir a más de 1.200 empleados. La compañía explicó estas pérdidas por efectos no recurrentes totales de 589 millones de euros, de los que 264 millones fueron por provisiones, deterioros y sobrecostes de proyectos, y 160, por el ajuste de plantilla.

Pero, además de los justificantes estratégicos, Indra ha decidido traspasar su negocio en Venezuela por las dificultades operativas del país, muy condicionadas por las modificaciones constantes del valor de la divisa local, el bolívar, que se ha depreciado constantemente en los últimos años por la mala evolución económica del país. De hecho, el ajuste del cambio de la moneda venezolana contra el dólar le ha costado cerca de 2.000 millones de euros a Telefónica, la primera operadora del país, y otros cientos de millones a BBVA y a Mapfre.

Abril Martorell decide centrar sus esfuerzos en países más estables y con mejores retornos pese a los buenos contratos con BBVA y Telefónica

Además, Indra, como el resto de multinacionales con presencia en Caracas, sufre al mismo tiempo la incapacidad de transmitir sus ganancias desde las filiales a la matriz en España por decisión del Gobierno de Maduro, que impide la repatriación de dividendos. Una situación similar a la que se vive en Argentina, de donde la empresa española también podría marcharse dentro de su plan estratégico de retirada. Por si fuera poco, Indra fue acusada en su día de manipular los sistemas de recogida de votos cuando fue seleccionada para gestionar las elecciones generales a las que se presentaba el ya fallecido Hugo Chávez, lo que le granjeó muchas críticas desde varios partidos de la oposición.

La relación actual con Maduro tampoco era muy fluida, sobre todo por la tensión entre los dos países, dadas las graves y constantes acusaciones desde Caracas contra Madrid, por financiar supuestamente agrupaciones políticas contrarias al régimen oficial. Maduro ha dedicado al Gobierno adjetivos tan poco diplomáticos como "terrorista", "racista" y "ultraderechista franquista". Una coyuntura que ha llevado a Indra a abandonar el país pese a los buenos contratos de servicios de tecnología que tiene allí, como los firmados con BBVA y con Telefónica.

Indra, de la que el Estado español es el mayor accionista, con el 22% del capital, es la segunda empresa española que se marcha de Venezuela, después de que a mediados de 2009 Emilio Botín llegase a un acuerdo con Chávez para traspasarle su banco local por 750 millones de euros.