La banca andorrana compite con los fondos buitre por tomar los activos de BPA

La banca andorrana se ha lanzado a la compra de los activos y pasivos provenientes de Banca Privada de Andorra (BPA), agrupados en la sociedad de nueva creación Vall Banc. Tanto Crédit Andorrà como Andbank y Mora Banc integran el grupo de ocho bancos que han pasado a la fase de 'data room' que comenzará esta próxima semana, según han explicado fuentes financieras del Principado.

Estos tres bancos del país pirenaico compiten con fondos buitres que representan el grueso de los otros cinco participantes en el proceso de puja que se ha abierto hasta ahora para adquirir Vall Banc, el 'banco bueno' en donde se escindieron los activos y pasivos sanos de BPA.

El proceso de venta lo intermedia la firma Key Capital Partners. En total, participan ocho entidades, de las cuales la mayor parte son bancos andorranos o fondos buitre, dos bandos que buscan objetivos muy diferentes con la compra. Mientras las entidades financieras locales centran su interés en obtener sinergias con la operación y blindar el mercado de local, la estrategia de los fondos internacionales se basa en conseguir rentabilidad a costa de trocear el negocio sano de BPA.

Vall Banc incluye el 95% de los clientes del banco y un balance de más de 1.000 millones de euros, de los que cerca de 200 millones serían fondos propios. El Gobierno andorrano, a través de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el equivalente al FROB, preferiría un comprador extranjero para evitar despidos. Sin embargo, en medios financieros andorranos hay dudas sobre qué tutela pública podrá aplicarse a un fondo buitre una vez que se haga con el control de la entidad.

A partir de la próxima semana, empieza el proceso de 'due dilligence', que debería culminar con ofertas vinculantes en diciembre para acabar el año con el Vall Banc vendido, y levantar así el corralito que pesa sobre los clientes de la entidad y que lleva vigente más de nueve meses.

La intención del Gobierno andorrano que preside Toni Martí es acabar el año con el tema zanjado, con el menor impacto laboral posible, y poder así trabajar en la recuperación de la reputación del Principado como marca financiera, según explican las mismas fuentes del sector bancario.

Proceso encapsulado

La subasta del 'banco bueno' de BPA es un proceso encapsulado legalmente por el cual los futuros compradores no tendrán que asumir ninguna responsabilidad legal derivada de la reclamación de los hermanos Higini y Ramon Cierco, los accionistas de referencia de BPA, con el 75% del banco.

Los Cierco han iniciado una demanda legal en Andorra que exige 365 millones por haber perdido su control del banco en una nacionalización exprés sin haber sido formalmente acusados de nada. Las responsabilidades derivadas de esta reclamación en los tribunales recaerían sobre el Gobierno andorrano y no en el futuro comprador, con lo que la venta se lleva a cabo sin ningún tipo de esquema de protección de activos (EPA).

Bajas probabilidades

En todo caso, parece poco probable que el Gobierno andorrano acabe pagando nada por este concepto. No solo por la legendaria lentitud de la justicia andorrana sino, además, porque el presupuesto de Andorra apenas supera los 400 millones de euros, con lo cual un fallo en contra supondría hacer un siete a la cuentas públicas del pequeño país muy difícil de asumir.

El pasado mes de marzo, BPA fue intervenida por el Gobierno de Andorra a causa de una denuncia de las autoridades estadounidenses de operar como blanqueador de fondos de origen criminal, entre ellos los del ciudadano chino acusado de diversos delitos Gao Ping. Ello provocó también que Banco de Madrid, filial al 100% de BPA, entrase en concurso de acreedores. Posteriormente, el banco fue nacionalizado de manera rápida y se creó el actual Vall Banc, con los activos sanos con la intención de subastarlos, tal y como se está ejecutando en este momento.