La guerra de la fibra óptica: Telefónica en la banda ancha y la CNMC en la vía estrecha

Lo dice bien claro la propia Telefónica en el folleto continuado suscrito a finales de octubre por su secretario general, Ramiro Sánchez de Lerín, y con el que la principal multinacional española empieza a cruzar los dedos ante la nueva regulación de la banda ancha que la CNMC ha anunciado para finales de año: “Puede dar lugar a una modificación, con cierto incremento, de las actuales obligaciones regulatorias de Telefónica de España en lo relativo al acceso a la red de fibra óptica, así como en determinados aspectos específicamente referidos al segmento de empresas”, precisa la operadora en su análisis sobre los factores de riesgo a los que habrá de enfrentarse en un inmediato futuro.

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En el mercado doméstico, la preocupación más acuciante de Telefónica está localizada claramente por la madrileña calle de Alcalá, donde a diferencia de lo que inspiraba al pasodoble, no son precisamente flores lo que reparten los padres de la sagrada competencia que allí residen. El grupo de comisionados que preside José María Marín Quemada lanzó en diciembre del pasado año una consulta pública con el fin de dar una vuelta de tuerca a los mercados mayoristas de banda ancha, tanto en lo que concierne a las infraestructuras de las redes de acceso fijas como a los servicios que prestan las operadoras. Ni qué decir tiene que la pretensión de Telefónica ante el diluvio que viene no va mucho más lejos de la plegaria invocada por el paralítico de Lourdes: ¡Virgencita, virgencita, que me quede como estoy!

El llamado ‘supervisor mayor del Reino’ trabaja bajo el amparo de las normativas comunitarias y justifica su buena fe en el legítimo intento de congeniar la competencia efectiva en el mercado con la promoción de inversiones en redes de nueva generación; todo un desafío, por no decir una contradicción in terminis, a tenor del coste que cualquier restricción ha de provocar en la cuenta de resultados del operador incumbente. Telefónica se la juega a una carta, con una regulación que puede deteriorar gravemente su posición comercial frente a los grandes rivales de Vodafone y Orange, las dos grandes multinacionales británica y francesa que, tacita a tacita, vienen ganando cuota de participación en el territorio originalmente vedado por los herederos del antiguo monopolio.

Telefónica ha reconocido públicamente sus temores ante la nueva regulación de la fibra óptica en España que la CNMC quiere aprobar antes de finales de año

La liberalización de las telecos en nuestro país, que para sí quisiera Telefónica en sus incursiones por Europa, alcanza esta vez su punto crítico dada la tensión política que se vive en España de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Será por entonces cuando la CNMC se descuelgue con una propuesta que obligará al operador dominante a ceder la red de fibra al resto de competidores a un precio previamente fijado por el regulador. La exigencia se extenderá a todo el territorio nacional salvo nueve municipios donde el organismo supervisor supone que ya existe un nivel suficiente de competencia: Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Málaga, Móstoles, Sevilla y Valencia.

El organismo único de regulación, constituido hace dos años, actúa como un elemento de contrapeso hacia la inevitable querencia al oligopolio que existe en las principales industrias de red en España. La CNMC establece un paralelismo entre el sector petrolero y el eléctrico, y de ahí lanza una extrapolación al conjunto de las telecomunicaciones hasta concluir que la explotación de servicios públicos a partir de solo tres agentes operadores es un peligro para la competencia y la consiguiente reducción de los niveles de precios que pagan los consumidores. En definitiva, la propuesta sobre los conocidos mercados 3a, 3b y 4 de banda ancha debe facilitar el acceso de algún otro comensal a la tarta que ahora se reparten Telefónica, Vodafone y Orange.

Multimillonarias inversiones en riesgo

Ni qué decir tiene que en el cuartel general de Las Tablas se las ven venir desde hace tiempo y han puesto a engrasar las baterías de combate para replicar una andanada que amenaza con declarar el estado de sitio en el mercado español de las ‘telecos’. Si las autoridades de competencia tiran por la vía estrecha a la hora de restringir la capacidad de Telefónica en la banda ancha, se pondrán en riesgo las multimillonarias inversiones con que la primera empresa de España trata de desplegar su red de fibra óptica a 24 millones de hogares en un plazo de dos años. Vodafone tiene como objetivo llegar a los 10 millones en 2016 y Orange acaba de elevar el listón de sus pretensiones hasta los 14 millones de unidades inmobiliarias (pisos, locales y oficinas) en el año 2020.

Más allá del compromiso comercial que representan estas cifras, parece claro que las operadoras esgrimen su capacidad industrial como zanahoria para que la CNMC no se muestre especialmente celosa. El palo que mueve el señuelo implicaría lógicamente el frenazo brusco de todos estos planes con la consiguiente búsqueda de responsables políticos a los que achacar el parón de una de las locomotoras que han de impulsar la actividad económica en los próximos años. Los programas de los principales partidos que concurren a las elecciones incluyen los consabidos guiños en defensa del desarrollo tecnológico del país que pasa necesariamente por el despliegue de un servicio universal de banda ancha capaz de llegar a los lugares más recónditos de la geografía nacional.

Las autoridades de competencia creen que tres grandes operadores no es número suficiente para presionar a la baja los elevados precios del mercado

Los políticos juegan sobre seguro porque España se ha convertido en referente y principal Estado miembro de la Unión Europea en la implantación de redes de acceso de nueva generación (NGA), hasta el punto de que nuestro país absorbe actualmente casi una cuarta parte de todos los clientes de fibra óptica que existen dentro de los 16 países más importantes del Viejo Continente. De acuerdo con los datos actualizados al cierre del primer trimestre de este año, España suma 1.850.000 clientes activos por delante de Suecia, con 1.488.000 y Francia, con 1.065.000. Telefónica lideraba a dicha fecha el 'ranking' con 1.560.000 clientes, que ahora han aumentado hasta los dos millones, triplicando con creces al segundo operador que es Orange Francia, que suma cerca de 650.000 clientes.

Con estas cartas credenciales, Telefónica defiende el statu quo de un marco normativo que ha estimulado las inversiones de los grandes agentes del mercado favoreciendo que los beneficios de la competencia se hayan trasladado al resto de la economía, tanto en una mejora de la productividad como de las cifras de empleo de la última legislatura. No es extraño que los poderes públicos cultiven la relación con la compañía con la misma intensidad que los altos directivos del grupo que preside César Alierta se acercan a los actuales responsables de la acción política. A todos menos a la CNMC, que considera más útil orientar la regulación a una rebaja prioritaria del coste final de los servicios.

Telefónica está dispuesta a echar el resto convirtiéndose en aliado preferente del Gobierno, tanto en el actual como en el futuro que surja de las urnas, con una estrategia que podría traducirse con el viejo aforismo de que quien algo quiere, algo le cuesta. Las autoridades de la competencia están convencidas de que la fibra óptica tiene un precio pero se proponen que este sea mucho menos oneroso para el bolsillo del consumidor. Loable empeño que no solo depende de las mejores intenciones del legislador sino de la existencia de una competencia efectiva que no ponga en riesgo el desarrollo industrial de un país. La regulación de la fibra óptica es una piedra angular de la recuperación económica y malo será que el edificio todavía por hacer no esté cimentado con un acuerdo que satisfaga los intereses del arquitecto encargado de los planos y los del constructor responsable de levantar luego la obra.