Indra pone a Josep Pujol en el punto de mira tras su imputación por blanqueo

La imputación de Josep Pujol Ferrusola por parte del juez José de la Mata, por un supuesto caso de blanqueo de capitales relacionado con la investigación del patrimonio de la familia Pujol por la Audiencia Nacional, va a tener sus consecuencias empresariales. Indra, empresa para la que trabaja uno de los siete hijos del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, va a analizar si el posible delito de su directivo vulnera el código interno y, en consecuencia, debe prescindir de sus servicios.

El órgano de Indra que va a estudiar las posibles implicaciones de Josep Pujol en la reputación de la multinacional española es la unidad de cumplimiento, dependiente de la comisión de auditoría, encargada de velar por el funcionamiento interno de los órganos de gobierno y de la supervisión de la aplicación del código ético y de conducta profesional de los empleados.

Según indican fuentes próximas a la empresa, participada en un 22% por el Estado español, en la próxima reunión oficial de noviembre se pondrán encima de la mesa las implicaciones de la imputación de Josep Pujol, que ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional el 13 del próximo mes. Hasta la fecha, Josep era el único de los siete vástagos del matrimonio Pujol-Ferrusola que no había sido señalado por el juez como potencial sospechoso de haber cometido un delito, si bien ya había tenido que declarar en calidad de testigo por el caso.

Su testimonio ante el juez tuvo que ser mediante videoconferencia, ya que desde hace un año Josep Pujol está viviendo en Miami (Estados Unidos), donde fue enviado por el anterior presidente de Indra, Javier Monzón, cuando El Confidencial hizo públicas las sospechas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Fernando Abril Martorell, el directivo que sustituyó a Monzón a finales de enero, ha mantenido en el cargo a Josep Pujol, del que oficialmente se tiene una buena impresión dentro de la compañía.

En plenas elecciones

Otras fuentes hacen hincapié en que la permanencia del hijo del político catalán coincide con la celebración de las elecciones en Cataluña el pasado 27 de septiembre, comicios cuya recogida de votos fue administrada por Indra al ganar un contrato por 1,32 millones de euros. La empresa con sede en Madrid se encuentra inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE) para 3.000 empleados en todo el mundo, además de haber despedido a un amplio número de directores generales, proceso del que se libró Josep Pujol pese al escaso negocio que Indra tiene en Estados Unidos.

Su futuro en Indra se debatirá en las próximas semanas. El último precedente de un directivo de Indra imputado es el de Santiago Roura, al que se le vinculó con el pago con dinero negro en el caso Púnica, que implica a la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región. Roura fue despedido a principios de septiembre con una indemnización de 4,5 millones de euros. El mismo dinero que percibió Emilio Díaz, jefe de Josep Pujol en Estados Unidos.

El hijo del expresidente de la Generalitat empezó a trabar en Indra cuando esta le compró Europraxis, la consultora creada por Josep y otros cinco socios, por 44,4 millones de euros en 2001. Una operación que fue utilizada por la multinacional española como trampolín para entrar en el mercado catalán, donde hasta ese momento apenas tenía negocio. Un movimiento que permitió a Indra ganar numerosos contratos con la Generalitat, tanto de la loteria local autonómica como del Instituo Catalâ de Salud y hasta del Centro Integral de la Mujer, valorados en más de 190 millones de euros.