Las constructoras piden más infraestructura social al cerrarse el grifo de los aeropuertos

Nos faltan redes de agua, conexiones eléctricas, sistemas de saneamiento, de tratamiento de residuos, escuelas, hospitales, juzgados, infraestructuras de telecomunicaciones, urbanas, de transporte de mercancías, logísticas... A pesar de todo lo que ha invertido España en infraestructuras en las últimas dos décadas, incluidos aeropuertos sin aviones y estaciones de trenes sin pasajeros, todo este dinero se destinó, mayoritariamente, a puertos, aeropuertos y autovías, ámbitos donde nuestro país estaba muy por detrás de sus comparables europeos en la década de los noventa.

Con sus luces y sus sombras, este esfuerzo inversor, que la patronal de las constructoras, Seopan, cifra en 36.000 millones de euros anuales, ha permitido a España romper la brecha que tenía en infraestructuras de transporte con sus comparables europeos e, incluso, convertirse en líder mundial en la alta velocidad ferroviaria. Pero, según denuncia el sector, se han olvidado las infraestructuras sociales, situación que se ha agravado con los recortes de los últimos años, lo que sitúa a España muy por detrás de sus comparables europeos en ocho sectores: agua, energía, sanidad, educación y justicia, transporte y logística, medioambiente, telecomunicaciones y digital, urbanismo y mantenimiento de infraestructuras.

Según un informe elaborado por AT Kearney y presentado este jueves por Seopan, España necesita un plan de inversión sostenida en infraestructuras a 10 años de entre 38.000 y 54.000 millones de euros para cerrar la brecha que tenemos con países como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en estas ocho áreas. Este cálculo supone, según las constructoras, que la inversión debe superar en un 72% el volumen anual destinado actualmente a infraestructuras, tras haber sufrido una reducción del 65% durante la crisis.

Seopan estima que la inversión en infraestructuras actual se sitúa en torno a 22.000 millones de euros, apenas la mitad de esa horquilla de entre 38.000 y 54.000 millones, dos cifras a las que se llega desde cálculos diferentes. Para la primera, se toma como referencia la inversión media por habitante que están llevando a cabo las principales potencias europeas, y se extrapola a España. Para la segunda, lo que se tiene en consideración es la densidad de población.

Estas dos diferentes varas de medir hacen que España salga históricamente peor en la segunda que en la primera, ya que la inversión media por habitante en infraestructuras de España entre 1995 y 2014 está por encima de la media, con 838 euros, según el estudio, frente a los 649 de Alemania, los 655 de Reino Unido, los 755 de Italia y los 1.190 de Francia. En cambio, si el análisis se hace según densidad de población, nuestro país aparece a la cola de Europa. Hasta el punto de que actualmente nos encontramos un 55% por debajo de la mediana.

¿Cuál es la comparativa correcta? Depende de qué se esté mirando, según ha explicado el presidente de AT Kearney, Eugenio Prieto. Cuando se habla de urbanismo, sanidad, justicia, educación o tratamiento de residuos, lo correcto es hacerlo en euros por habitante, foto donde España sale mejor; cuando se trata de agua, conexiones eléctricas, transporte y logística, y gran parte de las infraestructuras necesarias en medio ambiente y telecomunicaciones, lo correcto es por densidad.

Inversión privada

Al entrar en sectores como el energético y el de las telecomunicaciones, donde son las propias compañías las que desarrollan gran parte del parque de infraestructuras necesario, la responsabilidad de romper esta brecha con Europa es tanto pública como privada. Desde Seopan, no se aventuran a detallar el reparto de responsabilidades, pero aseguran que el grueso de la inversión recae sobre las administraciones.

Sin embargo, esto no significa que deban ser las cuentas públicas las que lo financien, ya que las constructoras abogan por modelos de colaboración público-privada para poder afrontar estas millonarias inversiones sin perjudicar los compromisos de déficit.

Además, aseguran que estos volúmenes de inversión que proponen beneficiarán a la población por dos vías: la primera, porque se trata de infraestructuras sociales, y la segunda, porque permitirán crear entre 500.000 y 700.000 puestos de trabajo al año y generarán una actividad económica de entre 700.000 millones y un billón de euros en una década.

"El escenario de consolidación fiscal en el que se mueve nuestro país no puede, ni debe, ser obstáculo para acometer un programa de inversión sostenida en infraestructuras a futuro. En la actualidad, existe gran liquidez en los mercados internacionales de capitales y un significativo apetito inversor por parte de fondos de inversión, compañías de seguros y vehículos inversores especializados", señala Julián Núñez, presidente de Seopan.