Los Cierco cumplen su amenaza y demandan al Departamento del Tesoro de EEUU
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Los Cierco cumplen su amenaza y demandan al Departamento del Tesoro de EEUU

Los accionistas mayoritarios de BPA acusan al Departamento del Tesoro y al FinCEn de haber actuado de manera desproporcionada e injusta, vulnerando el derecho de defensa de la entidad andorrana

Foto: De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel
De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel

La batalla legal por la intervención de Banca Privada d'Andorra (BPA) acaba de dar un paso de gigante. Los accionistas mayoritarios y copresidentes de la entidad, los hermanos Ramón e Higini Cierco, han cumplido su amenaza y han presentado una demanda contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su agencia de prevención de lavado de dinero (FinCEN) en el Tribunal de Distrito de Columbia.

Con esta acción, los Cierco responden al escrito (conocido en la jerga jurídica como la Nota) del FinCEN que calificó a BPA como "una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales", comunicado que supuso la expulsión de la entidad del sector bancario estadounidense y que para la saga andorrana se trató de una medida "injustificada, inconstitucional e injusta", según un comunicado que acaba de enviar.

La decisión del FinCEN desencadenó una acción coordinada entre reguladores españoles, andorranos y panameños "para cerrar el banco sin comunicación ni previo aviso, vulnerando así el derecho fundamental a la defensa", denuncia la familia Cierco, que reclama a la justicia estadounidense una orden que deje sin efecto la Nota emitida por la agencia de prevención de lavado de dinero. Esto debería permitir a los Cierco retomar el control de los activos restantes del banco.

La demanda alega que la Nota del FinCEN fue defectuosa y que, aunque la 'Notice of Findings’ se limitaba a ser una propuesta de sanción, ha terminado siendo una medida definitiva, ya que la Administración andorrana ha optado por liquidar BPA mediante un plan de resolución que, en opinión de los Cierco, tampoco se ha justificado debidamente ni de forma transparente.

La dureza del comunicado enviado por los Cierco llega al punto de afirmar que "la actuación unilateral contra el banco fue el resultado de la frustración acumulada que tenía el FinCEN con el Gobierno de Andorra por su contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo, relacionadas especialmente con la notificación de transacciones en efectivo".

Suma y sigue, porque los hermanos llegan a afirmar que "un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Madrid admitió que el FinCEN 'sacó el martillo' con relación a BPA por la desesperación del FinCEN frente a la falta de cooperación de Andorra", confesión que, según el comunicado de los Cierco, está grabada y una copia de esta grabación forma parte de la demanda presentada contra el Tesoro de Estados Unidos.

Los Cierco denuncian que la actuación contra BPA fue el resultado de la frustración acumulada que tenía el FinCEN con Andorra por su falta de colaboración

Eric Lewis, coordinador legal de Ramón e Higini, afirma que “esta demanda tiene el objetivo de remediar las deficiencias de un proceso injusto y falto de transparencia al que han tenido que hacer frente nuestros clientes, a pesar de todos sus esfuerzos para cooperar y demostrarle al FinCEN que ha actuado de una manera completamente injustificable. De la noche a la mañana, sin previo aviso, sin pruebas públicas, ni recurso alguno, BPA sufrió una sentencia de muerte como consecuencia de la Nota del FinCEN. Una agencia pública sin control y con poder absoluto solo puede generar abuso burocrático y opacidad, que es exactamente lo ocurrido en este caso. Los hermanos Cierco están decididos a limpiar su buen nombre por el honor de sus empleados, accionistas, clientes y la reputación familiar".

Para sostener su postura, los Cierco argumentan que PwC, que fue contratada por la Administración andorrana para investigar a BPA, tras revisar las más de 25.000 cuentas bancarias de la entidad, "no ha podido corroborar la existencia de problemas sistemáticos de lavado de dinero que justifiquen las acciones del FinCEN".

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