La banca ofrece al Gobierno suprimir las cláusulas suelo sin retroactividad hasta 2013

La decisión del Gobierno de eliminar las cláusulas suelo como argumento ante las próximas elecciones generales, adelantada por El Confidencial en agosto, ha encendido las alarmas en las entidades afectadas. Ante la magnitud del impacto que esta medida puede tener en sus cuentas, se han anticipado al Ejecutivo con una propuesta: las entidades retiran voluntariamente estas cláusulas a cambio de que la medida no tenga ningún tipo de retroactividad, ni siquiera hasta la fecha de la sentencia del Supremo que condenaba a BBVA, Abanca y Cajamar por este asunto (mayo de 2013).

Así lo confirman varias fuentes conocedoras de la situación, que añaden que el departamento de Luis de Guindos ha prometido al sector estudiar la propuesta, pero todavía no ha dado ninguna respuesta. A priori, el planetamiento de la banca supone una solución salomónica entre los intereses del sector y los de las asociaciones de consumidores (y los del propio Ejecutivo), al estilo de la que adoptó el Consejo de Ministros el viernes sobre las comisiones de los cajeros.

Como es lógico, los consumidores pretenden la supresión de estas cláusulas -que impiden al hipotecado beneficiarse de las bajadas de tipos- desde la fecha de la firma de cada préstamo. Sin embargo, eso provocaría enormes pérdidas en el sector y se crearía un mal mayor del que se pretende resolver, como reconocía el propio Supremo en la sentencia citada. Al menos, los hipotecados conseguirían dejar de pagar en el futuro el extratipo actual. En cuanto a la banca, acepta esta supresión sin rechistar para evitar que el Gobierno imponga la retroactividad hasta 2013, que es el escenario central de los analistas.

Por supuesto, el Ejecutivo puede negarse a la propuesta e imponer dicha retroactividad. Pero en ese caso, la banca no lo aceptaría voluntariamente y eso pondría en un apuro al Gobierno porque no es fácil encontrar una fórmula jurídica aceptable para la supresión; y además, el hecho de anular una cláusula de un contrato firmado ante notario y ajustada a la ley vigente en ese momento puede tener visos de inconstitucionalidad. Asimismo, tendría que vencer la resistencia del Banco de España, que teme que esta medida afecte a los niveles de solvencia de alguna entidad (que es su preocupación).

Argumentos y apremio contra la retroactividad

Tanto el supervisor como el sector utilizarían una serie de argumentos si Luis de Guindos decide ir por las bravas e imponer la retroactividad: los contratos fueron firmados ante notario y los bancos no tienen la culpa de que la gente no se lea las escrituras; las hipotecas con suelo son entre 0,50 y 0,75 puntos más baratas que las que no tienen esta cláusula (y muchos clientes las eligieron por esa razón, por eso hay tantas); y todas las sentencias del Supremo sostienen que hay que ir entidad por entidad, lo que implica que no se pueden anular por decreto las de toda la banca, sino que hay que esperar a que las vaya condenando una a una.

Así pues, aceptando la propuesta del sector, el Gobierno evitaría este engorro jurídico, máxime cuando el tiempo apremia porque quiere presentar la medida antes de las elecciones. Y es que Rajoy es consciente de que uno de sus flancos más vulnerables de cara a las elecciones es su apoyo a la banca –incluyendo el rescate de las cajas de ahorros con 41.000 millones de dinero público–, a la que los partidos de izquierda y buena parte de la ciudadanía consideran responsable, al menos en cierta medida, de la crisis y culpable de todo tipo de abusos a sus clientes.

El dilema del Gobierno

Ahora bien, si adopta la medida sin retroactividad, el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque las asociaciones de consumidores y los partidos de oposición se le echarán de inmediato encima acusándole de hacer otro regalo a la banca a costa de los ciudadanos. Por tanto, tiene que medir muy bien los pros y los contras de aceptar esta propuesta.

Según distintos analistas, los bancos más perjudicados por la supresión de los suelos serán Popular, Sabadell (que heredó el grueso de estas hipotecas de la CAM), Caixabank (lo mismo con Banca Cívica) y Liberbank. firmas como JP Morgan o HSBC calculan que esta medida puede suponer hasta el 14% del beneficio neto de algunos de ellos, pero esta estimación se basa en que la medida sea retroactiva hasta 2013. Si finalmente no hay ninguna retroactividad, los beneficios se verán mucho menos perjudicados.