El caso Volkswagen daña las arcas públicas por subvenciones y exenciones indebidas

El fraude de Volkswagen descubierto en Estados Unidos está provocando un terremoto aún de consecuencias desconocidas. Lo onda expansiva ya se ha cobrado las primeras víctimas y la sacudida se sigue ampliando. La sospecha se extiende a otras marcas, como BMW, y a otras divisiones del grupo alemán, como Seat, por lo que el caso ya ha saltado los Pirineos.

Ante esta situación, las autoridades públicas españolas, desbordadas por los acontecimientos, tratan de poner el entuerto bajo control.

Entre las diferentes aristas que habrá de abordar estará el cómo hacer frente a los posibles daños patrimoniales que se deriven del fraude.

Por un lado, el Gobierno lleva años subvencionando la renovación de vehículos antiguos por otros nuevos eficientes y bajos en emisiones a través de los sucesivos planes PIVE. Este programa destina una cantidad de dinero público que oscila entre los 750 y los 1.500 euros por cada coche adquirido que genere unas emisiones de CO2 como máximo de 160 gramos al kilómetro. De confirmarse la existencia de vehículos trucados en España, se daría la circunstancia de que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, habría concedido subvenciones para coches que en realidad no cumplían con la normativa.

Por otro lado, el impuesto de matriculación ofrece unos gravámenes que son más bajos e incluso nulos en función de las emisiones del coche. Así, aquellos vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gramos de CO2 por kilómetro pagan un 0% por este concepto en función del IVA. Un 4,75% cuando las emisiones son mayores de 120 gramos y menores de 160. Se paga un 9,75% en aquellos coches que producen emisiones de CO2 superiores a 160 gramos e inferiores a 200g/km. El gravamen es del 14,75% para los que superan el umbral de los 200 gramos de CO2 por kilómetro.

Teniendo en cuenta que el fraude producido certificaba una generación de emisiones por debajo de las reales, la Administración Pública, en este caso las CCAA, que son quienes se llevan este impuesto, habrían dejado de percibir ingresos para las arcas públicas en este concepto.

Días después de que se descubriera el fraude, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno pedirá a Seat la devolución de las ayudas por incentivos al vehículo eficiente en aquellas unidades que se hayan vendido en España con el software de Volkswagen que trucaba las emisiones. "Lógicamente vamos a plantear la devolución [de esta bonificación], sin perjuicio de otras medidas que puedan tener lugar en relación a lo que son los incrementos de las emisiones", señaló. Soria explicó que el Gobierno está a la espera de que el grupo ofrezca la cifra exacta de vehículos que han sido fabricados en España de la marca Seat con el software que truca las emisiones.

Los números

Aunque todo apunta a la existencia de vehículos circulando por España con el motor trucado y contaminando más de lo que dice su ficha técnica, aún es pronto para saber el número de coches fraudulentos.

Hasta la fecha, el Ministerio de Industria ha dado cientos de millones de euros para la venta de vehículos más eficientes y menos contaminantes. El plan PIVE arrancó en 2012 y va por su octava edición. En las siete anteriores la administración aportó 890 millones de euros y a él se acogieron 890.000 vehículos, según recoge la última memoria anual de 2014 que elabora la patronal de los fabricantes de automóvil en España ANFAC.

La pregunta ahora es saber qué cantidad de vehículos fraudulentos no hubieran cumplido las condiciones para recibir la subvención. Fuentes del sector apunta a que aquellos con más potencia, como por ejemplo algunos Volkswagen Passat que sí entraban dentro del plan, podrían ser susceptibles de excederse más allá de las exigencias del plan PIVE si su motor estaba trucado, con lo que no deberían haber recibido la subvención.

Las CCAA, aún sin respuesta

El Gobierno ya ha movido ficha, con la reclamación anunciada por el ministro de Industria, ramo encargado de repartir el dinero de las ayudas al plan PIVE. Sin embargo, las Comunidades Autónomas por el momento no se han pronunciado al respecto de la posible falta de recaudación en el impuesto de matriculación.

Quiénes sí han querido pronunciarse a este respecto han sido las organizaciones de consumidores como la OCU, que se pregunta quién va a pagar el incremento del impuesto de matriculación, si es que sube al cambiar su categoría de eficiencia, y qué pasará si el coche fue comprado con una ayuda vinculada a sus características poco contaminantes, como por ejemplo el plan Pive. En opinión de la OCU, el consumidor no debería hacerse cargo de ninguno de estos hipotéticos gastos, que tendrían que correr de cuenta de Volkswagen.

En opinión de la OCU, el consumidor no debería hacerse cargo de ninguno de estos hipotéticos gastos, que tendrían que correr de cuenta de Volkswagen

Además, cerca de un millar de usuarios de toda España se han unido en 24 horas a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por Facua-Consumidores en Acción.

Pos su parte, el fabricante germano ha anunciado que asumirá todos los costes derivados de las medidas que se deban aplicar.

Cabe destacar que el plan PIVE va ya por su octava edición, sigue vigente y ha servido para estimular la compra de vehículos y mantener la actividad de esta industria en España, con el consiguiente mantenimiento de puestos de trabajo. La propia Volkswagen anunció en primavera inversiones en sus factorías de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona) por un montante de 4.200 millones de euros hasta 2019.