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Soria ignora la mediación de la Generalitat en favor de Solvay tras perder las subvenciones
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torraspapel y saica, también perjudicadas

Soria ignora la mediación de la Generalitat en favor de Solvay tras perder las subvenciones

Solvay ya ha anunciado que peligra una inversión futura de 75 millones de euros y una parte de los 500 empleos que ocupa actualmente en la planta de Martorell, en Barcelona

Foto: Sede central del grupo Solvay en Bruselas. (Reuters)
Sede central del grupo Solvay en Bruselas. (Reuters)

Solvay ya ha anunciado que peligra una inversión futura de 75 millones de euros y una parte de los 500 empleos que ocupa en la planta de Martorell, Barcelona. El Ministerio de Industria ha vetado a Solvay en la subastas por haber fallado en las pruebas de interrumpibilidad del pasado año. El que la Generalitat haya intentado mediar en el conflicto no ha tenido efecto positivo alguno para la empresa química, ignorada por el Ministerio de Industria.

Fuentes de Solvay han declinado hacer declaraciones. La sanción por haber fallado en las pruebas implica quedar fuera de la subasta de interrumpibilidad este año y el que viene. Con esta exclusión, Solvay perderá cerca de 25 millones de euros anuales por esta medida, según cuantifican fuentes del sector energético. No podrá volver a optar a esta ventaja hasta 2017.

En realidad, el servicio de interrumpibilidad es una subvención encubierta a las grandes empresas, que pagamos todos los usuarios en el recibo de la luz. Empresa como Celsa, Alcoa, Asturiana de Zinc Ferroatlántica (grupo Villar Mir) o, hasta ahora, Solvay, eran típicos beneficiarios de este sistema.

Sólo este tipo de consumidores pueden beneficiarse de la interrumpibilidad a través de una subasta gestionada por Red Eléctrica de España (REE), en el cual esta gran industria ofrece bloques de potencia interrumpible. Esto supone el compromiso de las empresas de dejar de consumir energía en casos de excepcional escasez para garantizar el servicio al conjunto de la población. Pero como en la práctica esto no se aplica, el sistema se ha convertido en una “subvención encubierta”, en palabras de Jorge Martínez de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Una de las maneras en que este mecanismo se convierte en una ayuda a la industria es que, tras realizar las asignaciones pertinentes en la subasta, REE emplea esa potencia para reducir el consumo de estos grandes consumidores, entre otros mecanismos, dejándoles de aplicar el cobro de los peajes eléctricos.

Subasta polémica

Anteayer, por ejemplo, accedieron a los lotes de 90 MW, los más jugosos, Alcoa, que recibió tres lotes de 90 MW en asignación directa, si bien quería seis; y también Ferroatlántica, Arcelor, y Celsa, uno cada uno. Por su parte, Asturiana de Zinc se llevó dos de estos lotes. Para hacerse una idea y simplificando mucho, cada bloque supone una ayuda de cerca de 60 millones de euros.

Fuentes del sector calculan que Alcoa intentará complementar las bloques que le faltan con la subasta de bloques pequeños, de 5 MW.

La amenaza de Soria

El ministro de Industria, José Manuel Soria fue interpelado ayer en el Senado por la situación de Solvay. Pero lejos de amilanarse, el político advirtió que la Abogacía del Estado había apostado por sancionar al grupo químico con dejar fuera de la subasta a todas su plantas y no sólo la de Martorell, cuyo futuro se encuentra ahora amenazado.

Soria aseguró ayer que el Ejecutivo había hecho la interpretación más favorable para la empresa. No es la única que se ha quedado fuera de la subasta: las papeleras Torraspapel (Cataluña) y Saica (Aragón) también han sido sancionadas.

En el caso de Solvay se da la circunstancia de que el incumplimiento de las pruebas en febrero y marzo de 2014 fueron de una planta de cogeneración asociada con Solvay pero gestionada por la empresa Cofely. Varios directivos de Cofely, filial de Gaz de France, han sido imputados por ser la firma beneficiaria de concesiones irregulares en la operación Púnica.

Solvay ya ha anunciado que peligra una inversión futura de 75 millones de euros y una parte de los 500 empleos que ocupa en la planta de Martorell, Barcelona. El Ministerio de Industria ha vetado a Solvay en la subastas por haber fallado en las pruebas de interrumpibilidad del pasado año. El que la Generalitat haya intentado mediar en el conflicto no ha tenido efecto positivo alguno para la empresa química, ignorada por el Ministerio de Industria.

Generalitat de Cataluña José Manuel Soria
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