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El socio canadiense de Florentino le demanda por la indemnización del Castor
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cuestionan la fórmula para refinanciar la deuda

El socio canadiense de Florentino le demanda por la indemnización del Castor

ACS, en guerra con la canadiense Dundee Energy por 240 millones

Foto: Plataforma de almacén de gas del proyecto Castor
Plataforma de almacén de gas del proyecto Castor

Los socios canadienses de Florentino Pérez en la fallida plataforma gasista de Castor han llevado a la compañía que preside, ACS (ver cotización), ante el tribunal de arbitraje Cámara Internacional de Comercio con sede en París, por un desacuerdo en cómo se ha repartido la indemnización abonada por el Gobierno tras hibernar el almacén de gas.

Así lo explica la petrolera canadiense en su carta a los accionistas que hizo pública en la celebración de la junta. En la misiva, que firman el presidente de la compañía, Harold Sonny Gordon; y su consejero delegado, Jaffar Kahn; se señala textualmente que “se ha iniciado el proceso de arbitraje vinculante contra ACS bajo los auspicios de la Cámara Internacional de Comercio en París con el fin de resolver la disputa entre las partes".

Como ya avanzó El Confidencial las diferencias se deben a cómo ACS refinanció una parte de la deuda pendiente de Escal, la filial de ambos grupos que construyó Castor, el almacén gasista submarino que tuvo que cerrarse por causar terremotos en la costa de Castellón.

 

Los canadienses cuestionan que la fórmula que adoptó a ACS para refinanciar la deuda pendiente una vez cobrados los fondos del Gobierno, “fuese la mejor opción para los intereses de Escal UGS”, donde ambos socios comparten capital, pero en cuya sociedad ACS cuenta con el 67% y Dundee Energy sólo mantiene el 33% restante. Por ello, ha impugnado legalmente la operación, además de acudir al tribunal de arbitraje.

En la misiva a los accionistas de la petrolera se dan más detalles. Se cifra el problema en cómo se reparten 240 millones de euros que “se utilizaron para pagar los préstamos de accionistas, exclusivamente de ACS”, marginando al resto del capital, es decir, a los canadienses. La operación se llevó a cabo en noviembre de 2014, tras haber cobrado la indemnización gubernamental.

Parcialidad de ACS

Dundee Energy es de la opinión de que ACS actuó de manera parcial y discriminatoria hacia los minoritarios del proyecto ya “que no sólo la operación anterior fue contraria a los intereses corporativos de Escal, sino que también se ignoraron los derechos de propiedad de los préstamos de capital”.

placeholder El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)

A juicio de la petrolera canadiense, la actuación de la constructora presidida por Florentino Pérez viola los acuerdos establecidos y en el Memorando de Entendimiento fechado en 2007 entre Dundee Energy y ACS.

Dos lados del Atlántico

Si esta es la situación a un lado del Atlántico, en la otra orilla ACS ha optado en sus resultados del primer semestre del año en curso por evitar referencia alguna ni a Escal, ni a Castor ni al pleito con los canadienses.

Pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy se apresuró en abonar 1.415 millones a ACS y sus socios a cambio de subir la factura del gas de todos los españoles en 182 euros anuales, es curioso que ni cobrando se hayan acabado los problemas. Además, los promotores de la plataforma todavía esperan pagos pendientes, tal y como señala la carta a los accionistas de Dundee Energy.

“Escal tiene derechos de remuneración adicional, a saber, la remuneración financiera para el período comprendido entre la fecha de puesta en servicio provisional del Proyecto Castor el 5 de julio de 2012 hasta el 4 de octubre de 2014, así como el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento incurridos durante este período. Al escribir estas líneas, Escal sigue esperando la notificación formal de la cantidad y el momento de estos pagos adicionales” señala la misiva.

Los socios canadienses de Florentino Pérez en la fallida plataforma gasista de Castor han llevado a la compañía que preside, ACS (ver cotización), ante el tribunal de arbitraje Cámara Internacional de Comercio con sede en París, por un desacuerdo en cómo se ha repartido la indemnización abonada por el Gobierno tras hibernar el almacén de gas.

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