Ley de Contratos del Estado: el Gobierno 'toma la matrícula' a los morosos

El Ministerio de Hacienda se ha propuesto introducir una novedad en las nuevas leyes de contratación pública que puede provocar una verdadera revolución para las empresas que aspiran a participar en las futuras convocatorias de concursos por parte del Estado. Según han señalado fuentes oficiales, las normativas que serán adoptadas en cumplimiento de las directivas comunitarias incluirán por primera vez como un criterio básico de valoración el periodo medio con el que atienden sus pagos los eventuales contratistas.

La disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos. La Ley de Sociedades de Capital aprobada a finales del pasado año estableció como primer paso un requisito de información para que todas las empresas mercantiles detallen en sus cuentas anuales y en su página web los días que tardan en hacer efectivo el abono de las facturas de sus proveedores.

El Gobierno pretende ahora dar una vuelta de tuerca en esta misma estrategia ya que la morosidad se convertirá en un elemento de penalización en todas las licitaciones del sector público. La medida tiene un carácter garantista para los intereses de las pequeñas y medianas empresas al tiempo que deriva en un incentivo para las principales corporaciones, acostumbradas a maximizar sus relaciones comerciales con el Estado. Las grandes empresas tendrán ahora que demostrar, por la cuenta que les trae, la rapidez y seriedad con que atienden sus pagos a terceros.

La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial fija en 30 días el periodo máximo de pago de las Administraciones Públicas, que ahora servirá como referencia válida en las licitaciones públicas, una vez que se aprueben las futuras leyes de contratación, una de carácter general y otra destinada a los denominados sectores específicos de agua, energía, transportes y servicios postales. Ambas normativas tienen que estar aprobadas antes del 18 de abril de 2016 y servirán para trasladar al ordenamiento mercantil en España el paquete de directivas comunitarias que se publicaron en marzo de 2014.

La futura regulación incluirá también requerimientos específicos de información y justificación en el pago a proveedores, de manera que el órgano administrativo de contratación será facultado para solicitar del contratista principal la documentación precisa para verificar el cumplimiento de sus compromisos financieros con los proveedores y suministradores. El Gobierno ha descartado en todo caso que el Estado actúe como avalista de sus adjudicatarios asumiendo directamente las deudas comerciales con los subcontratistas, tal y como habían solicitado las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas.

El sector de la Construcción es el que ofrece peores datos de morosidad en lo que va de año y puede ser el más castigado en las futuras licitaciones públicas

La morosidad empresarial se ha convertido en un problema generalizado a raíz de la crisis económica. Según los últimos datos publicados por el Grupo Cesce, a través de su filial Informa D&B, las compañías españolas tardan 95 días en pagar las facturas. En el segundo trimestre de 2015 los plazos de los pagos han aumentado en 3,56 días con respecto al mismo periodo del año pasado, si bien el nivel de las empresas que pagan puntualmente ha pasado del 43% al 44%. En todo caso, los retrasos suponen un coste directo para el tejido empresarial de 1.663 millones de euros.

La Administración ha mejorado su periodo medio de pago con respecto a hace un año en 5,55 días, lo que contrasta con el incremento de la morosidad que se registra en el sector privado. La construcción es la industria que ofrece peores datos, con unos plazos de demora de 23,12 días. Los grandes reyes del ladrillo deberán ponerse las pilas si no quieren convertirse en víctimas propiciatorias de la nueva regulación. A fin de cuentas ellos han tenido la sartén por el mango como beneficiarios tradicionales de las grandes licitaciones del Estado. Pero las cañas pueden volverse lanzas ante la más exigente política de contratación pública con la que el Gobierno quiere despedir la legislatura.