La pequeña empresa catalana se amotina contra la CEOE por marginar a las pymes

Una guerra soterrada se desarrolla entre la patronal CEOE y la pequeña Pimec alrededor de laLey de Contratos del Sector Público, cuyo anteproyecto tiene el Ministerio de Hacienda en fase de exposición. La asociación empresarial Pimec pretende que las pymes puedan participar en igualdad decondiciones en la contratación pública, un negocio que ronda cada año los más de 18.000 millones. La CEOE, en cambio, prefiere que las pymes sigan jugando un papel marginal a la hora de ser proveedoras administrativas.

La base de este pulso se centra para la patronal que preside Joan Rosell en mantener el statuquo, con la mayor parte de este negocio en manos de las grandes empresas, muchas de ellas del Ibex35. Por su parte, la organización empresarial que encabeza Josep González, entre catalanes anda el juego, pretende que la ley incluya medidas que permitan a las pymes competir en condiciones justas con corporaciones mucho mayores.

Aprovechando el período de exposición pública, Pimec ha presentado un documento para incluir mejoras que favorezcan al sector de la pequeña y mediana empresa. Pero no eran los únicos que ejercían su legítimo papel de lobby. La CEOE también estaba por la labor y justo en dirección contraria a las pymes.

Fuentes de la CEOE han negado que su apuesta vaya en este sentido y han alegado que su oposición en algunos puntos, como la fragmentación de los lotes, es que esta se limite a unidades productivas y no a ramos de actividad, por poner un ejemplo. También ha resaltado su interés en que el nuevo marco legal apueste por la transparencia para evitar problemas.Por su parte, fuentes de Pimec han declinado hacer declaraciones.

Sin embargo, en los documentos que se han elaborado para modificar el anteproyecto por las patronales y a los que ha accedido El Confidencial se ven la diferencias entre ambas y cómo la contratación pública y el modo en que se accede a la misma se convierten en el caballo de batalla entre las dos patronales.

Muchos cambios, ley compleja

La Ley de Contratos del Sector Público es de gran complejidad. Consta de 422 páginas, con lo que las propuestas de las patronales tampoco son breves. La de Pimec sumaba 103 folios, una extensión que se veía sensiblemente reducida por la propuesta de eliminación de todas las medidas que fomentaban la presencia de las pymes en los contratos públicos por parte de la CEOE.

Por ejemplo, la propuesta de Pimec pretende introducir en la exposición de motivos el cambio siguiente: “La presente Ley introduce mecanismos de control para hacer efectivo el principio de participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública”. En la versión de la CEOE queda eliminado.

U otro caso: se propone modificar el artículo 132 para que recoja la siguiente matización: “A tal fin, las cláusulas sociales y medioambientales que figuren en los Pliegos no podrán constituir un medio directo o indirecto de exclusión o perjuicio de las pequeñas y medianas empresas”, también rechazado en la versión CEOE.

Los vetos de la CEOE se extienden a toda la propuesta: tanto a la obligación de fragmentar los grandes contratos, que facilitarían que las pymes pudiesen concursar, como cuando se oponen a cuestiones ajenas a las pequeñas empresas. En estos casos vetan tanto la creación de organismos públicos independientes de tutela de la contratación públicacomo las medidas adicionales de transparencia sobre los precios y las condiciones en las que se llevan a cabo las adjudicaciones, sólo por poner otros casos emblemáticos.

Montoro, con la patata caliente

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el PP, con su mayoría absoluta, tienen ahora la patata caliente de hacer caso a uno u otro bando. También dependerá de las prisas que se dé el Ejecutivo en tramitar la ley porque la legislatura está a punto de acabar y el texto definitivo podría quedarse a las puertas del BOE.

Pimeccuenta con más de 19.000 asociados, de los que 300 son colectivos como gremios y asociaciones profesionales. Históricamente, sus relaciones con CEOE siempre han sido muy tensas, llegando incluso a los tribunales por cuestiones como la representación en las mesas de los convenios.