Morenés vuelve a la carga y reclama para el INTA un 10% del capital de Indra

El Ministerio de Defensa ha reanudado su ofensiva para hacerse con una cuota accionarial de referencia que le garantice una posición de ‘ordeno y mando’ en Indra. El departamento que dirige Pedro Morenés no quiere convertirse en el convidado de piedra de la compañía que preside desde finales de enero Fernando Abril Martorell y tratade aportar su particular ‘granito de arena’ con vistas al plan estratégico que la empresa líder en el mercado de las tecnologías de la información presentará a los inversores el próximo 8 de julio.

La estructura societaria que presenta en estos momentos Indra responde a un acuerdo que todavía no ha terminado de materializarse entre los ministerios de Defensa y Hacienda, este último representado por la SEPI. El objetivo del pacto no era otro que garantizar el control de Indra en manos de Estado mediante la adquisición de la participación del 20,14% que Bankia puso a la venta a mediados de 2013. En agosto de aquel año, la entidad nacionalizada forzó la máquina y el Gobierno decidió dar un paso al frente para adquirir dicho paquete accionarial para evitar que una empresa estratégica pudiera caer en manos de un inversor hostil o no deseado.

La SEPI, que preside Ramón Aguirre,se puso en primer tiempo de saludo ante las instrucciones que venían de la superioridad y que respondían a la iniciativa del propio ministro Morenés y de su lugarteniente, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles. En contrapartida se convino que el total de los 33,05 millones de títulos de Indra comprados a Bankia deberían distribuirse en dos paquetes equivalentes mediante el traspaso de la mitad de las acciones al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa.

La operación de reparto se ha venido dilatando desde entonces como consecuencia del conflicto de intereses que ha generado la evolución de la compañía en bolsa. Los responsables de la SEPI no han querido soltar prenda por debajo del precio de 10,194 euros pagado a Bankia ya que en esas condiciones la reventa se hubiera traducido en una minusvalía de difícil justificación ante Hacienda. Por encima de ese importe es el INTA el que se ha mostrado reacio a cumplir su parte del trato, máxime después de que el Consejo de Ministros otorgara graciosamente al Ministerio de Defensa los derechos políticos sobre Indra y demás empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas.

La empresa tecnológica ha sido tradicionalmente un suministrador preferente del Ejército español,pero el desarrollo natural de los negocios en el mercado civil unido al recorte de las inversiones públicas ha deteriorado la posición relativa de Defensa en la tarta de Indra. Al cierre de 2014 las actividades militares suponen un escaso 17% de las ventas totales de la compañía, que ascendieron a 2.938 millones de euros. Pese a ello, el Gobierno ha insistido en calificar a la empresa como estratégica para los intereses nacionales y de ahí que el Estado volviera a tomar el control de Indra después de su privatización en 1999.

Entre Málaga y Malagón

El Ministerio de Defensa se ha mantenido a la expectativa, en un segundo plano, mientras forzaba el cese de Javier Monzón al frente de Indra. Al final fue la mediación de Telefónica, que compró el 6% del capital de la compañía, lo que facilitó el relevo con el nombramiento automático de Fernando Abril Martorell. Sin embargo, la tropa que encabeza Morenés teme que ahora la operadora que preside César Alierta afiance su posición de dominio y pase a jugar sus cartas con todas las consecuencias al frente de la empresa tecnológica.

Telefónica se ha guardado hasta el momento de evitar un eventual conflicto y de ahí que se haya abstenido incluso de nombrar representantes en el Consejo de Administración de su nueva empresa participada, al margen claro está de la designación del actual presidente. No obstante, el plan conocido de la operadora consiste en doblar hasta el 12% su participación en lndra, por lo que Morenés no está dispuesto a perder la iniciativa que le otorga su tácito derecho de tanteo sobre ese otro 10% que le tiene reservado desde hace dos años la SEPI.

Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa aseguran que los altos cargos del departamento han pasado a la ofensiva, convencidos de que el plan estratégico de Indra es crítico para sus intereses, por lo que es necesario hacer valer toda la influencia y no sólo como cliente, sino también como accionista de postín y miembro del núcleo duro de la empresa: “Morenés no puede consentir que el relevo de Monzón por Abril Martorell sea algo así como salir de Málaga para entrar en Malagón”, apostillan a modo de conclusión los citados medios.