Guindos rechaza la mediación de Nadal y planta a las Big Four en la Ley de Auditoría

Golpe duro para las grandes empresas auditoras en España. Las Big Four se han quedado de piedra tras el anuncio efectuado por el grupo parlamentario popular de rechazar todas las enmiendas que estaban siendo negociadas para suavizar el proyecto de Ley de Auditoría que se tramita en el Parlamento. Los intereses encontrados entre las principales compañías han colmado la paciencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, responsable directo de una decisión salomónica que va a provocar la aplicación en nuestro país de una normativa extraordinariamente restrictiva para el sector.

A finales de la pasada semana,el diputado del PP y miembro de la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados,Rogelio Araújo, confirmó oficialmente la intención de cerrar este miércoles la primera fase de discusiones con un carpetazo generalizado de todas las propuestas efectuadas por los distintos grupos parlamentarios de la oposición. La resolución del partido que respalda al Gobierno cayó como un jarro de agua fría en los cuarteles generales de las cuatro grandes empresas que operan en España, como son Deloitte, EY (antigua Ernst&Young), PwC y KPMG.

El transcurso de los días no ha servido para alterar un ápice la posición adoptada de buenas a primeras por el partido que sostiene al Gobierno, pero las auditoras han conocido de primera mano los motivos de fondo que han dado lugar a un giro tan drástico e inesperado. En mayor o menor medida la información recabada por las Big Four pone de manifiesto que ha sido el ministro en persona quien se ha hartado de recibir presiones y ha decidido tirar por la calle de en medio con órdenes estrictas a los diputados del PP para que se cierren en banda ante cualquier tipo de enmienda al texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero.

La actitud refractaria del ministro ha estado también influenciada por los contactos que algunas compañías del sector han llevado a cabo utilizando la mediación de la Oficina Económica de Presidencia y, en concreto, de su titular, Álvaro Nadal. Las interferencias procedentes de la Moncloa suponen en estos momentos un desafío personal para el titular de la política económica, que no parece dispuesto a aceptar ni media fisura en el ejerciciode sus competencias gubernamentales. En medios del PP reconocen que Luis de Guindos está especialmente ocupado en la recta final de su carrera como candidato a la presidencia del Eurogrupo y ha decidido cerrarse en banda ante cualquier intento que pueda socavar su autoridad como ministro.

Trato desigual en la rotación de auditor

El caballo de batalla de la controversia ha residido en el régimen transitorio que el articulado de la ley establece a la hora de fijar la rotación del auditor por parte de las llamadas entidades de interés público. El texto original determina que aquellas sociedades que lleven más de veinte años con la misma firma de auditoría tendrán que rotar en 2020, mientras que todas las que lleven entre once y veinte años dispondrán de plazo hasta 2023. El problema surge con las empresas que llevan diez años o menos con la misma auditora, para las cuales se suprime de golpe y porrazo cualquier tipo de periodo transitorio.

Este trato desigual puede derivar paradójicamente en una mayor concentración de empresas con un mismo auditor y ha dado pábulo a toda una serie de consultas a la Comisión Europea. A fin de cuentas, la nueva ley no deja de ser la adaptación de una directiva comunitaria, y de ahí el interés de las firmas de auditoría por ajustar la interpretación del régimen transitorio a los criterios que establezca Bruselas. Con este mismo objetivo, la presidenta del ICAC, Ana Martínez-Pina, ha tratado de pulsar la opinión de las autoridades europeas a fin de introducir una enmienda para que las auditoras y empresas cuyo primer contrato se realizó entre 2005 y 2010 puedan prorrogar su relación mercantil hasta 2020.

La intervención de un organismo dependiente del Ministerio de Economía como es el ICAC pone de manifiesto la intención inicial de Luis de Guindos por dar alguna salida al conflicto, aprovechando además que los funcionarios de Bruselas han dejado abierto el debate asegurando que debe ser el Tribunal de Luxemburgo el que resuelva las dudas que pueda suscitar el proceso de rotación de las auditoras. La enmienda en cuestión no parecía nada descabellada a la vista de los intereses en juego, y sobre todo teniendo en cuenta la falta de armonización al respecto entre los distintos Estados miembros.

La pelota está todavía en el tejado porque tras la negativa del ministro a seguir negociando con los auditores cualquier eventual enmienda deberá trasladarse ahora a la fase de tramitación en el Senado. Por lo que respecta al Congreso la sentencia de Luis de Guindos está echada y las Big Four deberán cruzar los dedos para no distraer la atención del ministro con llamadas de atención que puedan dar lugar a un nuevo portazo en la Cámara Alta. La Ley de Auditoría se está convirtiendo en una pesadilla para las grandes firmas multinacionales que trabajan en España, con el agravante de que no todas las empresas están alineadas bajo los mismos intereses.