separa el caso español del italiano

Guindos firma la paz con la comisaria europea por los créditos fiscales a la banca

La comisaria europea de Competencia se ha reunido hoy con Guindos para zanjar de una vez el enfrentamiento entre España y Bruselas por el reconocimiento de los activos fiscales de la banca

Foto: El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (d) junto a la comisaria europea Margrethe Vestager. (EFE)
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (d) junto a la comisaria europea Margrethe Vestager. (EFE)

La agenda de Margrethe Vestager, la sucesora de Joaquín Almunia al frente de la Comisaría de Competencia de la UE, en su visita a España incluye una reunión informal con Luis de Guindos. El tema estrella serán los 40.800 millones de activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) de la banca española, que fueron cuestionados por Bruselas el mes pasado con la consiguiente alarma en el sector. Este encuentro servirá para firmar definitivamente la paz en este asunto, lo que permitirá a las entidades españolas respirar porque mantendrán sus niveles actuales de solvencia.

Según fuentes conocedoras de la situación, la clave de este armisticio es que la Comisión Europea ha separado los casos italiano y español, que inicialmente iban en el mismo pack. La situación de Italia es la que más preocupa en Bruselas, mientras que en el caso español los problemas provienen básicamente de la forma en que se aprobó la norma sobre estos activos, sin consultarla previamente con las autoridades comunitarias. Un portavoz de Vestager admite que "es demasiado pronto para especular sobre los próximos pasos que podríamos tomar, pero cada caso se basará en sus propias cualidades".

La propia comisaria ha explicado esta mañana en un desayuno informativo en Madrid que simplemente ha preguntado a los Gobiernos para entender cómo funciona el sistema, con el fin de asegurarse de que no supone una ventaja competitiva respecto a otros bancos europeos, por lo que va a seguir investigando. Vestager ha aplaudido la reestructuración de la banca española, que considera que "ha mejorado drásticamente y está en condiciones de contribuir a la recuperación económica", pero ha insistido en que ese proceso debe hacerse en un campo de juego nivelado.

Como ha informado El Confidencial, nuestro Gobierno ha hecho casus belli de la defensa de los DTA, con la intercesión de Guindos ante Vestager y del propio Mariano Rajoy ante el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. En principio, Bruselas no puede decretar la supresión de estos activos del capital de los bancos, pero sí considerar que son ayudas de Estado. Y, en ese caso, la consecuencia sería que Cristóbal Montoro tendría que contabilizar su importe total, 40.800 millones, como deuda pública (y la parte que ya han activado las entidades como déficit). El temor de los bancos es que, si los DTA tienen que contabilizarse como deuda, Montoro se niegue a mantener la garantía y entonces deban restárselos del capital.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. (EFE)
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. (EFE)

 Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, el Gobierno aprobó el año pasado un real decreto-ley que garantiza su recuperación íntegra aunque no se alcance el nivel de beneficios necesario. Y esa garantía es lo que cuestionaba la Comisión Europea.

España no consultó la norma con Bruselas

Ahí es donde está el origen del enfrentamiento con Bruselas, según las fuentes consultadas: España no sometió la norma al examen de la Dirección General de Competencia, sino que se la mandó dos días antes de que la aprobase el Consejo de Ministros. Economía siempre ha sostenido que este organismo le remitió un mail con su visto bueno pero, evidentemente, no tuvo tiempo para examinar con detalle el texto y sus posibles efectos. De ahí que la Comisión pueda esgrimir que la norma española no fue consensuada, lo que justificaría su revisión.

La clave de este armisticio es que la Comisión ha separado los casos italiano y español. La situación de Italia es la que más preocupa en Bruselas

Sin embargo, esta posibilidad ha quedado aparcada. Siempre según estas fuentes, la verdadera preocupación de Vestager reside en Italia, donde, aparte del reconocimiento de los DTA, las entidades no han tomado apenas medidas para reforzar su solvencia; en España, como es sabido, se ha rescatado con 41.000 millones de dinero europeo a las cajas insolventes y los bancos solventes han reforzado su capital con numerosas ampliaciones en los últimos años. Además, en el mercado se rumorea que todo este asunto viene de las protestas de Alemania por la intención de un banco italiano (Intesa, según algunos medios), con importantes activos fiscales en su balance, de adquirir una entidad germana.

La compra de TSB confirma el fin de la polémica

Un caso similar sería la compra del británico TSB por parte del Sabadell, que también tiene muchos DTA provenientes de la CAM y de las demás entidades que ha adquirido en la crisis, y que también ha sido cuestionada por algunas entidades. Sin embargo, este mismo lunes la propia Vestager ha aprobado oficialmente la operación. "Esta aprobación es la mejor prueba de que los DTA de la banca española no son un problema para Bruselas", sostiene una de las fuentes consultadas. El regulador británico (TRA) tampoco ha puesto pegas porque TSB está sobrecapitalizado y, además, siempre puede vetar el pago de dividendo si detecta algún problema.

Sucursal de TSB en Londres. (Reuters)
Sucursal de TSB en Londres. (Reuters)

Si los DTA tuvieran que restarse del capital de las entidades, estas deberían captar recursos en mercado para cumplir los requisitos de solvencia: las más perjudicadas serían Bankia, Sabadell, Liberbank y CaixaBank entre las cotizadas, y Abanca y BMN entre las antiguas cajas que no están en el mercado, que son las que tendrían mayores déficits. Esto conllevaría dos grandes problemas, según los expertos: primero, los bancos deberían volver a centrarse en reforzar su capital –una fase que creían haber dejado atrás– en vez de en reactivar el crédito para financiar la recuperación económica; y segundo, varias de estas entidades tendrían que volver a ser rescatadas con dinero público ante la imposibilidad de captar esos fondos de los inversores.

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