El 60% de las empresas del Ibex se salta los plazos de la Ley contra la Morosidad

Está considerado el responsable del cierre de miles de pequeñas y medianas empresas durante la crisis. Los retrasos en los pagos a los proveedores son una de las grandes lacras de nuestro país, contra la que se ha tratado de combatir reduciendo los plazos y obligando a las empresas a retratarse en sus informes anuales sobre los plazos en que pagan y el dinero que deberían haber saldado, y continúan sin hacerlo, al cierre de cada ejercicio.

Cinco años después de que entrara en vigor la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad y se limitara a 60 días el plazo máximo de pago a proveedores el 60% de las mayores compañías cotizadas españolas, grupos que conforman el índice Ibex 35, siguen incumpliendo esta obligación. Y eso que se concedió un periodo de adaptación de tres años, ante la consciencia de las autoridades de la revolución que suponía para las empresas esta nueva exigencia.

Abengoa, Abertis, Acciona, ACS, Amadeus, Banco Popular, Banco Sabadell, Caixabank, DIA, Enagás, FCC, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Inditex, Indra, Mapfre, Mediaset, OHL, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica reconocen en sus informes anuales incumplir la Ley de Morosidad, aunque el grado en que esto ocurre difiere mucho de una compañía a otra.

Por ejemplo, de todos los pagos realizados por Abertis (ver cotización) en 2014, último ejercicio completo con cuentas auditadas, sólo el 0,17% superaron el máximo de 60 días, lo que no ha evitado que la empresa catalana haya concluido el ejercicio con 25 millones de euros en facturas pendientes que incumplen la Ley de Morosidad. En el caso de Gas Natural y Red Eléctrica las facturas saldadas fuera de plazo se limitan al 0,04%; mientras que en Repsol (ver cotización) y Enagás apenas representan el 1%, en Inditex (ver cotización) son un 2%, en Mapfre (ver cotización), el 3,28%, y en Telefónica (ver cotización) se sitúan en el 5%.

La otra cara de la moneda corresponde a los grupos de infraestructuras, y eso que dentro de la letra pequeña de la Ley contra la Morosidad se abrió la mano a las constructoras de obra pública, al concedérseles plazos más amplios que al resto durante el periodo transitorio, con la vista puesta en facilitarles su adaptación, ya que estas empresas estaban siendo a su vez víctimas de los impagos de la propia Administración.

A pesar de los cinco años transcurridos desde la entrada en vigor de la normativa, y de los Fondos de Pago a Proveedores constituidos, precisamente, para que las administraciones sacaran fuera todas las facturas ocultas en los cajones y empezaran a pagar en plazo, FCC salda tarde el 49% de sus facturas, con un exceso medio de 108 días sobre los 60 legales; en el caso de Abengoa es el 29% y 71 días de más; mientras que en Acciona y OHL uno de cada cinco pagos incumple la normativa, al superar el plazo en 33 y 74 días.

Al mayoritario incumplimiento de los plazos de pago, limitados a 60 días, se suma la falta de transparencia de la mitad del Ibex a la hora de informar

Sacyr y Ferrovial, en cambio, aseguran haber saldado sus facturas en un plazo medio de 60 y 53 días, respectivamente, aunque, a diferencia de la transparencia con la que informan muchos de sus competidores, en la información enviada a la CNMV no detallan ni el total de pagos realizados durante el ejercicio, ni las posibles cantidades que han podido concluir el año sin haberse saldado dentro del plazo legal. Un ejercicio que sí realizan otras empresas que, como ellas aseguran cumplir con los plazos, caso de Bankia.

La Ley de Lucha contra la Morosidad persigue tanto que se salden las facturas en fecha, como forzar a las compañías a ser transparentes en sus plazos de pago, segunda exigencia que incumple más de la mitad del Ibex 35.

Los peores de la lista

Las dos compañías que en mayor proporción se saltan la normativa son Grifols e Indra, grupos que el pasado ejercicio saldaron el 59% y el 42,71% de sus pagos por encima de los 60 días marcados, con un exceso medio de 74 y 78 días, es decir, más que doblaron el límite. Y eso que han mejorado sus registros frente a 2013, cuando las facturas saldadas fuera de pago representaban el 62% y el 51,46% del total.

Dentro del sector financiero, dividido por la mitad entre cumplidores e incumplidores, llama la atención el caso de Banco Popular (ver cotización), que el 13,58% de sus pagos a proveedores los ha realizado fuera de plazo, con un exceso medio de 38,71 días. En cambio, tanto Sabadell como Caixabank limitan al 6% y 6,8% las facturas saldadas más allá de lo permitido por ley.

A este elevado número de incumplimientos se suma un rosario de exigencias -que los proveedores tachan de estrategias y triquiñuelas dirigidas a retrasar el pago de las facturas- que también dilatan la recepción, contabilización y el correspondiene pago. Por ejemplo, Mediaset (ver cotización), cuyo periodo medio de pago ha sido de 81 días -incumplimiento que no detalla conforme a las reglas de transparencia- justifica que excede el plazo legal por el "riguroso control ejercitado por la Sociedad en relación a los requisitos mercantiles y fiscales que deben ser cumplidos por las facturas recibidas y que implica que éstas no son abonadas hasta que las incidencias detectadas no han sido subsanadas".