Hacienda inició las actuaciones contra Rato sin hacerle una inspección previamente

El fantasma de Elpidio Silva se cierne sobre el caso Rato. Si entonces la defectuosa instrucción del juez estrella permitió que Miguel Blesa esquivara la cárcel, ahora la precipitación de la Agencia Tributaria (AEAT) puede hacer que su sucesor al frente de Caja Madrid evite también algunas de las acusaciones contra él. Según fuentes conocedoras del proceso, la AEAT no había hecho una inspección sobre la regularización de su patrimonio en la amnistía antes de denunciarle a la Fiscalía para poner en marcha las actuaciones como los registros, la detención y el bloqueo de sus cuentas. Así lo confirman fuentes cercanas al exvicepresidente del Gobierno.

Según las fuentes consultadas, "es muy arriesgado lanzar una actuación de este calibre sin haber permitido al contribuyente defenderse y presentar sus papeles y justificantes. Eso es lo que se hace siempre, pero en este caso no se ha hecho", sino que la investigación ha pasado directamente de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) al Fiscal sin pasar por el departamento de Inspección de la AEAT, que es el que ejecuta las comprobaciones cuando la citada oficina detecta irregularidades en un contribuyente. La falta de contacto entre la Agencia y el sospechoso explica también la tranquilidad de Rato unos días antes del registro.

Esta forma de actuar en el caso Rato tiene varias consecuencias. La primera que es "imposible estimar la deuda con dos decimales" sin haber hecho ninguna comprobación previa, tal como sostiene la denuncia de la AEAT que cita el diario El Mundo. La segunda es que muchas de estas acusaciones pueden venirse abajo si Rato es capaz de justificar y probar su legalidad con contratos, facturas, declaraciones, etc. Esto se habría evitado con una comprobación previa, que se podría haber realizado en el año largo que llevaba Hacienda detrás del sospechoso.

La tercera y más grave es que la defensa del exdirector gerente del FMI seguramente se agarrará a este procedimiento inhabitual para denunciar una desproporción de las actuaciones –"pocas cosas son tan duras como un bloqueo de las cuentas bancarias", añade otra de las fuentes– y la vulneración de su derecho de defensa, con la intención de solicitar la nulidad de las actuaciones. Es decir, algo parecido a lo ocurrido con Blesa.

Anticorrupción vio insuficiente la denuncia

La falta de esta inspección sobre el patrimonio regularizado por Rato es uno de los motivos por los que la Fiscalía Anticorrupción echó atrás la denuncia de Hacienda hace dos meses, al considerarla demasiado embrionaria, como adelantó El Confidencial. Ahora, la Fiscalía que dirige Antonio Salinas previsiblemente va a hacerse cargo de nuevo del caso (debe resolverlo la fiscal general del Estado) y tendrá que decidir si sigue adelante con la denuncia de Hacienda o le pide de nuevo una investigación más completa que incluya una inspección estándar. Precisamente, el recurso a los juzgados de Plaza de Castilla pretendía, según algunas fuentes, sortear el rechazo de Anticorrupción.

Como también adelantó este medio, las prisas del departamento de Cristóbal Montoro derivan de un requerimiento notarial que remite Bankia a su expresidente para que responda con todo su patrimonio y varias pólizas de seguro contratadas al efecto de la mayor cantidad posible de la fianza de 800 millones impuesta por el juez Andreu de forma solidaria a la entidad, su a matriz BFA, a Rato, a José Manuel Fernández Norniella, a José Luis Olivas y a Francisco Verdú, que de momento han pagado al 50% BFA y Bankia.

Dicho requerimiento provoca una serie de movimientos patrimoniales por parte del ex número dos del PP que la AEAT interpreta que pretenden ocultar recursos para evitar dicha fianza, lo que constituiría un delito de alzamiento de bienes. La necesidad de frenarlos una vez que se había publicado que el Sepblac investigaba a Rato precipita la denuncia a Plaza de Castilla, aunque en este caso no es el juez quien protagoniza el caso -a diferencia del de Blesa-, sino el fiscal.

Algunas acusaciones chirrían

La posibilidad de que parte de las acusaciones de la AEAT se vengan abajo se refuerza con lo chocante de algunas de ellas, como las contradicciones entre las declaraciones de un año y del siguiente, o la de no haber declarado los emolumentos percibidos como consejero asesor de Telefónica y Santander. "Si no lo ha declarado, sería de aurora boreal", se extraña una fuente cercana a estas empresas. "Si tienes 27 millones ocultos, no te vas a arriesgar a que te pillen por no declarar unos miles de euros", añade otra.

No obstante, cabe otra explicación: la sensación de impunidad. "La actitud de Rato puede ser similar a la de Iñaki Urdangarin: pensaba que con los suyos en el poder nadie iba a investigarle y podía hacer lo que quisiera. Eso explicaría también lo sucedido con las tarjetas black. Y, como se creía a salvo de todo, llegó a extremos impensables", sostiene una fuente política. Pero no pasa de ser una especulación.