Industria deja en la estacada a la CNMC en su batalla contra Repsol

El Gobierno ha hecho caso omiso de las reclamaciones procedentes de la CNMC para que Repsol pase por el aro de modificar toda su política comercial con las estaciones de servicio. Las enmiendas introducidas a última hora por el grupo parlamentario popular a la nueva Ley de Hidrocarburos no van a suponer ninguna modificación sustancial a menos que el partido en el Gobierno respalde las propuestas formuladas por el PSOE,que, paradójicamente, están mucho más cercanas a las tesis que defiende el organismo regulador.

Las enmiendas parlamentarias sugeridas a instancias del Ministerio de Industria limitan al 30% la cuotade los operadores mayoristasen el mercado petrolífero y admiten también la conveniencia de medir dicha participación en función a los volúmenes de litros vendidos y no sobre la base del número de gasolineras que cada empresa tiene en una determinada provincia. De esta forma se pretende evitar que las grandes marcas del sector se deshagan de instalaciones de su propiedad y adquieran otras sin incrementar el número de estaciones de servicio pero aumentando por encima del citado límite su verdadera posición comercial.

La nueva regulación se muestra en apariencia más restrictiva,pero en el fondo de la cuestión la CNMC se ha quedado sola ante el peligro que supone enfrentarse con las grandes petroleras del país y, especialmente, con Repsol. Las autoridades de competencia han desplegado una batería de expedientes sancionadores que en el caso de la compañía presidida por Antonio Brufau se han traducido en multas de 28,5 millones de euros en las últimas semanas. El origen de esta ofensiva reside en el pulso que los ‘padres de la sagrada competencia’ mantienen con la multinacionalsobre los contratos de abanderamiento con las gasolineras.

La CNMC quiere impulsar una liberalización lo más amplia posible de la distribución minorista de carburantes y pretende que la petrolera no imponga contratos en exclusiva a aquellas gasolineras que, siendo o no de su estricta propiedad, sean gestionadas por terceros bajo acuerdos de arrendamiento. Las autoridades de competencia consideran que los contratos de hasta tres años que ahora rigen las relaciones de Repsol con sus estaciones de servicio deben ser modificados para facilitar que otras operadoras puedan ofrecer mejores condiciones de mercado a los distribuidores que regentan las estaciones de servicio.

Enmienda del PSOE

El planteamiento de la CNMC fue expresado hace ahora un año en una propuesta oficialdestinada a modificarel artículo 43 bis de la Ley 34/1998 del sector de Hidrocarburos. En este trabajo de los servicios técnicos del organismo de regulación, se otorgaba un plazo de doce meses para desvincular los contratos referidos de su horizonte temporal. La medida se extendía a todas las gasolineras que trabajan bajo el soporte contractual de los llamados ‘CODOs’ (acrónimo de company owned-dealer operater). En total, cerca de 1.500 gasolineras estarían afectadas por los requerimientos de la CNMC.

La CNMC quiere impulsar una liberalización lo más amplia posible de la distribución minorista de carburantes

Las ideas contenidas en la propuesta de la CNMC han tenido mucha mejor recepción entre los responsables económicos del PSOE, hasta el punto de que el grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda en la que se incluyen, punto por punto, los mismos postulados contenidos en el documento elaborado por la Dirección de Promoción de la Competencia del organismo regulador. El primer partido de la oposición se pone del lado del regulador para destacar que en los casos en que la propiedad de la gasolinera no es plena por parte del operador “lo coherente con la normativa de competencia es la aplicación del régimen más estricto de la normativa sectorial”.

La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Hidrocarburos marcará el desenlace de la batalla de influencias desencadenada entre la CNMC y la primera petrolera del país. De momento, la entidad que preside José María Marín Quemada ha hecho valer su autoridad por la vía de los expedientes sancionadores, pero las enmiendas remitidas por el grupo popular, algunas incluso fuera de plazo, pueden generar un importante desgaste político al llamado ‘supervisor mayor del Reino’. Todo sea para demostrar la supuesta independencia del regulador en sus relaciones con el Gobierno de turno.