El juez pone en jaque el rescate de Pescanova por la pérdida de 500 millones

El rescate desde el fondo del mar de las deudas de Pescanova no llegará al menos hasta el 30 de noviembre. Esa es la fecha que se han dado como límite los bancos acreedores del grupo gallego ante el retraso en la aprobación por parte del juez de los concursos voluntarios de acreedores de diez de las filiales de la compañía de alimentación. Una demora producida por la imposibilidad de conocer realmente los pasivos de cada una de las sociedades.

Fuentes oficiales de los bancos que se comprometieron a ser accionistas de Nueva Pescanova, previa reestructuración del holding, han reconocido que el calendario para el reflotamiento de la empresa pesquera va mucho más lento de lo previsto. Hasta tal punto de que han puesto como fecha máxima el 30 de noviembre, ya que a partir de ese día los nuevos dueños del conglomerado gallego perderían más de 500 millones en créditos fiscales.

La citada fecha clave se explica porque, tras la aprobación por parte del Gobierno de la última reforma fiscal, sólo puede aprovecharse de determinados beneficios fiscales derivados de la quita de la deuda si el ejercicio fiscal va desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre en lugar de, como es tradicional en la mayoría de los grupos cotizadas, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si Pescanova no tuviera sus cuentas globales cerradas a ese día, no podría acogerse a la anterior normativa fiscal.

Sin esos cerca de 500 millones estimados de créditos fiscales, la viabilidad de Pescanova estaría en serio peligro, por lo que la compañía presidida por Jacobo González Robatto y dirigida por Senén Touza como consejero delegado estaría condenada a la liquidación. Por esta circunstancia, Sabadell, Popular y CaixaBank, los tres mayores acreedores junto con Bankia, BBVA, Novagalicia y el italiano UBI, están tratando de convencer al juez de que acelere los concursos de las filiales.

La demora se ha convertido en muy preocupante para los bancos, que se comprometieron a inyectar 150 millones de euros una vez se reestructuren las subsidiarias. La primera solicitud al juzgado de lo Mercantil de Pontevedra fue en julio de 2014. En aquel momento, Pescanova pidió la suspensión de pagos voluntaria para cuatro filiales (Bajamar Séptima, Pescanova Alimentación, Frigodis y Frivipesca Chapela) y posteriormente hizo lo propio con Fricatamar, Frinova, Insuiña, Pescafresca y Pescafina Bacalao. En noviembre también la pidió para Novapesca Trading.

Freno a los procesos exprés

Los acreedores, que habían aceptado canjear deuda por capital por 2.000 millones, pretendían que el juez aprobase los convenios por la “vía exprés” para poder dar continuidad al plan de reflotamiento. Pero la telaraña de créditos cruzados y sociedades fantasma creada por el anterior presidente, Manuel Fernández Sousa, ha hecho imposible que el juez sea capaz de determinar con exactitud el pasivo de cada una de las sociedades para las que se ha solicitado el concurso. En consecuencia, hasta que no fije el agujero de cada filial, no puede aprobar cada uno de los convenios.

Cuando eso ocurra, se procederá a segregar la totalidad del negocio a Nueva Pescanova, la sociedad limitada que tendrá 800 millones del pasivo posconcursal y que agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España. Esta firma, sucesora de la antigua Pescanova, retendrá los activos actualmente basados en España e incorporará las actividades internacionales del grupo.

El pasado año, el primero que el grupo se cerró sus cuentas a 30 de noviembre para aprovecharse de la normativa fiscal, el grupo registró un beneficio neto de 1.654 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 715 millones de euros al cierre del ejercicio precedente. La cifra de ventas de los once primeros meses de 2014 se situó en 901 millones. No obstante, el patrimonio consolidado era negativo en 616,6 millones de euros, lo cual le llevaría a la liquidación en el caso de que no se ejecutara el plan de rescate.