montoro se carga al bufete contratado por el frob

La abogacía del Estado busca endosar a los seguros la factura de la OPV de Bankia

La abogacía del Estado ha tomado las riendas del 'caso Bankia'. Su primer objetivo es endosar a los seguros de los consejeros y de Bankia la factura para reducir la del Estado

Foto: La abogacía del Estado busca endosar a los seguros la factura de la OPV de Bankia

Los abogados del Estado han comprado la tesis de Bankia, adelantada el sábado por El Confidencial, de que los primeros que deben hacerse cargo de la fianza de 800 millones impuesta por el juez Fernando Andreu –y del coste final de las reclamaciones de los inversores que acudieron a la salida a bolsa son los seguros, con lo que se reduciría el coste para el contribuyente. Y no sólo las pólizas individuales contratadas con Mapfre para los altos cargos a los que el auto impone fianza solidaria (Rato, Olivas, Verdú y Norniella). También apunta al seguro de responsabilidad civil suscrito por Bankia a través de Willis para su salida a bolsa, según fuentes conocedoras de la situación.

Esta póliza, que Rato contrató a su amigo y socio Jaime Castellanos (presidente de Willis España), es la gran esperanza de los defensores de los intereses del Estado, ya que tiene unas coberturas muy amplias. Según figura en el contrato, hay un límite de indemnización de 37 millones por siniestro y año, pero luego se añaden unos "límites de indemnización totales por tramos de las Pólizas Subyacentes" de otros 102 millones. Dichas pólizas fueron contratadas por un pool que incluye a Allianz, Liberty, QBE, Lloyd's y Zurich.

Además, las condiciones de este contrato son suficientemente amplias para que pueda entenderse que debe hacerse cargo de la fianza y las eventuales condenas. Este cubre los llamados "actos incorrectos", y se entiende por tal "un incumplimiento del deber, incumplimiento de obligaciones legales, incumplimiento del deber fiduciario, incumplimiento de contrato, incumplimiento de facultades, negligencia, error, declaración incorrecta o engañosa o cualquier acción u omisión ilícita, todo ello efectivo, supuesto o intentado", según reza en articulado del mismo. Hay que recordar que Miguel Blesa consiguió que Mapfre se hiciera cargo de su fianza de 16 millones por las tarjetas black.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato. (EFE)
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato. (EFE)

Esta opción para reducir la factura tanto de Bankia como de BFA es lo que explica la intervención de ayer de Luis de Guindos en el Congreso, en la que aseguró que, más importante que las cuantías concretas que pagará cada parte afectada, es "quién asumirá las primeras compensaciones", ya que "siempre supone mayor riesgo y exposición asumir las primeras pérdidas que las siguientes". Según las fuentes consultadas, el titular de Economía se refería a que esas primeras pérdidas serán las asumidas por los seguros, y sólo cuando se alcance el máximo de las pólizas empezarán a pagar BFA y Bankia.

De ahí también que dijera que no tiene sentido "contraponer BFA y Bankia", un evidente distanciamiento de su reciente entrevista con la agencia Reuters en la que anunció que el FROB a través del BFA (del que posee el 100%) asumiría el 62,5% del coste y Bankia el resto. Entonces también estimó que la cuantía máxima que habrá que devolver a los minoristas que acudieron a la salida a bolsa será de 600 millones, cantidad en la que se basa la fianza de Andreu, incrementada en el 33% que marca la ley.

Hacienda y Bankia, una relación de amor y odio

No obstante, Guindos sí se reafirmó en otros argumentos defendidos por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, como que Bankia es la mejor baza del Gobierno para recuperar los millones del rescate financiero, pero para eso hace falta "venderla al máximo precio posible", lo que implica no reducir su valor con el coste de la OPV. O que "si mantenemos la incertidumbre sobre esa potencial contingencia judicial de la salida a bolsa, lo único que haremos será penalizar el precio de Bankia".

Como ha venido informando El Confidencial, Bankia, Hacienda y Economía (a través del FROB) están librando una curiosa batalla en este asunto en la que van de la mano en unas cosas y se dan de palos en otras. Así, Cristóbal Montoro es el más firme opositor a que el Estado, a través del FROB, se haga cargo siquiera de una parte del coste, porque considera que ya se ha puesto demasiado dinero público en el rescate de la entidad. De ahí que apoye a Bankia en la idea de exprimir a los seguros. Sin embargo, Hacienda choca con Guindos y Goirigolzarri en la necesidad de que Bankia provisione el coste probable que tendrá que asumir y con la decisión de su presidente de aplazar la formulación de sus cuentas anuales hasta conocer dicho coste.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

"Antes de que te condenen, ¿para qué vas a fijar a priori el porcentaje que va a tener que pagar cada uno?", plantea una fuente de Hacienda que añade que, además, anunciar un coste puede suponer una mala administración de los recursos públicos. Por eso, considera que Bankia ha cometido un error al pretender provisionar ese impacto y al aplazar sus resultados, algo en lo que ha recibido el respaldo de Moncloa, como también adelantó El Confidencial. Hasta Guindos empieza a asumir su derrota en este punto, y ayer también se echó atrás: aseguró que la entidad debe "estimar las potenciales contingencias" de cara a presentar sus resultados de 2014, pero que no se trata de "provisiones concretas", sino de "una estimación del riesgo".

El abogado del Estado sustituye a Simon & Simon

Montoro es el principal valedor de la irrupción de la abogacía del Estado en el 'caso Bankia' y, de hecho, ha conseguido que tome las riendas del proceso judicial en sustitución del bufete privado que había contratado el FROB para este caso, Simon & Simon, según confirman tanto fuentes del fondo de rescate como de Hacienda. "No tenía ningún sentido utilizar un despacho privado cuando tienes los abogados del Estado a tu disposición", señala una de estas fuentes, que afirma que a partir de ahora los servicios públicos se van a hacer cargo de la representación del FROB para todo.

Otra fuente matiza que, antes de que entrara el abogado del Estado, era necesario analizar si tenía conflictos de intereses: "Por ejemplo, si en el caso de las tarjetas black hubiera delito fiscal, Hacienda reclamaría el dinero para ella y el FROB para él, lo que le impediría recurrir al abogado del Estado", explica. Y añade que, por la premura de tiempo, el citado bufete es el encargado de presentar el recurso contra la fianza impuesta por la Audiencia Nacional.

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