El Gobierno otorga a HSBC las pensiones de expatriados pese a ser investigado

La falta de coordinación entre ministerios ha sido una tónica general en el Gobierno de Mariano Rajoy. La última situación que pone de manifiesto la desorganización entre las distintas carteras ha sido la adjudicación por parte de Empleo del pago de las pensiones a los españoles que viven en el extranjero a HSBC, el banco investigado por Hacienda por ayudar a presuntos defraudadores fiscales.

Hasta la fecha, este servicio lo ha estado realizando Banco Popular, quien desde 2000 había ganado los contratos que cada tres años saca a subasta la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente de Fátima Báñez. A partir del próximo mes de mayo, el encargado de pagar las pensiones a los españoles que viven en el exterior será HSBC, que obtendrá unos 11,5 millones de euros en comisiones por tramitar estas prestaciones.

Fuentes oficiales de Empleo han matizado que la adjudicación todavía está pendiente de anuncio en el Boletín Oficial del Estado, si bien reconocen que el banco británico es el que mejor puntuación ha obtenido en la subasta. Además, añaden que la licitación es totalmente transparente y la gana el que ofrece el mejor servicio y con el menor coste para el Estado. Fuentes próximas a HSBC han reconocido que desde Empleo ya les han comunicado el contrato a la espera de la publicación formal. El banco ha declinado hacer ningún comentario oficial.

Se da la circunstancia de que tras la publicación por parte de El Confidencial de la lista Falciani, en la que estaban incluidos más de 2.700 españoles que tenían cuentas en la filial suiza de HSBC, Cristóbal Montoro afirmó que Hacienda ha solicitado un estudio para emprender acciones legales contra el banco británico por su posible participación en el fraude fiscal, ya que se sospecha que ayudó a los clientes a crear estructurar con las que evadir dinero al Estado.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro añadió la semana pasada que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria, una forma de expresar que el Ejecutivo ha decidido poner toda su artillería en funcionamiento para destapar las supuestas irregularidades de HSBC. Con ello, pretende comprobar las responsabilidades que pueda tener la entidad bancaria y sus empleados ante las cuentas de españoles que han defraudado a la hacienda pública.

En este sentido, ayer, el director de las inspecciones fiscales, Santiago Menéndez, indicó en el Senado que va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal ofrecida por el PP en 2012 poco después de que se destapara a nivel internacional la primera entrega de la lista Falciani.

Por su parte, fuentes de Hacienda mostraban su desconocimiento sobre la adjudicación de este servicio, que realiza cerca de 956.000 transferencias bancarias a inmigrantes que residen en unos 140 países, a los que se les abona un total de 1.050 millones de euros al año. Por su parte, la entidad con sede en Londres ya ha aclarado que esa actividad ilegal ya fue cerrada y que sus prácticas se ciñen a los mejores estándares bancarios.

Persecución internacional

Previsiblemente, los detalles del contrato los hará públicos la Dirección General de la Seguridad Social en mayo. En la última adjudicación realizada en 2012 a Banco Popular, el organismo dependiente del Ministerio de Empleo, dividió el servicio en dos lotes. El primero, para el pago de pensiones en Europa y el segundo, para el abono de las prestaciones sociales en el resto del mundo.

Según la resolución publicada en el BOE hace ahora casi tres años, el valor estimado del contrato fue de 6,95 millones para el Lote 1 y de 4,49 millones para el Lote 2. El canon de adjudicación fue del 0,29% neto sobre el importe líquido total de cada una de las nóminas mensuales pagadas durante la vigencia del contrato en el caso del Lote 1 y del 0,44% sobre el segundo lote.

Así, mientras Empleo le da este contrato a HSBC, Montoro está decidido a llevar a cabo "cuantas acciones legales puedan ejercerse por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles". De esta forma, el ministro de Hacienda ha indicado que nuestro país va a colaborar con otros estados afectados por las cuentas publicadas a través de la denominada lista Falciani y que ya han anunciado sus reclamaciones legales pertinentes. Bélgica ya prepara una orden de arresto internacional contra antiguos dirigentes de HSBC.