TCI reta al Gobierno y pide 500 millones en la OPV de Aena para mantener su consejero

La exitosa oferta pública de venta (OPV) de Aena ha provocado, no obstante, daños colaterales en los inversores que se habían comprometido a formar parte del núcleo duro: Ferrovial, Corporación Financiera Alba y The Children's Investment (TCI). Este fondo ha decidido desafiar al Gobierno y ha cursado una orden por más de 500 millones para mantener los derechos políticos que Fomento le había concedido previamente como accionista de referencia.

La decisión de acudir a la OPV como un inversor es un desafío en toda regla a los ministerios de Economía y Hacienda, que previamente le habían vendido un 6,5% de Aena como miembro del núcleo duro que el propio Gobierno creó antes de lanzar la emisión de acciones para actuar como cebo para el resto de interesados. Al tener garantizada la venta de un 21% del capital (otro 6,4% a Ferrovial y un 8% a los March), los inversores institucionales –fondos de pensiones, aseguradoras, etc…– apenas corrían riesgos de que la colocación quedase desierta.

Sin embargo, tal y como adelantó El Confidencial el pasado lunes, al elevar la banda orientativa de precios de la OPV desde los 43-48 hasta los 53-58 euros por acción, tanto TCI como Ferrovial y los March se han quedado sin opciones de comprar el citado 21%, puesto que las ofertas que pusieron cuando se creó el núcleo duro estaban por debajo de la citada horquilla. Los tres inversores, a los que se les concedió un puesto en el consejo de administración que ya ocupan, se han quejado porque ellos fijaron el precio con los datos de Aena a 30 de junio, mientras que la OPV se ha lanzado con cifras cerradas a 30 de septiembre.

Para mantener los derechos políticos ya adquiridos, TCI ha presentado una orden de compra en el tramo institucional por algo más de 500 millones de euros, como si se tratase de otro inversor normal. La solicitud está dentro de la nueva banda de precios, por encima de los 51,60 euros por título ofertados en un primer momento, cuando se le invitó a formar parte del núcleo duro. Su objetivo es que el Gobierno atienda su petición en su totalidad y le venda acciones representativas del 6,5% del capital que había comprado previamente al cambio de las condiciones de la OPV.

Sin embargo, esto supondría atender plenamente su solicitud, lo que será prácticamente imposible dada la gran sobredemanda registrada hasta la fecha. Un exceso de órdenes de compra que irremediablemente obligará a realizar un prorrateo y a asignar menos de una quinta parte de los importes pedidos por cualquier inversor. Según distintas fuentes, satisfacer toda su orden sería difícil de justificar porque otras instituciones podrían demandar a los bancos coordinadores de la OPV y al propio Gobierno por trato discriminatorio.

Sin embargo, la orden cursada por TCI en el tramo institucional le servirá de argumento a la hora de reclamar vía judicial a Economía y a Fomento. El motivo será el incumplimiento del contrato inicial, por el que el Estado le iba a vender un 6,5% del capital de Aena, y el no mantenimiento de los derechos de voto. Una batalla legal que se presume complicada porque el fondo inglés, Ferrovial y los March firmaron que sus ofertas iniciales tendrían una duración de seis meses, periodo que expira en abril.

Sin asumir riesgos con los particulares

Lo que tienen decidido Economía y Aena es que las acciones que iban a ser vendidas al núcleo duro se destinarán al tramo institucional y no al minorista. De esta forma, se mantendrá la actual estructura de la OPV, que tiene previsto adjudicar el 90% de los títulos entre inversores profesionales y el restante 10% entre particulares y empleados del grupo aeroportuario.

El recuerdo del fiasco de Bankia aún está muy presente en la mente de Luis de Guindos y de Ana Pastor, que no quieren arriesgarse a que, pese a la enorme demanda registrada durante la colocación, cualquier elemento exógeno a la oferta pudiera provocar una caída posterior de la cotización de Aena. Una postura que, en el caso de que la acción suba con fuerza a corto plazo por el exceso de peticiones, puede volverse en su contra porque algunas asociaciones de pequeños inversores le pueden acusar de haber discriminado al ciudadano de a pie que fue perjudicado en la nacionalización de Bankia.