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Los socios del ‘núcleo duro’ preparan medidas legales si se quedan fuera de Aena
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LOS DERECHOS POLÍTICOS, centro de discordia

Los socios del ‘núcleo duro’ preparan medidas legales si se quedan fuera de Aena

Los socios del 'núcleo duro' de Aena no quieren tirar la toalla y estudian medidas legales para no quedarse fuera del proceso de privatización

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Los componentes del teórico ‘núcleo duro’ de accionistas de referencia que comprometieron su incorporación a Aena no están dispuestos a tirar la toalla si el precio final de la oferta pública de venta (OPV) supera los baremos de sus respectivas propuestas y, en consecuencia, los deja fuera de la privatización. Tanto la Corporación Financiera Alba del Grupo March como Ferrovial y, sobre todo, el fondo británico The Children Investment (TCI) consideran que el Gobierno ha modificado los términos de la operación sin darles ninguna opción para ajustar el importe de las ofertas formuladas en el concurso público llevado a cabo el pasado mes de octubre.

El gestor aeroportuario se encargó primero de formar un grupo de socios institucionales que garantizasen la estabilidad del accionariado de cara a la privatización parcial de la compañía. El Gobierno decidió vender sólo un 49%, repartido en un 28% mediante OPV y el resto a partir de una venta directa a los tres adjudicatarios que pujaron más alto por la compra de hasta un 21%. La distribución de este último tramo se resolvió después de una licitación al mejor postor que implicó un compromiso de venta del 8% para el Grupo March y del 6,5% cada uno para Ferrovial y el mencionado hedge fund TCI.

Los tres ‘beneficiarios’ están ahora realmente escaldados con el proceso de privatización de Aena porque los retrasos producidos a instancias del Ministerio de Economía han motivado un cambio de los estados financieros con que la empresa controlada por el Ministerio de Fomento va a comparecer en los mercados de valores. La operación se diseñó en principio con arreglo a los estados financieros de junio pero ahora se ha ajustado al alza teniendo en cuenta el cierre a fecha de septiembre, lo que ha supuesto una mejora de los indicadores económicos de Aena que los bancos colocadores de la emisión quieren trasladar directamente al precio final de la oferta.

Para las entidades financieras encargadas de dirigir la OPV la ocasión la pintan calva y supone una buena oportunidad para elevar las ‘comisiones de miseria’ con que el Estado ha despachado la operación. Dicho de otro modo, con un precio final por encima del rango ofertado por los miembros del ‘núcleo duro’ tanto Ferrovial como TCI, e incluso los March, quedarán fuera del juego y entonces estos títulos excedentes irán a engrosar la cuantía de la oferta pública permitiendo que los bancos consigan un pequeño premio de consolación por su gestión de venta.

El Ministerio de Fomento, a través del ente privatizador que es la empresa pública Enaire, necesita cuadrar el círculo que supone ahora fijar un listón demasiado alto a sabiendas de que la colocación será un éxito por la sobredemanda que están captando las entidades de crédito. El problema reside en que después de la OPV sería conveniente que la acción tuviera recorrido en bolsa porque, de lo contrario, las cañas podrían tornarse en lanzas, máxime teniendo en cuenta que un 10% de la oferta está destinado a pequeños ahorradores que van a depositar su confianza y su dinero en Aena.

Entre la espada y la pared

El gestor aeroportuario hubiera preferido dejar las cosas como estaban, incentivando la salida a bolsa con un precio más cercano a los planteamientos iniciales que serviría también de analgésico para calmar los quebraderos de cabeza que se pueden producir en las relaciones con los socios de referencia. En este terreno, el drama para los promotores de la OPV reside en que un precio demasiado bajo en relación con la fuerte demanda puede causar también un estropicio político si luego la acción pega un salto durante los primeros días de cotización poniendo en evidencia que el Estado se ha quedado demasiado corto en su obligación de maximizar los ingresos en beneficio del contribuyente.

La privatización de Aena se encuentra entre dos fuegos pero los que echan humo principalmente son los responsables financieros de TCI, que no descartan acudir a la oferta y solicitar una participación equivalente al 6,5% inicialmente contratado con el Estado aunque para ello tengan ahora que pagar un precio más alto. Eso sí, a cambio exigen una garantía de derechos políticos como la que otorgaba su incorporación inicial al núcleo duro, de modo y manera que pueden sentarse en el consejo de administración de Aena con pleno mando en plaza.

Durante la fase del concurso público TCI llegó a solicitar una participación del 11%, lo que demuestra su apuesta decidida por Aena en un momento donde eran muchos más los detractores que descalificaban la conveniencia de la operación. Lo mismo puede decirse del Grupo March y de la constructora de la familia Del Pino, que ahora están siguiendo muy de cerca los movimientos de su compañero de fatigas con el fin de poner a buen recaudo los derechos perdidos en el trasiego político que ha acompañado todo el proceso de privatización de Aena.

El precio máximo sube de 55 a 58 euros

El partido no ha acabado todavía y es posible que continúe incluso después del lunes que viene, cuando se acuerde el precio definitivo de la OPV. De momento este martes se ha fijado un nuevo rango de precios, que ahora se sitúa entre un mínimo de 53 y un máximo de 58 euros. Esta es una referencia de indudable importancia ya que, de entrada, deja fuera de precio a Ferrovial, que ofreció 48,66 euros por acción y a TCI, que subió su propuesta hasta 51,60. El Grupo March se salva, de momento, por los pelos, aunque ahora tiene todas las papeletas para quedar también marginado de la operación.

Los tres inversores tienen en todo caso la opción de acudir a la OPV y ganar su posición comprando en lo que se denomina el ‘book’ de la oferta pública. Ferrovial no parece que vaya a hacerlo si no le garantizan derechos políticos, pero TCI puede echar un órdago y aumentar su inversión para convertirse en accionista de postín y luego reclamar al Gobierno lo que se daba; esto es un puesto en el consejo de administración. El Grupo March tendría incluso más legitimidad para ejercitar sus derechos en los tribunales ya que su caso puede ser todavía más sangrante si finalmente el precio definitivo de la OPV supera los 53,33 euros que la Corporación Financiera Alba propuso en su día, cuando nadie se atrevía a apostar tan alto por Aena.

Los componentes del teórico ‘núcleo duro’ de accionistas de referencia que comprometieron su incorporación a Aena no están dispuestos a tirar la toalla si el precio final de la oferta pública de venta (OPV) supera los baremos de sus respectivas propuestas y, en consecuencia, los deja fuera de la privatización. Tanto la Corporación Financiera Alba del Grupo March como Ferrovial y, sobre todo, el fondo británico The Children Investment (TCI) consideran que el Gobierno ha modificado los términos de la operación sin darles ninguna opción para ajustar el importe de las ofertas formuladas en el concurso público llevado a cabo el pasado mes de octubre.

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