El Gobierno reclama un 'striptease' del Ibex en su política publicitaria con los medios

El Ministerio de Economía ha planteado a la CNMV que las sociedades cotizadas informen de manera regular y estructurada acerca de su política de publicidad con los medios de comunicación. Según han señalado fuentes cercanas al departamento que dirige Luis de Guindos, las relaciones que mantienen las grandes empresas del Ibex 35 con los principales grupos mediáticos del país tienen una connotación directa en la percepción pública de cualquier marca corporativa, cuyo grado de transparencia deja, sin embargo, mucho que desear en España.

El deseo del Gobierno por destapar el velo de las fuertes inversiones publicitarias de las empresas bursátiles ha sido objeto de un interesante debate por parte de la comisión de expertos que desde hace casi dos años viene trabajando en el nuevo marco regulatorio de gobierno corporativo. Ha sido el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, quien ha suscitado la conveniencia de incluir a los medios de comunicación dentro de la relación de los llamados stakeholders o grupos de interés que forman parte de cualquier empresa que contrata sus acciones en los mercados de valores.

El plan del representante ministerial, persona de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta claramente a lo que se considera como una expresa rendición de cuentas que permita conocer de forma periódica la capacidad publicitaria de las sociedades cotizadas, así como los criterios que favorecen el reparto de este tipo de inversiones y los medios de comunicación que resultan especialmente beneficiarios. Dicha información tiene un especial valor añadido en un momento de tensión electoral como el que ahora se avecina en España.

La primera opción que se baraja para dar cuerpo legislativo a esta iniciativa consiste en incorporar una recomendación expresa dentro del nuevo Código Unificado que la CNMV tiene intención de presentar a mediados de febrero. La definición de esta guía de comportamiento estará incluida dentro del nuevo capítulo dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), una dimensión ajena al modelo tradicional de gobernanza estrictamente económica, pero que cada vez tiene mayor importancia a la hora de calibrar la contribución que puede hacer una empresa a la sociedad.

La esencia de la RSC reside en una serie de parámetros básicos para la creación de valor como fundamentos de la actividad empresarial, entre los que figuran la sensibilidad hacia el entorno, el sentido de la comunidad, la capacidad innovadora y la consideración del largo plazo. La recomendación del sanedrín que elabora los nuevos principios de gobierno corporativo establece que las sociedades cotizadas identifiquen, entre otros aspectos, las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con sus accionistas, empleados, clientes y proveedores.

Destapar el velo como aviso a navegantes

En este esquema de actuación se inscribe la propuesta de Temboury para que también los medios de comunicación formen parte del grupo en calidad de lo que se entiende como ‘público objetivo' de empresas que destinan grandes sumas de recursos a la inversión publicitaria. El procedimiento de utilizar un código voluntario como fórmula no es baladí por cuanto que la disposición de una obligación legal podría entrañar consecuencias jurídicas imprevisibles, sobre todo teniendo en cuenta que la promoción de la marca forma parte del marketing estratégico de cualquier empresa.

El camino parece abonado, en todo caso, para destapar el velo como punta de lanza para emitir un aviso a los navegantes del Ibex que se han convertido en fuentes de financiación de medios de comunicación hostiles al Gobierno. El Partido Popular está convencido de que la amenaza de los nuevos partidos emergentes, como es el caso de Podemos, ha surgido gracias a la inestimable colaboración de grupos mediáticos que han utilizado su capacidad de influencia social para promover un vuelco político en España.

La libertad de prensa garantiza todas las opciones informativas, pero eso no implica que se deba restringir la transparencia, sobre todo en los casos de sociedades cotizadas que apelan al ahorro privado en bolsa. Al menos, este es el criterio con que el subsecretario de Economía quiere hacer valer las tesis oficiales dentro del sanedrín de gobierno corporativo. El nuevo Código Unificado indicará el calado real de la recomendación y hasta qué punto el grupo de sabios que preside Elvira Rodríguez sigue las indicaciones que llegan del Gobierno.