les paga 275 millones

El Gobierno claudica e indemniza a las compañías eléctricas por el bono social

Industria ha decidido no pleitear más en los tribunales e indemnizar a Endesa, Iberdrola y Gas Natural con hasta 275 millones de euros por el llamado bono social

Foto: El ministro de Industria, José Manuel Soria (Efe)
El ministro de Industria, José Manuel Soria (Efe)

Por primera vez desde que el PP volvió a la Moncloa, el Gobierno ha pagado, en vez de cobrar, una dura factura a las compañías eléctricas, a las que en estos tres últimos años ha castigado con duros impuestos. El Ministerio de Industria ha decidido no pleitear más en los tribunales contra Endesa, Iberdrola y Gas Natural e indemnizarles con los 275 millones de euros que en 2012 les cargó por la puesta en marcha del llamado bono social o tarifas para personas sin recurso.

La decisión, que no se había hecho pública, la adoptó hace varios meses la Secretaría de Estado de Energía, dependiente de José Manuel Soria. Posteriormente, el Gobierno ha ingresado los 245 millones más intereses en las cuentas de las principales comercializadoras de energía. Así consta en una documentación remitida por Iberdrola y por Endesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que asegura haber recibido 105 millones más intereses de demora por esta reclamación.

A la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán le correspondía inicialmente el 38,4% de la financiación coste del bono social que puso en marcha el equipo de José Luís Rodríguez Zapatero en 2009 para ayudar a las familias en situación de precariedad. Endesa, por su parte, tenía que sufragar el 41,61%, por lo que ha recibido 113 millones de euros, mientras que a Gas Natural le tocaba el 14,18% y a EDP y a E.ON,  el 2,64 y el 2,36%, respectivamente.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (Reuters)
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (Reuters)

La decisión de pagar se ha producido después de que el Tribunal Supremo le diera la razón a Iberdrola –la única que había demandado al Gobierno- el pasado mes de febrero tras un litigio de casi dos años. El alto tribunal dictaminó que las compañías eléctricas no deben financiar el bono social de la luz, ya que resultaba "discriminatorio" que estas empresas tuvieran que asumir la carga de esta ayuda social.

Este bono social fue creado a mediados de 2009 y consiste en una congelación de la tarifa de luz, inicialmente hasta 2012 y posteriormente ampliada a 2013, para potencias contratada inferiores a 3 kilovatios (kW), pensiones mínimas, familias numerosas y familias con todos sus miembros en situación de desempleo.

El Gobierno había establecido que las compañías eléctricas se encargasen de la financiación de esta ayuda, cuyo coste asciende a más de 240 millones de euros anuales. Además, a finales de 2010, amplió el mecanismo hasta 2013 y cifró en “solo” 150 millones el esfuerzo anual que las cinco grandes eléctricas debían hacer para sufragar la medida.

Tras la sentencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debía no solo restituir el dinero pagado por las eléctricas, algo que no había hecho hasta hace unos meses, sino buscar el medio de financiación para los 240 millones de coste de la medida para este año. Iberdrola recurrió la normativa sobre el bono social al considerar que es "discriminatoria" y que "carga toda la financiación en unas empresas concretas de un sector, el de generación de energía eléctrica, sin que se explicite la razón por la que deba imponerse a dicho sector en general y a tales empresas en particular la prestación patrimonial que implica la financiación".

Millones de beneficiarios

El número de beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica ha bajado casi un 18% desde que se creó en 2009. Según los datos de la CNMC, estos usuarios han pasado de poco más de tres millones ese año, a los 2,5 millones en 2014, unos 15.000 abonados menos en un año. La mayor caída es la del colectivo con potencia contratada inferior a los 3,3 kW, que es el más numeroso. Estos, que son los únicos a los que el bono se les aplica sin solicitarlo previamente, han descendido en casi un 26%, hasta 1,962 millones.

Por el contrario, el colectivo de las familias con todos sus miembros en paro ha crecido un 264,5%, al pasar de 15.032 en 2009 a 54.824 este año, mientras que el de  los pensionistas ha aumentado en un 4,07%, hasta los 289.113. Por su parte, las familias numerosas con bono se han disparado en 150%, hasta situarse en estos momentos en 162.174.

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