Sacyr culpa a FCC de la enésima exigencia millonaria en el Canal de Panamá

Si las obras del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca han puesto de manifiesto las malas relaciones entre las constructoras españolas, la enésima reclamación de Sacyr en el Canal de Panamá ha destapado la tensión entre el grupo presidido por Manuel Manrique y FCC, a la que acusa del último retraso en el proyecto transoceánico.

La multinacional dirigida por Juan Béjar es la encargada de realizar la presa conocida como PAC4, una fase del proyecto que le fue adjudicada por unos 300 millones de dólares, cerca de 200 millones de euros, en 2009. Pero los trabajos, lejos de estar al día, llevan una demora considerable, lo que a su vez provoca que Sacyr no pueda hacer las pruebas en las esclusas del Pacífico. Una cadena de incumplimientos que han provocado otra crisis entre España y Panamá justo un año después de que Sacyr amenazase –como así hizo finalmente– con paralizar el proyecto.

La situación de FCC tampoco ha sido fácil. La empresa española participada por Carlos Slim y la familia Koplowitz exigió una compensación de 41,5 millones de dólares, que la Autoridad del Canal de Panmá (ACP) le aceptó. Al mismo tiempo, le amplió la fecha para terminar las obras hasta mayo de 2015 tras justificar que no podía cumplir con el plazo inicial.  Por este motivo, FCC asegura que no tiene ninguna demora adicional, si bien no es capaz de asegurar que vaya a finalizar los trabajos en el nuevo tiempo previsto.

La queja de FCC se debía a la resistencia y la calidad de los materiales, una excusa similar a la que en su momento Sacyr presentó por los problemas con el basalto. Pero, sea como fuera, la empresa participada por Demetrio Carceller, José Manuel Loureda y el propio Manrique reclama ahora una compensación de 404 millones de dólares, unos 331 millones de euros, porque no puede llenar de agua y probar la presa del Pacífico, más otros 333 millones de dólares (unos 275 millones de euros) por presuntos incrementos en el coste de construcción de las nuevas compuertas, dado que su peso finalmente es mayor al inicialmente fijado. 

El ataque de Quijano

La respuesta del administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, ha sido contundente: “Estamos revisando los reclamos, como siempre hemos hecho, para ver si existe algún mérito”, ha indicado el responsable de la ACP, quien ha añadido que “nosotros defenderemos a capa y espada no sólo al Canal, sino al país".

Quijano ha ido más allá en las conversaciones con Sacyr al indicarle cómo se pueden escudar en los retrasos de FCC cuando es el principal consorcio el que lleva más de un año de atrasos sobre el calendario inicial. Hay que recordar que el Canal debería haber estado terminado en octubre de este año y que, según la última revisión, no estará acabado hasta 2016.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), participado principalmente por Sacyr y la italiana Impregilo, ya exigió en enero de este año unos sobrecostes de 1.515 millones de dólares, 1.240 millones de euros, cerca del 50% del presupuesto original de la obra transoceánica. Si se le añaden ahora los otros 737 millones de dólares (604 millones de euros), la reclamación total asciende a 2.252 millones de dólares (1.844 millones de euros).

Una cifra aparentemente desproporcionada si se tiene en cuenta que el contrato fue ganado por Sacyr al asegurar que lo podía construir por 3.120 millones de dólares (2.244 millones de euros). Un tribunal de arbitraje de Miami tiene la última palabra sobre un conflicto que, en cualquier caso, dejará una sombra de sospecha sobre los particulares hábitos de las constructoras españolas.