La administración concursal de Nozar acusa de concierto a los Masaveu y los Nozaleda

La guerra judicial abierta en Nozar ha terminado forzando a los administradores concursales de la inmobiliaria a mover ficha. Cristina Jiménez Savurido y Luis Aurelio Martín han salido de su anonimato y han enviado un comunicado oficial en el que aseguran que las querellas presentadas contra ellos por parte de Luis y Juan Carlos Nozaleda, por una parte, y por parte; y por la familia Masaveu, por otra, “no se ajustan a la verdad de los hechos, siendo concertadas, con el objetivo de condicionar las actuaciones de la administración concursal en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales y profesionales.

La decisión de Jiménez y Martín de rechazar la propuesta de convenio el plan de viabilidad presentado por Nozar, que desde la inmobiliaria aseguran que contó con el respaldo del 73,3% de los acreedores, fue el detonante del enfrentamiento entre las dos partes, que ha terminado llegando hasta los tribunales.

Los administradores concursales afirman que rechazaron esta propuesta porque “tal convenio es contrario a la ley y no salvaguarda los intereses del concurso, de la masa activa, de los acreedores y de terceros afectados, siendo el Plan de Viabilidad y el Plan de Pagos presentados de imposible cumplimiento”.

En defensa de su postura, afirman que este plan "depende de resoluciones judiciales que se escapan al control de la compañía concursada, ya que las principales fuentes de generación de recursos son demandas de nulidad y reintegración de difícil prosperabilidad por el transcurso del tiempo desde la declaración del concurso y la jurisprudencia asentada en ese tiempo”.

Los administradores rechazan, incluso, que el 73,3% de los acreedores haya dado el visto bueno a la propuesta de convenio ya que ésta, afirman, sólo fue votado por “los acreedores ordinarios y aquellos denominados privilegiados que optan por renunciar a las garantías específicas de su crédito, lo que reduce el porcentaje de derechos de voto al 28% en valor del total de los acreedores que tienen que cobrar del patrimonio de Nozar.

Sobre esta base, sostienen que “sus argumentos van dirigidos al conjunto 420 afectados por el concurso, de los cuales, tan solo 33 han votado favorablemente el convenio. Los acreedores que no han votado el convenio representan 1.028 millones de euros del total del pasivo de la deuda que asciende a casi 1.600 millones”.