CEOE reclama a Ana Pastor la apertura de todos los corredores del AVE en 18 meses

La CEOE se ha despachado a gusto en su pliego de alegaciones sobre la orden ministerial que el Ministerio de Fomento acaba de someter a consulta pública para la liberalización del AVE en España. La cúpula patronal ha elaborado una larga lista de reivindicaciones que harían las delicias de las empresas privadas interesadas en competir con el monopolio de Renfe. Entre las peticiones de su ‘carta a los Reyes Magos’ la entidad confederada que preside Juan Rosell reclama la apertura de todos los corredores de alta velocidad en un plazo no superior a los 18 meses.

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros dio el pistoletazo de salida al proceso de liberalización del AVE dentro de lo que se considera una primera y, de momento, única fase experimental, limitada al corredor de Levante entre Madrid y Valencia. La decisión adoptada a instancias del Ministerio de Fomento reducía, además, las operaciones del sector privado a un solo título habilitante por un periodo de siete años. Demasiadas restricciones, que han supuesto un jarro de agua fría sobre las expectativas futuras de negocio de los potenciales interesados.

La primera organización empresarial del país ha salido al quite en defensa de sus más distinguidos asociados, que pugnan por entrar en el negocio del AVE. Las grandes constructoras como Ferrovial, Comsa, ACS o Acciona, además de otros destacados grupos de transporte como Globalia, Alsa o la familia Lara a través de Veloi Rail forman parte de la lista de eventuales inversores dispuestos a pujar por esa licencia que la ministra Ana Pastor quiere adjudicar antes de que termine la legislatura. El objetivo oficial es sacar el pliego de condiciones a finales de enero, pero para eso es necesario que el Gobierno garantice antes unas condiciones mínimas de rentabilidad que hagan atractivo el concurso público.

A tal efecto, la CEOE considera necesaria la definición de un calendario de apertura del mercado de transporte de viajeros de carácter nacional, con un alcance mínimo a los corredores de altas prestaciones y de alta demanda. Aunque la cúpula empresarial se resiste a dar nombres, está claro que el objetivo apunta directamente a las dos grandes líneas de AVE entre Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, las dos joyas de la corona de Renfe que el Gobierno mantiene por ahora a buen recaudo y, por supuesto, muy lejos de las apetencias del sector privado.

La CEOE subraya que la operación ferroviaria es un negocio en el que la escala es fundamental para conseguir ser una empresa eficiente y viable desde el punto de vista económico. A todo ello se añaden los costes hundidos, vinculados con el inicio de la actividad, y el componente de estacionalidad que afecta a los distintos corredores de alta velocidad, lo que puede traducirse en un incremento del coste medio para los nuevos operadores entrantes si no se consigue un aumento de las economías de escala.

El escrito de la entidad confederada concluye por todo ello que “la apertura progresiva del mercado ferroviario debe hacerse de acuerdo a unos criterios definidos y a un calendario orientativo, evitando una excesiva prolongación en el tiempo que reduzca la credibilidad del proceso”. La CEOE recuerda que la apertura total del mercado está fijada a la vuelta de los próximos siete años, de manera que el resto de corredores deberían en consecuencia ser liberalizados “inmediatamente”, entendiendo como tal un plazo de 18 meses.

A vueltas con los cánones de Adif

La CEOE remata su posicionamiento solicitando también un trato diferencial para el operador entrante en el pago de los cánones que cobra Adif por el uso de la vía férrea. La patronal entiende que debe establecerse una discriminación positiva frente al operador incumbente, de modo que se estimule la competencia dentro del mercado. La factura del administrador ferroviario va a suponer para los operadores privados entre un 50 y un 60% de todos sus costes, casi el doble de lo que representa para Renfe.

En los dos últimos años, los cánones de la alta velocidad han subido un 60% en España, lo que supone un listón infranqueable para cualquier inversor privado. Hasta hace unas semanas, Adif mostró una postura inflexible en contra de cualquier recorte de sus ingresos tasados. El Ministerio de Hacienda ha respaldado la defensa numantina de la empresa estatal, pero los dictámenes de la CNMC a favor de una sana competencia podrían facilitar en los próximos días un entendimiento entre el administrador ferroviario y los diversos aspirantes que intentan subirse en marcha al tren del AVE.