SE PODRÁN RECLAMAR DAÑOS Y PERJUICIOS

Economía abrirá la vía judicial para que los particulares puedan demandar a los cárteles

El Gobierno prepara una ley que permitirá a los ciudadanos reclamar daños y perjuicios contra la fijación ilícita de precios por parte de empresas competidoras

Foto: José María Marín Quemada. (Efe)
José María Marín Quemada. (Efe)

El Ministerio de Economía está elaborando una nueva disposición de carácter legal que facultará a todos los ciudadanos residentes en España la posibilidad de emprender demandas civiles por los daños y perjuicios derivados de la actuación ilícita de cárteles en cualquier tipo de actividad económica. La normativa será adoptada en cumplimiento de una nueva directiva europea en materia de competencia y supondrá un paso decisivo en la campaña de acoso y derribo contra los cárteles que ha emprendido el Gobierno en coordinación con los reguladores de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

El supervisor único que preside José María Marín Quemada hizo un guiño claro a finales de octubre para abrir la espita de una futura oleada de denuncias en este terreno. La CNMC aprovechó un expediente incoado a instancias de la Comisión Europea contra un cártel de 24 empresas fabricantes de palés de madera para recordar de forma velada a los posibles damnificados la opción de recurrir ante los tribunales de justicia. El regulador otorgaba de esta manera carta de naturaleza a las demandas particulares a raíz de la disposición administrativa que implica la sanción y desmantelamiento de un cártel.

La apertura de la jurisdicción civil en la lucha anti-cártel representa un complemento esencial de la labor administrativa centrada en la detección, inspección y sanción de conductas orientadas a la fijación de precios entre empresas teóricamente competidoras. La CNMC es consciente de la limitación de recursos con que tiene que abordar un desafío de esta naturaleza cuando tan sólo lleva un año escaso de funcionamiento efectivo. En última instancia, el regulador tampoco está capacitado para imponer multas realmente disuasorias que inhabiliten la reanudación de estas prácticas que atentan contra la libre competencia.

España se ha convertido en uno de los principales paraísos de los cárteles económicos y las autoridades de competencia no dan abasto para satisfacer los requerimientos de Bruselas en su intento de poner coto a este tipo de acuerdos prohibidos por la Unión Europea

España se ha convertido en uno de los principales paraísos de los cárteles económicos y las autoridades de competencia no dan abasto para satisfacer los requerimientos de Bruselas en su intento de poner coto en toda Europa a este tipo de acuerdos colusorios que están expresamente prohibidos en los Tratados de la Unión Europea. Bajo este principio, el Ministerio de Economía ha dispuesto la conveniencia de una regulación mucho más amplia para que la sociedad civil y los jueces tomen plena conciencia de la gravedad de los cárteles y eviten posturas permisivas que faciliten su desarrollo en nuestro país.

La beligerancia de la CNMC ha servido de acicate para crear una cultura de tolerancia cero que está empezando a dar sus frutos. El organismo regulador ha constituido un comando formado por 50 inspectores cualificados que han abierto durante este año una veintena de expedientes sancionadores tras una intensa labor de screening en la que han sido investigadas casi medio centenar de compañías, incluyendo grandes empresas y sociedades cotizadas. Los supervisores han habilitado además un Buzón de Colaboración Ciudadana para que cualquier interesado pueda efectuar sus denuncias a través de la página web o mediante llamada telefónica a la propia Comisión.

La lucha contra los cárteles se ha convertido en el principal eje sobre el que gira toda la política de defensa de la competencia. Para demostrarlo baste señalar que en los últimos cuatro años se han desmontado en España hasta un total de 25 organizaciones de esta naturaleza frente a tan sólo diez en los veinte años precedentes. Las multas impuestas desde el año 2010 gracias a las denuncias contra los cárteles se elevan a 450 millones de euros, lo que da una idea del imponente negocio que subyace detrás de estos pactos ilícitos en los que el consumidor final aparece siempre como la víctima propiciatoria.

La campaña contra los cárteles adquirió carta de naturaleza a partir del denominado ‘programa de clemencia’ instituido en 2008 para la detección de acuerdos secretos entre dos o más competidores

Programa de clemencia

La campaña contra los cárteles adquirió carta de naturaleza a partir del denominado ‘programa de clemencia’ instituido en 2008 para la detección de acuerdos secretos entre dos o más competidores. La iniciativa ha sido importada del ordenamiento anglosajón y trata de promover la delación de las prácticas anticompetitivas por las mismas empresas que participan dentro del cártel. Los denunciantes deben presentar pruebas suficientes y darse prisa a la hora de solicitar la clemencia de las autoridades ya que sólo los primeros en levantar el velo pueden aspirar a quedar exentos de la consiguiente multa.

El Gobierno confía en que la nueva regulación que ampara las denuncias por daños y perjuicios será definitiva para que las peticiones de clemencia se conviertan en moneda de uso corriente en la actividad de la CNMC con los distintos agentes económicos. Las empresas tendrán que tentarse la ropa a partir de ahora porque las consecuencias de actuar dentro de un cártel podrán resultar mucho más onerosas de lo que pueda representar una simple multa administrativa. Una vez más, la vía judicial debe ser el complemento indispensable para disuadir y, en su caso, desestabilizar a los promotores de los cárteles en España.

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