BOADILLA RECLAMA A ARNAIZ 2,3 MILLONES

La Abogacía pide cárcel para los testaferros del 'recalificador' de la Ciudad del Santander

El arquitecto y urbanista Leopoldo Arnaiz ve complicarse su futuro judicial en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal y blanqueo en el juzgado 35 de Madrid

Foto: Leopoldo Arnaiz Eguren
Leopoldo Arnaiz Eguren

El arquitecto y urbanista Leopoldo Arnaiz ve complicarse su futuro judicial en la causa que se sigue contra él en el juzgado número 35 de Madrid, donde está procesado por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a dos de sus testaferros. La Abogacía del Estado, que sólo persigue el delito de fraude fiscal, ha fijado ya en su escrito de acusaciones las penas que pedirá para estos dos testaferros, Constantino Díaz González y Félix Ruiz Salinas: dos y tres años de cárcel respectivamente.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP, ha conseguido personarse como acusación en el caso, argumentando que cuatro empresas de Arnaiz (entre ellas una de las sociedades investigadas en el 35) deben a las arcas públicas 2,6 millones de euros en impuestos, sobre todo en concepto de IBI y de plusvalías por parcelas que estas sociedades tienen en el municipio.

La titular del juzgado número 35 de Madrid, Gemma Gallego, informa de todos estos nuevos pasos judiciales en una providencia dictada el 17 de octubre, encauzando así el final de una instrucción que se inició en 2009. Además, Izquierda Unida, también personada en la causa y presente en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) del Ayuntamiento de Madrid, se ha hecho eco de una información publicada por El Confidencial y solicitó por escrito el pasado 28 de octubre que se le informe si es compatible que Díaz, imputado en el 35, fuera administrador de una de las sociedades investigadas por fraude fiscal en este juzgado mientras era abogado de la empresa pública del Consistorio madrileño.

La ciudad grupo Santander, en Boadilla del Monte, Madrid. (Archivo)
La ciudad grupo Santander, en Boadilla del Monte, Madrid. (Archivo)

Constantino Díaz fue el administrador de la firma Beltraex Nexo; y Félix Ruiz, de la sociedad Fersa Gestión. Una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria detectó que Beltraex había vendido sus acciones a Fersa. En esa transmisión de acciones, tanto el vendedor como el comprador defraudaron 811.000 euros. La Abogacía pide para Constantino (y su esposa) dos años de prisión y una multa de 900.000 euros. Para Félix solicita una pena de tres años de cárcel y 900.000 euros de multa. Además, Constantino deberá indemnizar a la Hacienda Pública con 440.000 euros; y Félix, con 372.000.

La investigación dirimió después que estas dos empresas pertenecían realmente a Leopoldo Arnaiz. Beltraex fue creada en el año 2002 para comprar terrenos en Boadilla que pertenecían al Banco Santander. Esta firma, sin trabajadores en nómina, pagó 3,2 millones por tres parcelas, que luego fueron revendidas por 2,1 millones a otra empresa de Arnaiz. Esta última sociedad revendió las parcelas a la entidad financiera, a la que pertenecían originalmente, por 96 millones de euros, 93 millones más de lo que pagó inicialmente Beltraex. Un negocio redondo. Las dos acusaciones populares del caso, Izquierda Unida y Transparencia y Justicia, consideran que estas operaciones fueron un “pago por los servicios prestados”. Arnaiz fue el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla que reclasificó los terrenos que el banco había comprado previamente a suelo rústico para levantar su Ciudad Financiera, una reclasificación que provocó el enfado y las sospechas de los propietarios que habían vendido muy barato sus terrenos al banco, que denunciaron hace años a Arnaiz en lo que se llamó el caso de la Ciudad Financiera. Arnaiz fue absuelto en octubre de 2010.

Ahora, en esta otra causa, la jueza del 35 sigue indagando sobre las operaciones inmobiliarias de Arnaiz con el Banco Santander, y ha pedido que declare como testigo Juan Manuel Lantero Alonso, apoderado y secretario en el año 2003 de la empresa Cezosa, la filial de la entidad financiera que compró los terrenos recalificados por Arnaiz donde luego se levantó la Ciudad Financiera. Cezosa vendió después tres parcelas al arquitecto por 3,1 millones, suelo que luego fue revendido por 96 millones. En la causa ya ha declarado otro exdirectivo de Cezosa, José Luis Contreras. La Fiscalía de Delitos Económicos, que persigue el blanqueo de capitales, aún debe fijar la pena que pedirá para Leopoldo Arnaiz, según explican fuentes jurídicas.

El Ayuntamiento, quinta acusación
La providencia del 17 de octubre también admite al Ayuntamiento de Boadilla del Monte personarse en la causa, convirtiéndose así en la quinta acusación contra Arnaiz. El arquitecto redactó el plan urbanístico del municipio y varios planes parciales (nuevos barrios a desarrollar). Ya estaban la Abogacía del Estado (persiguiendo el delito de fraude fiscal), la Fiscalía de Delitos Económicos (tras el blanqueo de capitales), Izquierda Unida y la asociación Transparencia y Justicia. En su escrito solicitando la personación, el Consistorio informa al juzgado que cuatro empresas deben 2,6 millones en impuestos municipales. El PP quiere saber quién es el dueño de estas compañías para que pueda cubrir las deudas que deben dichas sociedades. Sospecha que son de Arnaiz, pero quiere que el juzgado lo ratifique.

La providencia del 17 de octubre también admite al Ayuntamiento de Boadilla del Monte personarse en la causa, convirtiéndose así en la quinta acusación contra Arnaiz. Ya estaban la Abogacía del Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos, IU y la asociación Transparencia y Justicia

Se trata de Valle del Duero, Gamadortiz, Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios y Beltraex Nexo. Según el Ayuntamiento, Valle del Duero debe 1,99 millones de euros; Gamadortiz, 412.338 euros; Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios, sólo 1.895; y Beltraex Nexo, 132.002. En total, 2,6 millones de euros. Valle del Duero es una promotora burgalesa inscrita en el registro mercantil en julio de 1999. El 51% de Valle del Duero pertenece a Leopoldo Arnaiz a través de otra empresa llamada Gamadortiz, creada en marzo de 1999. Para complicar todo aún, Gamadortiz pertenece a su vez a otra firma llamada Dosmilenaria, propiedad también de Arnaiz.

Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios también es de Arnaiz. Al igual que Beltraex Nexo, la firma está siendo investigada por fraude fiscal en el juzgado número 35. Tanto Valle del Duero como Gamadortiz están en concurso de acreedores. Estas dos empresas, junto a Construcciones Aragón Izquierdo (firma socia de Arnaiz también en concurso de acreedores) son las dueñas de los terrenos del ámbito Plan Parcial 6.1 Cortijo Sur, 717.000 metros cuadrados en el norte de Boadilla donde se iban a construir 650 chalés. Como estas empresas están en quiebra no pueden hacer frente a los gastos de urbanización, por lo que en 2013 el Ayuntamiento decidió paralizar “las actuaciones urbanizadoras” y ahora quiere cobrar el impago de varios impuestos municipales. Por estos 650 chalés, Arnaiz y sus socios podrían haber ingresado 195 millones de euros, según los actuales precios de mercado en urbanizaciones limítrofes. Viviendas, según fuentes consultadas, que iban a ser vendidas a muchos de los trabajadores de la Ciudad Financiera del Banco Santander, situada en Boadilla.

La petición de personación del Ayuntamiento de Boadilla es una batalla más en la guerra que mantienen desde hace tiempo el Consistorio y Arnaiz, otrora el arquitecto preferido de anteriores Gobiernos municipales. Leopoldo Arnaiz se querelló recientemente contra los 19 ediles de Boadilla (de los cuatro grupos políticos que forman el Pleno) que el 28 de marzo votaron una moción para que el Consistorio no contratara más con empresas del arquitecto Arnaiz, debido a las múltiples causas judiciales abiertas contra él (Arnaiz también está imputado en el juzgado número 8 de Madrid por estafa). El arquitecto cree que los concejales, con su votación, pudieron incurrir en un delito de prevaricación. En su denuncia, Arnaiz señala que la resolución municipal le ha provocado "daños y consecuencias profesionales". El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha admitido a trámite la querella.

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