La guerra por la basura de Madrid empieza a dejarse oler en las calles de la capital

Guerra abierta entre tres gigantes de los servicios urbanos. Por una parte, FCC, histórico responsable de la recogida de basuras de Madrid. Por otra, ACS y Ferrovial, que hace pocas semanas se adjudicaron el servicio en una polémica decisión del Ayuntamiento de Madrid, al haber aceptado una baja del 10,7% sobre los pliegos y superior al 15% si se suman los 5 millones que se deberá pagar al anterior contratista.

El pasado sábado, 1 de noviembre, entró en funcionamiento la nueva contrata y con ella llegó la polémica. Contenedores sin recoger, bolsas de basura acumulándose en las aceras y falta de camiones son el resumen de la situación que se vive en algunas calles de la capital, mientras todas las partes se echan la culpa unas a otras.

Los nuevos adjudicatarios acusan a FCC de haberles dejado una flota en mal estado, ante lo que se han visto obligados a alquilar cerca de 60 camiones del centro de Europa. Desde la compañía dirigida por Juan Béjar replican que estos equipos tienen una vida útil de entre 8 y 10 años, que ya está agotada y de la cual estaba al tanto el Ayuntamiento cuando hizo el concurso y adjudicó el contrato con esas bajas.

Fuentes sindicales, por su parte, denuncian que los nuevos camiones que se han alquilado son diésel, algo prohibido en los pliegos por motivos contaminantes, y que los nuevos adjudicatarios carecen de los surtidores de gas necesarios para alimentar la flota como se viene haciendo desde hace una década en Madrid, ante lo que han recurrido a los citados equipos de gasoil, con el permiso del consistorio de Ana Botella.

Pero los problemas no terminan ahí. El hecho de que la nueva contrata todavía no tenga sus propios surtidores está llevando a los camiones a tener que repostar en surtidores públicos, lo que, según denuncian los trabajadores, está ralentizando el servicio y explica que se esté acumulando ya la basura en algunas calles. Fallos de vestuario, falta de equipamiento o una ducha para 50 trabajadores son otras de las deficiencias que denuncian los sindicatos.

"Cuando se decidió separar el contratista –FCC tenía adjudicada la recogida tanto de los barrios periféricos como del centro–, ya advertimos que esto iba a pasar", señalan desde UGT. Aunque oficialmente no se puede reconocer, oficiosamente, el Ayuntamiento siempre ha sabido que FCC aprovechaba sinergias y si, por ejemplo, un camión se estropeaba, rápidamente se tiraba con uno de la otra contrata.

De hecho, los planes del consistorio pasan por volver a sacar a licitar estas dos contratas dentro de año y medio bajo un único concurso, razón de fondo que explica también la enconada guerra empresarial, ya que estar operando este servicio permite partir con ventaja, al conocerse ya todos los entresijos, y evita situaciones como la que están viviendo ACS y Ferrovial actualmente.

Las espadas en alto que tienen levantadas los tres gigantes de la basura hace inviable cualquier tipo de sinergia o colaboración, y da como resultado que, por ejemplo, en recorridos donde antes se llenaban dos camiones de basura, estos días no se esté llegando a uno, quedando el resto de la basura en la calle.

Para combatirlo, además de haber alquilado camiones, ACS y Ferrovial han reforzado plantilla con personal eventual, están doblando turnos e, incluso, en algún caso, se ha pedido trabajar a gente en sus días de libranza. De hecho, los sindicatos aseguran que la empresa les ha transmitido en todo momento su predisposición a ajustar los problemas.

"Se está quedando basura en la calle porque no damos abasto. Se está intentando paliar la falta de recursos con un esfuerzo de la plantilla, y por el momento vamos a esperar, pero cualquier chispa puede generar un conflicto", señalan los sindicatos. Las fechas tampoco han ayudado, ya que la contrata empezó a operar un festivo nacional –1 de noviembre– y su segundo día fue un domingo.

Desde que se conoció la oferta económica de ACS y Ferrovial, los representantes de los trabajadores han dejado entrever la amenaza de una huelga, convencidos de que los 55 millones de euros puestos sobre la mesa son insuficientes para dar el servicio con calidad. Por el momento, no obstante, prefieren apostar por esperar y ver.