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Société Générale abre expediente a Paco Granados para destituirle como asesor
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tras contratarlo como asesor este mismo año

Société Générale abre expediente a Paco Granados para destituirle como asesor

La detención del ex número dos de Esperanza Aguirre puede suponerle la pérdida del suculento contrato con Société Générale, que le contrató este mismo año.

Foto: Francisco Granados sale custodiado de su domicilio. (EFE)
Francisco Granados sale custodiado de su domicilio. (EFE)

La corrupción política vuelve a salpicar al sector financiero por el efecto de las puertas giratorias. Société Générale España abrirá un expediente informativo contra Francisco Granados, el ex número dos de Esperanza Aguirre, al que volvió a contratar este año tras saltar el escándalo del dinero oculto en Suiza. La entidad francesa, que tuvo que admitirlo al ejercer su derecho de reingreso o excedencia, ha decidido poner en marcha el mecanismo legal para prescindir del político del PP si se confirma que cobró comisiones ilegales.

Según han asegurado fuentes conocedoras de la situación, cuando Société Générale reincorporó a Granados antes del verano, le obligó a firmar una serie de cláusulas por las que se vería obligado a rescindirle el contrato si su nombre se viese envuelto en cualquier actividad ilícita que manchase la reputación del banco. La detención de este lunes por la mañana y las noches que va a pasar en el calabozo por supuestamente aceptar dinero de empresarios para adjudicarlas contratas son hechos más que suficientes para que las citadas cláusulas se apliquen.

Aunque el despido no será inmediato, otras fuentes dan por seguro que, una vez revisadas las condiciones del contrato por el departamento legal del banco, Société Générale España procederá a prescindir de los servicios de Francisco Granados. La amistad del diputado de la Asamblea de Madrid con el presidente de la entidad en Madrid, Donato González, no será óbice para que deje la institución en cuanto se resuelva el expediente. La imagen del banco está por encima de la relación personal.

Vídeo: Francisco Granados sale detenido en un coche policial

Cuando se conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre tenía aparcados 1,5 millones en Suiza, Granados aseguró que ese dinero procedía de su etapa como broker en Société Générale, donde trabajó como broker en el departamento de mercados de capitales. Al destaparse el escándalo, el político madrileño dejó su puesto en el Gobierno regional y pidió inmediatamente el reingreso a su actividad anterior, al banco, pese a que llevaba 15 años fuera.

Porque a Granados le amparó la legislación laboral que considera excedencia forzosa aquella que se produce cuando el trabajador es elegido para un cargo público o para funciones sindicales que le imposibilite. En este tipo de excedencia la empresa tiene la obligación de reservarle el puesto de trabajo mientras este desempeñe su cargo. El tiempo de suspensión se considerará como trabajado a efectos del cómputo de la antigüedad. La reincorporación debe solicitarse dentro del mes siguiente a la finalización de la actividad pública o sindical.

Esto es lo que hizo Granados, por lo que Société Générale se vio obligado a abrirle las puertas. Para curarse en salud ante el potencial desarrollo de la investigación por su cuenta en Suiza, el banco prefirió que volviese a trabajar como asesor externo, sin tener presencia física en las oficinas centrales de la Torre Picasso, salvo para reuniones puntuales. Una opción que acordaron ambas partes, pero que incluía determinadas cláusulas por las que el contrato se rescindiría en el caso de que la Fiscalia demostrase que el que fuera consejero de Transportes, de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid hubiese actuado con negligencia.

Se desconoce cuál es el salario de Granados, pero algunas fuentes aseguran que tiene seis cifras. En cualquier caso, el sueldo es inferior a la cuantía de la liquidación a la que tenía derecho si entidad gala hubiera decidido no admitirle y darle la indemnización correspondiente. El contrato de asesor tiene una vigencia de un año.

Pendientes de la cárcel

En Société Générale, cuyo portavoces no han querido hacer declaraciones, prefieren ser prudentes antes de tomar una decisión en firme. La entidad no quiere precipitarse y opta por abrir el expediente, pero esperar al desarrollo de los acontecimientos de los próximos días. Algo similar a lo que está haciendo Santander y Telefónica con Rodrigo Rato por su imputación en las tarjetas opacas. En esta ocasión, no se trata de una imputación, sino de una detención. Por ello, será clave si el magistrado ordena su ingreso en prisión de manera preventiva tras ser interrogado por la policía. En cualquier caso, le aplicarán a rajatabla la letra pequeña del contrato.

Desde hace prácticamente un año, la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas diligencias de investigación contra Granados por ocultar al menos 1,5 millones de euros en Suiza y cuyo origen, según se sospecha, es ilícito. Cuando la Fiscalía liderada por Antonio Salinas tuvo suficientes indicios de delito presentó una querella ante la Audiencia Nacional por ser el órgano competente al tratarse de delitos cometidos por un español en el extranjero.

Tras una larga investigación entre juez, fiscal y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), finalmente Granados ha sido detenido para evitar la destrucción de pruebas. Se sospecha de su participación en una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, que adjudicó contrato por valor de 250 millones de euros.

La corrupción política vuelve a salpicar al sector financiero por el efecto de las puertas giratorias. Société Générale España abrirá un expediente informativo contra Francisco Granados, el ex número dos de Esperanza Aguirre, al que volvió a contratar este año tras saltar el escándalo del dinero oculto en Suiza. La entidad francesa, que tuvo que admitirlo al ejercer su derecho de reingreso o excedencia, ha decidido poner en marcha el mecanismo legal para prescindir del político del PP si se confirma que cobró comisiones ilegales.

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